La inocencia de Alex Saab, es tal que no existen argumentos para mantenerlo privado de su libertad, a continuación la verdad y los mitos del caso.

Es difícil saber por dónde empezar cuando se escribe la verdad sobre el extraordinario caso legal del diplomático venezolano Alex Saab y el intento de Estados Unidos de extraditarlo desde el microestado de Cabo Verde a Miami para que se enfrente a acusaciones de lavado de dinero. Como recordatorio, Alex Saab viajaba de Venezuela a Irán el 12 de junio de 2020, mientras realizaba una Misión Especial humanitaria, cuando su avión hizo una parada para repostar en la isla caboverdiana de Sal.

Desde ese momento, parece que ambas partes han discrepado sobre casi todos los aspectos de la situación. Lo que sí se ha acordado es que el avión del Sr. Saab aterrizó en Sal el 12 de junio tras haber recibido permiso, a pesar de que el país estaba bajo un bloqueo de COVID-19, para entrar en el espacio aéreo de Cabo Verde, aterrizar y repostar.

Ambos bandos tienen opiniones muy arraigadas. No hay un término medio; ambos bandos consideran sus posiciones como principios y a los observadores independientes se les da la opción de “estás con nosotros o contra nosotros” para decidir qué lado del argumento apoyan. Venezuela es única en el sentido de que no hay ningún otro país que atraiga tantas publicaciones mal informadas en las redes sociales, alimentadas por los desplantes de comentaristas vitriolamente partidistas que, en su mayoría, no han estado en el país en años.

Las publicaciones en las redes sociales sobre Venezuela son un ejemplo de todo lo que está mal en la proliferación de tablones de anuncios y sitios de pseudo-noticias. La necesidad de gratificación instantánea que se obtiene al grabar en vídeo un ataque no provocado contra un transeúnte inocente en lugar de intervenir para detener el ataque; la necesidad de publicar algo, cualquier cosa, sin importar su exactitud o el daño potencial y la creencia de que si te equivocas, no hay problema, sólo tienes que borrar y esperar la próxima oportunidad de fama, de reconocimiento.

Ambas partes utilizan las redes sociales para dar a conocer sus puntos de vista. Cada uno acusa al otro de “manipulación”, “noticias falsas” y “medias verdades”. Pero lo que no debe olvidarse, por muy sensacionalista que sea la cobertura informativa, por muy grande que sea el tipo de letra con el que se escriba un determinado titular, por muy tenso que sea el vídeo en el que se apoye una noticia en horario de máxima audiencia, es que el caso de Alex Saab tiene que ver con el Estado de Derecho, con el cumplimiento de las obligaciones que se asumen al firmar tratados internacionales y, si se quiere figurar en la liga de las naciones civilizadas, con la aceptación de las decisiones de los órganos judiciales independientes.

Entonces, ¿cuál es la verdad? Antes de abordar esta cuestión, también debemos aceptar que el caso de Alex Saab no estaría atrayendo la atención que tiene si no fuera por el hecho de que su extradición está siendo solicitada por Estados Unidos. Es evidente que el asunto tiene una dimensión política que no se puede negar ni ignorar y que, si se tratara de casi cualquier otro país, el gobierno caboverdiano del primer ministro Ulisses Correia podría haber ignorado.

Más que el factor político, la detención sin precedentes por parte de uno de sus Estados miembros, que podría dar lugar a la posible extradición, de un diplomático legalmente designado que realizaba una misión diplomática está empezando a causar malestar entre la jerarquía de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), de la que forma parte la República de Cabo Verde, compuesta por quince naciones. Los dirigentes de la CEDEAO se dan cuenta de que si una de las naciones más pequeñas del mundo actúa con una supuesta impunidad y perturba el sistema mundial establecido desde hace tiempo que rige los movimientos de los diplomáticos y los agentes políticos, lo que le ha sucedido a Alex Saab podría sucederle en el futuro a uno de sus propios diplomáticos.

LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE EEUU VENEZUELA

Caracas fue durante varias décadas el patio de recreo de las grandes petroleras estadounidenses. Con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta y estratégicamente situada dentro de la “esfera de influencia” inmediata de Estados Unidos, Venezuela fue considerada durante mucho tiempo como una fuente de abundante petróleo barato que alimentaba las insaciables necesidades de la economía estadounidense. Sin embargo, la relación comenzó a agriarse a finales de la década de 1990 y adquirió un matiz claramente hostil cuando Hugo Chávez y su revolución socialista llegaron al poder en 1999. Los albores del siglo XXI coincidieron con una década de aumentos sostenidos del precio del petróleo, lo que favoreció los programas de empoderamiento social del presidente Chávez en el ámbito nacional y sus esfuerzos de diplomacia petrolera en la región del Caribe.

