Legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) alertan sobre un posible segundo golpe de Estado pese a la derogación de la Ley 1386.
Varios legisladores del MAS, partido al que pertenece el presidente boliviano, Luis Arce, advirtieron el martes sobre los intentos de un segundo golpe que siguen en el país aun habiendo derogado la Ley 1386, también denominada Ley madre, la cual estaba siendo utilizada por grupos extremistas para desestabilizar el país.
En declaraciones a la agencia rusa de noticias Sputnik, difundidas el martes, el presidente de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Gualberto Arispe, precisó que la Ley 1386 estaba dirigida a los narcotraficantes, a los grandes contrabandistas, a los corruptos, a los traficantes de órganos, de personas y de sustancias controladas en el país y los sancionaba, pero, para su asombro, se dio cuenta de que “los primeros defensores de esos tipos habían sido diputados y senadores en la Asamblea Legislativa”, en particular los partidos opositores Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), que, según el asambleísta, incitaron las recientes protestas contra el Gobierno de Arce.
Según explicó, estos legisladores confundieron al pueblo boliviano y los gremios indicando que esa ley afectaba a todo el pueblo.
La oposición aplica un plan sigiloso y sistemático para desgastar al presidente Arce, ya que hablan mal de las leyes que se va a aprobar en la Asamblea Legislativa, indicando que son inconstitucionales y que afectan al pueblo, alertó.
A su vez, la diputada Olivia Guachalla Yupanqui, lamentó la conducta de los diputados y senadores de la oposición por oponerse a todo. “Ahora nuevamente salen a las calles con mentiras y falacias”, denunció.
“Acusan al Gobierno del hermano Lucho como si estuviera contra comerciantes, transportistas y gente humilde; como si quisiera quitar propiedades y quien tiene dos casas va a tener solo una”, explicó Guachalla.
Manifestó también su disgusto por las trabas que pone la oposición al trabajo legislativo del MAS y lamentó que los cívicos de Santa Cruz, de Tarija, de Potosí y los líderes de la oposición, tanto Camacho [Luis Fernando, gobernador cruceño] como Mesa [Carlos, presidente entre 2003-2005 y líder de CC] digan que la única forma de estabilizar el país es anulando las leyes malditas.
“No sé a qué leyes malditas se refieren”, cuestionó la parlamentaria quien agregó que las leyes que promueve el MAS buscan reactivar la economía y fortalecer el sistema económico boliviano.
La Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo fue aprobada el pasado mes de agosto y tenía como objetivo judicializar a ciudadanos que hubieran incurrido en el blanqueo de capitales.
Esta medida que contenía siete artículos fue rechazada por algunos sectores sociales, pues aludían que permitiría al jefe de Estado a tener un “mayor poder para hacer inteligencia financiera”, consigna que ha sido acogida por comités cívicos (copartícipes del golpe de Estado contra Evo Morales) para convocar bloqueos y estancar el proceso de reactivación económica que lleva a cabo el país.
Las autoridades bolivianas denuncian que se cierne el peligro de una intentona golpista contra el Gobierno socialista de Arce, para evitar que la justicia caiga sobre los autores del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en 2019.