Merece la pena repasar brevemente la historia del régimen de sanciones, que ha sido la principal herramienta que las sucesivas administraciones estadounidenses han utilizado para presionar a los presidentes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Éstas, junto con una política de extralimitación judicial por motivos políticos, o “lawfare” como algunos la han etiquetado (el uso de procesos judiciales para ejecutar un objetivo de política), han dado como resultado un intento de estrangular a los gobiernos socialistas de Chávez y Maduro económica y políticamente, respectivamente.

Como se ha señalado anteriormente, desde que Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999 y, tras su muerte en 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, las relaciones con Estados Unidos se han ido deteriorando constantemente. Las razones son innumerables y van más allá del alcance de este artículo, pero está claro que al inicio del segundo mandato del presidente Obama, en 2012, la relación iba camino de ser extremadamente hostil y estar sumida en una constante guerra de palabras.

Esto culminó en 2015 cuando Estados Unidos declaró unilateralmente la situación de Venezuela como “una emergencia nacional que amenaza la seguridad y la política exterior de Estados Unidos”. Estados Unidos introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades y en 2016 impuso un embargo de armas por considerar que Venezuela no cooperaba suficientemente en la lucha antiterrorista.  En 2017, Estados Unidos denunció la elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela como ilegítima e impuso sanciones contra el Gobierno y varias entidades estatales, incluida la petrolera nacional PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, alegando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019, tras reconocer a Juan Guaido, el entonces recién elegido presidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también otorgó a la autoproclamada presidencia interina el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones estadounidenses en 2018 y 2019 apuntaron a la minería de oro y de otro tipo, a los alimentos, a la criptodivisa venezolana y a su sector bancario y, desde principios de 2020, Estados Unidos ha intentado bloquear a Venezuela para que obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft. También se ha informado de que funcionarios estadounidenses han hecho amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.

Ahora está claro que los Estados Unidos o bien calcularon mal o fueron deliberadamente engañados en cuanto al verdadero alcance del apoyo popular detrás de Juan Guaido y la rapidez con la que sería capaz de liderar un levantamiento popular contra el presidente Nicolás Maduro.  La situación trae a la memoria a Ahmad Chalabi y sus escabrosas historias sobre las armas de destrucción masiva en Irak, que convencieron a muchos de los principales miembros del gabinete de George W. Bush y proporcionaron la justificación para la segunda invasión liderada por Estados Unidos y el posterior derrocamiento de Saddam Hussein.

La esperada “victoria rápida” sobre la base de un levantamiento popular inspirado por Guaido y apoyado por las fuerzas armadas no se materializó en absoluto. El 5 de diciembre de 2020, en las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaido perdió el control (junto con su escaño), dejando los planes de cambio de régimen de Estados Unidos y sus aliados europeos y regionales en ruinas.

Las oportunidades de arrastrar a altos funcionarios de la República Bolivariana de Venezuela a los Estados Unidos han sido escasas, dada la extrema infrecuencia de los viajes al extranjero de estas personas. En este contexto, es fácil entender por qué Alex Saab, como uno de los pocos individuos cercanos a la administración del presidente Maduro que podía y estaba dispuesto a viajar, se ha convertido en una obsesión para las fuerzas de seguridad estadounidenses y por qué se le consideró un objetivo extremadamente valioso.

LA DESIGNACIÓN Y ACUSACIÓN DE ALEX SAAB

Entonces, ¿quién es Alex Saab y por qué Estados Unidos lo considera un objetivo valioso?

Alex Nain Saab Moran nació el 21 de diciembre de 1971 en la región colombiana del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla.

Sus padres, que emigraron del Líbano y Palestina en los años 50, fundaron un negocio textil que funcionó con éxito durante más de 50 años. (Trágicamente, los padres de Alex Saab murieron con pocos días de diferencia a finales de abril de este año tras contraer el virus COVID-19.) El Sr. Saab se encontraba en ese momento bajo arresto domiciliario en Cabo Verde y se le negó el permiso para asistir a los funerales de sus padres)

Alex Saab expandió la empresa familiar fuera de Colombia a Ecuador y Venezuela, representando esta última más del 80% de su negocio. Los registros indican que Alex Saab se apartó del negocio familiar a principios de los años 90, cuando fundó su propia empresa de ropa. Esta empresa llegó a tener más de 120 tiendas en toda Colombia. Al mismo tiempo, estableció un negocio de artículos promocionales que contaba entre sus clientes con grandes marcas como Coca-Cola, Pepsi y, especialmente, Esso (el nombre comercial de Exxon Mobil en Venezuela en ese momento) para quien fabricaba uniformes para su uso en 22 países.

A principios de 2000 se trasladó a Venezuela y en 2003 comenzó a centrar sus intereses empresariales en torno al sector de la construcción, inicialmente como inversor, pero en el último periodo como promotor y contratista.

Alex Saab comenzó a trabajar con departamentos de la República Bolivariana de Venezuela durante la época del presidente Chávez. Comenzó en 2011 con un contrato para la construcción de 25.000 unidades en el marco de un proyecto de viviendas sociales. Este fue uno de los programas de bienestar social insignia del presidente Chávez y tenía el objetivo de construir 3.000.000 de viviendas asequibles para los menos pudientes de Venezuela. El programa ha continuado bajo el presidente Maduro. El contrato exigía la construcción de una planta de fabricación de materiales de construcción para reducir la dependencia de las importaciones. Saab construyó no una, sino dos instalaciones de este tipo sin ninguna financiación estatal.

Saab fue capaz de demostrar que podía entregar un proyecto tan importante a tiempo y dentro del presupuesto. Los Estados Unidos, en pos de su extralimitación judicial extraterritorial por motivos políticos y su bloqueo económico de facto a la República Bolivariana de Venezuela, han hecho necesario buscar soluciones internas para crear nuevas cadenas de suministro, logística, financiación y relaciones comerciales. La experiencia que Alex Saab adquirió en la gestión y organización de la logística del contrato de viviendas sociales fue reconocida por el gobierno del presidente Maduro y se le adjudicó su primer contrato para ser proveedor del programa de alimentos de bienestar social del gobierno en 2015. De nuevo, según los registros vistos, fue capaz de entregar a tiempo y dentro del presupuesto.

A partir de ese éxito inicial, Alex Saab ha seguido creciendo y hoy en día, aunque no es (al contrario de lo que dicen algunos medios de comunicación sin fundamento) el único proveedor del programa de alimentos de bienestar social, es ciertamente uno de los más grandes. Se entiende que los diversos intereses empresariales de Alex Saab emplean a más de 100.000 personas en Venezuela y en otros lugares.

En abril de 2018, como reconocimiento a los servicios excepcionales que estaba prestando, Alex Saab fue nombrado Enviado Especial encargado de realizar Misiones Especiales en nombre de Venezuela. Más recientemente, el 24 de diciembre de 2020, se informó de que, como reconocimiento adicional a su servicio a la República Bolivariana de Venezuela, Saab fue nombrado su Representante Permanente Alterno ante la Unión Africana -con el rango de Embajador Adjunto en la misión permanente ante la Unión Africana- y con el saludo de “Su Excelencia”.

Alex Saab ha manifestado públicamente que tuvo el honor de ser nombrado Enviado Especial de Venezuela en abril de 2018 para ampliar su colaboración en el suministro de alimentos básicos, así como de medicamentos. Se trata de un papel que cobró mayor importancia desde el inicio de la epidemia de COVID-19. El impacto de la presión política y económica que desde hace años ejercen Estados Unidos y sus aliados es una de las principales razones del nombramiento de Saab. Precisamente para contrarrestar esta amenaza externa y dotarle de la inmunidad e inviolabilidad necesarias para viajar y negociar libremente en nombre de Venezuela, tal y como han hecho los agentes diplomáticos durante siglos.

Hay muchos para quienes no importa lo que hagan Nicolás Maduro y Alex Saab, nunca tendrán razón. Sin embargo, sería justo decir que aquellos que quieren atacar a Alex Saab y a Venezuela deberían primero informarse sobre lo que significa ser el blanco de una extralimitación judicial sin precedentes por razones políticas antes de hacer comentarios mal informados. Deberían entender la realidad del bloqueo económico, tal y como lo detalla la Relatora Especial de Naciones Unidas, la Sra. Douhan (ver más adelante), y su impacto en la vida del pueblo de Venezuela. Deberían aprender cómo esto ha provocado un aumento masivo de los costes de transporte, seguros y otros costes logísticos. Por supuesto, nada de esto recibe la mención que debería porque la prensa sensacionalista y los sitios web de pseudo-noticias atraen a los lectores prometiendo historias sensacionalistas de corrupción y precios predatorios en lugar de la verdad mundana sobre los detalles de los costes de los seguros o la disponibilidad de buques de carga que no están amenazados con sanciones por parte de Estados Unidos.

Evan un somero vistazo a internet muestra que desde que en 2015 Alex Saab se adjudicó su primer contrato relacionado con el programa de bienestar social alimentario, ha sido objeto de un escrutinio mediático mucho mayor que el de otros proveedores. Gran parte de esto se ha derivado del hecho de que para muchos que perdieron ante el emprendimiento y la determinación de Saab, él era un extraño, un colombiano de origen libanés. Sin embargo, fueron precisamente estas características las que le permitieron ganarse la confianza de las autoridades venezolanas y obtener los beneficios correspondientes.

A diferencia de otros, Saab estaba dispuesto a aceptar los riesgos crediticios, logísticos y políticos, y a menudo a adelantar sus propios fondos, para asegurarse de poder cumplir los plazos de entrega exigidos por la República Bolivariana a sus proveedores y demostrar por qué debía ser considerado un socio de confianza. A medida que las sanciones económicas se hacían más duras, esta disposición a compartir el riesgo (a cambio de una recompensa importante) permitió a Alex Saab conseguir más contratos, eventualmente no sólo de alimentos básicos, sino también de medicamentos y, en 2020, también de gasolina.

La atención sobre Alex Saab creció a medida que aumentaba la presión de Estados Unidos sobre el presidente Maduro. Una plétora de sitios y portales de pseudo-noticias han convertido en una obsesión diaria despotricar de todo lo relacionado con Saab. Se rumorea ampliamente que estos sitios de noticias son financiados por exiliados venezolanos anti-Maduro con sede en Florida e incluso algunos rumores (no sorprendentes) de que la financiación proviene de partes de las agencias gubernamentales de Estados Unidos – algo a lo que Elliot Abrahams aludió recientemente.

Por lo tanto, no es de extrañar que el crescendo de la histeria anti-Saab haya cobrado fuerza tras la deserción a Colombia en 2017 de la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz. Ella misma fue acusada de prácticas corruptas y se convirtió en prófuga de la justicia al huir a Colombia. Desde Bogotá ha liderado una larga campaña, sin, hay que decirlo, ninguna prueba que sustente sus acusaciones contra el presidente Maduro y los que ella alega que son cercanos a él y a su familia -incluido Alex Saab-.

Desde que se fugó, Díaz, junto con varios portales en línea, ha lanzado acusaciones contra Alex Saab haciendo casi imposible que funcione de la manera más comercialmente viable y siga cumpliendo sus obligaciones contractuales con la República Bolivariana de Venezuela. Bancos, contrapartes y empresas de logística empezaron a cortar sus vínculos con él o a reducir significativamente su actividad para evitar verse arrastrados al pantano digital de mentiras y medias verdades. Aunque la campaña en las redes sociales cobró fuerza a lo largo de 2017, los registros muestran que Alex Saab siguió cumpliendo con sus obligaciones con el gobierno venezolano, lo que no hizo más que aumentar su aprecio y valor. No sería un eufemismo decir que las conexiones globales de Alex Saab demostraron ser un salvavidas para la República Bolivariana de Venezuela.

Como se ha señalado anteriormente, Alex Saab obtuvo por primera vez el reconocimiento nacional y llamó la atención de quienes pretendían quebrantar la administración del presidente Hugo Chávez en 2011, cuando se le adjudicó un contrato para construir casas prefabricadas. Sin embargo, Saab ganó reconocimiento mundial cuando fue sancionado por Estados Unidos el 25 de julio de 2019, el mismo día en que también fue acusado por acusaciones de lavado de dinero relacionadas con el mismo proyecto de vivienda social venezolano. El hecho de que fuera sancionado y acusado el mismo día no hace más que subrayar el carácter político de la persecución de Alex Saab.

Curiosamente, las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (“OFAC”) se emitieron contra el Sr. Saab por presuntos delitos relacionados con el programa de subsidios alimentarios de Venezuela, denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como CLAP, y no con el contrato de viviendas sociales.

La OFAC calificó a Saab como “un aprovechado que orquesta una vasta red de corrupción que ha permitido al presidente Nicolás Maduro y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela”. También alega que “el Sr. Saab se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevalorados a través de una sofisticada red de empresas ficticias, socios comerciales y miembros de la familia”. Los dos hijos adultos de Alex Saab -Shadi e Isham que en ese momento estaban en la universidad- también fueron sancionados por Estados Unidos el 25 de julio de 2019. La redacción de la Acusación deja claro que las únicas razones por las que se sancionó a los hijos fue precisamente el hecho de que son hijos de Alex Saab, y esto fue una forma cínica de presionarlo.

En el contexto de lo anterior, es palpable el deseo político casi rabioso de poder llevar a Estados Unidos a uno de los supuestos aliados más cercanos del presidente Maduro. La información que Alex Saab podría ser “persuadido” a compartir se considera tan importante que la disposición de las fuerzas del orden estadounidenses a hacer lo que sea necesario también es obvia. El concepto de extralimitación judicial extraterritorial por motivos políticos ha sido una piedra angular de la política exterior estadounidense desde la presidencia de George W. Bush y durante el régimen de Trump cobró fuerza, especialmente en relación con Venezuela. Su legalidad es muy tenue, aunque hasta hace muy poco el número de quienes estaban dispuestos a cuestionar su legitimidad era insignificante.

RÉGIMEN DE SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA

Antes de pasar a intentar separar el grano de la paja, la verdad de las noticias falsas, merece la pena hacer un breve repaso de cómo Estados Unidos ha ampliado la extralimitación extraterritorial de su régimen de sanciones en el contexto de su uso como instrumento de política exterior. En ningún lugar ha sido más evidente esta extralimitación judicial por motivos políticos que en el compromiso de Estados Unidos con la República Bolivariana de Venezuela durante la última década y, en particular, en los últimos 5 años.

En 2015, Estados Unidos declaró unilateralmente la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos. introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas. Impuso un embargo de armas en 2016 por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en la lucha antiterrorista.

En 2017, Estados Unidos denunció la elección de una Asamblea Constituyente en Venezuela como ilegítima e impuso sanciones contra el gobierno y varias entidades estatales, incluida la petrolera nacional PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, alegando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019, tras reconocer al recién elegido presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más

sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también otorgó a la autoproclamada presidencia interina el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca.

Desde principios de 2020, Estados Unidos ha tratado de impedir que Venezuela obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos marítimos y aéreos venezolanos y el bloqueo de los activos de Rosneft. Se ha informado de que funcionarios estadounidenses han hecho amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.

Aunque Estados Unidos ha estado ciertamente a la cabeza de esta “guerra de leyes”, ha recibido el apoyo de algunos de sus aliados tradicionales. La Unión Europea y los grupos regionales se han sumado a las voces a favor de una ruptura política, pero todas las partes tienen ahora que reevaluar sus posiciones dado el hecho de que el hasta ahora ungido heredero, Juan Guaido, ya no es un representante elegido por el pueblo de Venezuela.

La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibición de exportar otros bienes que puedan ser utilizados para la represión interna, la prohibición de exportar tecnología y material hecho para la vigilancia o interceptación de las telecomunicaciones, y la prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se informó que 1.200 millones de dólares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués desde 2019. Casi 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos. En total, más de 10.000 millones de dólares han sido congelados arbitrariamente en varios bancos del mundo.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. Asimismo, en 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permite imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, a funcionarios venezolanos que supuestamente participan en el narcotráfico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y/o las violaciones de los derechos humanos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede entender por qué es casi imposible para el Gobierno de Venezuela, las empresas venezolanas y los individuos hacer negocios con socios extranjeros debido a las restricciones impuestas.

EL IMPACTO DE LAS SANCIONES Y LA REVISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

El declive de la economía venezolana comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados. Según los informes, los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos previos a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro años de hiperinflación han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares). Esto ha provocado la disminución de los salarios del sector público de 150-500 dólares en 2015 a 1-10 dólares en 2020, y un nivel de pobreza creciente.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas, Sra. Alena Douhan (“la UNSR” o “la Sra. Douhan”), visitó Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021 para examinar el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el país. Las conclusiones preliminares de la UNSR se publicaron el 12 de febrero. Entre otras cosas, se ha establecido que:

“Hoy… los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. 

El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a la hora de abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para conseguir visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales… Los obstáculos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la desnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. 

Los mecanismos de afrontamiento incluyen la disminución del número de comidas al día (1 o 2 en lugar de 3); la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalización/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducción de los gastos de salud, ropa y educación; con el aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participación en la economía sumergida; la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migración… Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016. 

Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para suministrar equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de las infraestructuras por falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la no disponibilidad de nuevos equipos por falta de recursos o por la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas por los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria”.

Al final de las conclusiones preliminares, el UNSR destacó que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de Estados Unidos el 8 de marzo de 2015, como base para introducir sanciones contra Venezuela y repetidamente prorrogado, no corresponde a los requisitos del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP”), como

1. la existencia de una amenaza para la vida de la nación,
2. la limitación de las medidas a las exigencias de la situación,
3. una duración limitada,
4. la ausencia de discriminación,
5. la prohibición de derogar el derecho a la vida y
6. la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito penal, como se menciona en la comunicación de los expertos en derechos humanos del 29 de enero de 2021.

Asimismo, se afirmó que las sanciones unilaterales contra el petróleo, el oro, la minería y otros sectores económicos, la aerolínea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas.

El propósito anunciado de la campaña de “máxima presión” -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales.

El UNSR subrayó que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a los nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no está justificada por el derecho internacional y aumenta los riesgos de un exceso de cumplimiento de las sanciones.

La Sra. Douhan concluyó que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas en Venezuela y más allá de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados en lo que respecta a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

LA ACUSACIÓN DE MIAMI

El 25 de julio de 2019, como se ha señalado anteriormente, Alex Saab y uno de sus principales proveedores, Álvaro Pulido Vargas, fueron acusados cada uno en una acusación de ocho cargos presentada por el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero.  La acusación también alega y solicita la confiscación de más de 350 millones de dólares que representan la cantidad de fondos involucrados en la violación (“la acusación”)

El escrito de acusación alega que, a partir de noviembre de 2011 o en torno a esa fecha y hasta al menos septiembre de 2015, Alex Saab y Pulido conspiraron con otros para blanquear el producto de una trama de sobornos ilegales desde cuentas bancarias situadas en Venezuela hasta cuentas bancarias situadas en los Estados Unidos y a través de ellas.  La acusación continúa diciendo que Alex Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas de bajo costo.

Continúa alegando que los acusados y sus co-conspiradores se aprovecharon entonces del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, según el cual se podían obtener dólares estadounidenses a un tipo de cambio favorable, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos para bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela y sobornando a funcionarios del gobierno venezolano para que aprobaran dichos documentos.

La acusación continúa alegando que la actividad ilegal era un esquema de soborno que violaba la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (“la FCPA”), que implicaba delitos de soborno contra Venezuela, que las reuniones para promover los pagos de sobornos tuvieron lugar en Miami y que Alex Saab y Pulido transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida.  Por último, la acusación continúa alegando que, como resultado del plan, Alex Saab y Pulido transfirieron aproximadamente 350 millones de dólares fuera de Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban. Desgraciadamente, para la credibilidad de la acusación, esta última alegación ha sido ampliamente desmentida por una reciente decisión de la Fiscalía de Ginebra (véase más adelante).

Es interesante observar que, a pesar de la llamativa cifra de 350 millones de dólares, Alex Saab está acusado específicamente de siete acusaciones de blanqueo de dinero por un total de aproximadamente 460.000 dólares, junto con un cargo de conspiración. A continuación se examinan con más detalle los motivos de esta acusación y la refutación de Alex Saab de estos cargos.

Son estos ocho cargos los que se enumeran en la solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos con fecha 29 de junio de 2020 (“la nota diplomática”) enviada a la República de Cabo Verde. Esto, a su vez, nos devuelve al punto de partida: la detención de Alex Saab en la isla de Sal el 12 de junio de 2020.

IMPUGNACIÓN DE LA ACUSACIÓN

Se ha contactado con el equipo jurídico de Alex Saab para que haga un resumen de su reacción ante el auto de procesamiento, las acusaciones que contiene y cómo se defiende de los cargos.

Se proporcionó una breve declaración que se resume a continuación:

Introducción

La primera vez que tuve conocimiento de las acusaciones, objeto de la Acusación que ha dado lugar a la solicitud de extradición, fue el 15 de julio de 2019, cuando aparecieron artículos en los medios de comunicación. Me sorprendieron estas acusaciones, ya que siempre he gestionado mis negocios plenamente en el marco de las leyes aplicables pertinentes. Los artículos de los medios de comunicación fueron aún más sorprendentes, ya que los negocios del grupo de empresas Fondo Global e Construccion (“FGC”) – [ver más adelante ]- habían sido investigados en su totalidad por Ecuador y Venezuela y no se encontró ninguna prueba de infracción. 

Por lo tanto, las acusaciones carecen por completo de fundamento y todas las transferencias de fondos “sospechosas” tenían fines legítimos y pueden explicarse plenamente. 

Antecedentes

Sería útil proporcionar algo de contexto a las acusaciones, ya que la mayoría de los observadores sólo escuchan una parte de la historia y, además, de los sitios de pseudo-noticias respaldados por Estados Unidos y promovidos por las voces más rabiosas contra Venezuela.

Creé el Fondo Global y Construcción en 2011 para aprovechar las oportunidades que ofrecía en Venezuela el Programa de la Misión Vivienda (“MVE”) del entonces presidente Hugo Chávez, que pretendía construir 3 millones de viviendas para los venezolanos menos favorecidos.  

Lo que el escrito de acusación no señala es que los contratos del HMP se adjudicaron a 19 empresas de todo el mundo y no sólo a mí y a mis socios. Este es un tema recurrente a lo largo de los implacables ataques mediáticos contra mí y espero de verdad que cualquiera que lea esta declaración tenga en cuenta este hecho.

La principal razón por la que se adjudicó a FGC un contrato en el marco del HMP, a pesar de ser una empresa joven, fue que adquirió los derechos de importación del Sistema de Construcción Emmedue (https://www.mdue.it/en/ ), que es un método de construcción que utiliza un 70% menos de materiales que otros sistemas de construcción establecidos. 

El contrato de FGC era por un total de 25.000 casas, pero tenía la condición de que las primeras 12.500 se construirían con materiales importados a Venezuela y las últimas 12.500 debían construirse con material que se fabricaría en una nueva planta de producción en Venezuela. Con ello se pretendía crear puestos de trabajo y preservar las reservas de divisas. 

El Presidente Chávez tenía mucho interés en utilizar la HMP no sólo para crear empleo e igualdad para los venezolanos, sino que también quería que se introdujeran en el país nuevas tecnologías que redujeran la dependencia de las importaciones. La introducción del sistema de construcción Emmedue fue un ejemplo perfecto de esa innovación. Al final, construí no una, sino dos instalaciones de fabricación para satisfacer las necesidades del sector local de la construcción. Ambas se construyeron sin ningún tipo de subvención ni coste para la República Bolivariana de Venezuela.

Llegados a este punto, cabe mencionar que, al tratarse de un proyecto de importancia nacional, se concedió a FGC la exención de los derechos de aduana y del IVA, beneficio que se concedió a todas las partes implicadas y no sólo a FGC. 

Hasta la fecha, mis socios y yo hemos entregado 8.300 viviendas en el marco de nuestro contrato con el Ministerio de Vivienda, lo que ha sido verificado por la Ministra de Vivienda el 16 de julio de 2020.

A pesar de lo que la basura sensacionalista quiere hacer creer, mis socios y yo siempre trabajamos dentro de las leyes de Venezuela y de los países de los que importamos materiales a Venezuela. Sólo puedo suponer que, como FGC era una empresa relativamente joven, pero había sido lo suficientemente emprendedora como para licenciar tecnología que otros no tenían y se le concedió un contrato, esto creó celos entre los que se perdieron. De ahí que fuera objeto de insinuaciones y especulaciones sobre el funcionamiento fraudulento.

Tanto Ecuador como Venezuela han investigado las acusaciones de irregularidades y no han encontrado ninguna infracción. Fundo Global de Construccion es la empresa que concibió, planificó y ejecutó el proyecto y ha sido investigada por las autoridades ecuatorianas y no se ha encontrado ninguna irregularidad ni por el juez de instrucción inicial ni por un tribunal superior.

Las acusaciones

Hay dos acusaciones centrales en la Nota Diplomática. 

La primera es una acusación de pago de sobornos a funcionarios corruptos, que se evidencia en las transferencias enumeradas en la solicitud de extradición (Cuadro I) y que se produjeron facturas supuestamente fraudulentas y falsas para la importación de materiales para robar aproximadamente 350 millones de dólares (Cuadro II)

La fuente de las acusaciones contenidas en el acta de acusación son, como se ha señalado anteriormente, tres informantes que obtuvieron beneficios a cambio de su cooperación. 

Las tres personas afectadas son 

1. Juan José Slebi de la Rosa, fecha de nacimiento 21 de septiembre de 1967, en un momento dado titular de la cédula de ciudadanía colombiana #72148092 (denominada CC1 en la solicitud de extradición), 
2. Reinaldo Slebi de la Rosa, nacido el 10 de marzo de 1963, en su momento con cédula de ciudadanía colombiana #8743816 (denominada CC2 en la solicitud de extradición) y
3.  Richard Mauricio Ramírez Jaimes, nacido el 26 de marzo de 1971, en su momento titular del pasaporte colombiano #AO 310786 (denominado CC3 en la solicitud de extradición). CC1 y CC2 son hermanos. 

Que yo sepa, ninguno de ellos ha sido o fue en su momento funcionario del gobierno. 

Los tres son de Barranquilla, Colombia, que es donde yo nací. Independientemente de lo que afirme Estados Unidos, ninguno de ellos fue nunca mi socio comercial en ningún sentido formal, pero los conocía socialmente y el hijo de Juan José Slebi asistió a la misma escuela que uno de mis hijos. A través de este conocimiento, los tres ayudaron a entender y negociar un laberinto de procesos aduaneros (ya que FGC era nuevo en los procedimientos) y por ello ganaron algunos honorarios legítimos. 

Dadas sus limitadas funciones en mi negocio, no puedo entender cómo podrían haber proporcionado cualquier información sustancial a las autoridades estadounidenses, especialmente cualquier cosa que pudiera remotamente haber sido utilizada como base para la acusación. Cabe destacar que en la solicitud de extradición contenida en la Nota Diplomática del 29 de junio de 2020, enviada a la República de Cabo Verde, los EE.UU. ni siquiera se atreven a admitir que los tres son ahora ciudadanos de los EE.UU. llamándolos “anteriormente nacionales colombianos”. En algún momento posterior me enteré de que los tres estaban involucrados en la venta ilegal de visas estadounidenses, supuestamente en cooperación con funcionarios estadounidenses en Colombia, por lo que es posible que para obtener inmunidad y otros beneficios los tres crearan una historia fantástica. Quede claro que eso es todo lo que la acusación es: una fantástica historia falsa.

En cuanto a las alegaciones contenidas en la Solicitud de Extradición, baste decir que no tengo conocimiento de por qué los tres informantes viajaron a los Estados Unidos, con quién se reunieron, dónde se reunieron y, desde luego, no tengo conocimiento de que se hicieran pagos a funcionarios corruptos (a los que el Diplomatic Not notablemente no identifica ni nombra).

Respuesta a las acusaciones

Permítanme referirme a las alegaciones específicas referidas en la Acusación y detalladas en la Solicitud de Extradición de fecha 29 de junio de 2020. 

El cuadro I, a continuación, detalla una lista de pagos que supuestamente se hicieron a funcionarios corruptos del gobierno. Se trata de una completa invención. Todos los pagos correspondían a cargos efectuados en una tarjeta American Express para mí y/o mi socio

TABLA 1

	FECHA	CCY	DE	A/C DE	A	A/C DE	PROPÓSITO	IMPORTE
1	29/10/2014	USD	MultiBankPanamá	BUENA CENTRAL	Citibank FLA (1593)	Juan José Slebi	Factura de la tarjeta de crédito	10,915.00
2	30/03/2015	USD	MultiBankPanamá	MOZI	Citibank FLA (1593)	Juan José Slebi	Factura de la tarjeta de crédito	43,000.00
3	20/04/2015	USD	MultiBankPanamá	MOZI	Citibank FLA (1593)	Juan José Slebi	Factura de la tarjeta de crédito	90,000.00
4	11/05/2015	USD	MultiBankPanamá	CHINA ROYAL	Citibank FLA (1593)	Juan José Slebi	Factura de la tarjeta de crédito	50,000.00
5	22/05/2015	USD	MultiBankPanamá	MOZI	Citibank FLA (1593)	Juan José Slebi	Factura de la tarjeta de crédito	100,000.00
6	28/05/2015	USD	MultiBankPanamá	CHINA ROYAL	Citibank FLA (1593)	Juan José Slebi	Factura de la tarjeta de crédito	67,000.00
7	03/09/2015	USD	MultiBankPanamá	SALMEX	“Una institución financiera”	174 Viewmont LLC	Alquiler de casas	32,500.00
8	05/10/2025	USD	MultiBankPanamá	MOZI	Citibank FLA (1593)	Juan José Slebi	Factura de la tarjeta de crédito	68,000.00
								461,415.00

Los puntos 1 a 6 y 8 corresponden a los pagos de las tarjetas de crédito y el punto 7 es un pago por el alquiler de una casa para mi hijo que en ese momento vivía en Los Ángeles. Está claro que no se trata de “sobornos” ni de pagos a ningún “funcionario corrupto”. Para evitar dudas, todas las facturas se refieren a gastos realizados en Europa; no hay ni un solo artículo que se haya comprado en Estados Unidos.

En cuanto al uso de dólares para liquidar las facturas, no fue una elección deliberada por mi parte. Las condiciones de la tarjeta American Express exigen que el importe a pagar se liquide en dólares y que esos dólares se ingresen en una cuenta bancaria en Estados Unidos. Por lo tanto, esto no equivale ni puede equivaler a “abusar del sistema financiero estadounidense” como se alega, sino simplemente a cumplir las condiciones de la relación contractual entre el emisor de la tarjeta y yo. Para ser absolutamente claro, a diferencia de otros países, no existe ningún mecanismo por el cual las facturas de American Express que se deben pagar en los Estados Unidos puedan ser liquidadas a través de una oficina local de American Express. Una vez más, el pago en dólares en una cuenta bancaria en los Estados Unidos era una obligación contractual y no un acto voluntario por mi parte ni que pudiera haber variado.

El cuadro II enumera lo que la solicitud de extradición denomina “una muestra” de los aproximadamente 350 millones de dólares de supuestos “pagos sospechosos”, sin evidenciar de ningún modo en qué consisten dichos pagos. 

TABLA II

FECHA	REMITENTE	CUENTA	RUTA	BENEFICIARIO	CUENTA	IMPORTE $	TOTAL
27/03/12	ELM	Banco Central de Venezuela	Banco de NY Mellon	JAAR	Credit Suisse	864,300	864,000
11/01/13	THERMO	Banco Central de Venezuela	Deutsche Bank NY	FONDO GLOBAL	Banesco Panamá	10 x 864,300	8,643,000
11/01/13	ELM	Banco Central de Venezuela	Deutsche Bank NY	JAAR	Banesco Panamá	17 x 864,300	14,693,100
01/12/14	ELM	Banco Central de Venezuela	Bank of America NY	JAAR	Banco Mundial de Comercio	12 x 864,300	10,371,600
14/07/14	ELM	Banco Central de Venezuela	?	BUENA CENTRAL	Banco Mundial de Comercio	6,000,000	6,000,000
							34,572,000

Es obvio que el hecho de destacar los 350 millones de dólares es un intento deliberado por parte de EE.UU. de sensacionalismo y de llamar la atención. Los Estados Unidos afirman poder rastrear estas transferencias corruptas e ilegales, pero no aportan ninguna prueba que demuestre la ilegalidad. 

Las alegaciones de que estos pagos son sospechosos se basan únicamente en el hecho de que la única cantidad subyacente (864.300 dólares) se repite muchas veces. Sin embargo, esto puede explicarse de forma sencilla:

• Lo que son 350 millones de dólares, es la cantidad total necesaria para pagar los materiales de construcción y otros suministros. Lo que son 350 millones de dólares no es un beneficio ficticio obtenido por FGC y sus accionistas. 
• Para ser claros, además de los pagos por suministros y después de deducir los costes de los trabajadores y otros gastos, el beneficio real es una fracción de esta cifra deliberadamente engañosa. En cualquier caso, hay cartas de CADIVI y del Banco Central de Venezuela que confirman que todos los procedimientos se siguieron correctamente.

• Como las casas tienen un diseño estándar, los materiales necesarios para la construcción también se pidieron de forma estandarizada para mantener los costes bajo control. Así, cada contenedor contenía material suficiente para construir diez casas, lo que supone un valor aproximado de 864.300 dólares por contenedor. De ahí que esta cantidad se repita tan a menudo. 

• Al igual que en el caso de la tarjeta American Express, la moneda y la ubicación de las cuentas bancarias de los proveedores eran obligaciones contractuales estipuladas por los beneficiarios. Yo no provocaba ni controlaba cómo se realizaban los pagos a los proveedores. Esa decisión la toma exclusivamente el Banco Central de Venezuela, que elige cómo encaminar los pagos en moneda extranjera.

• No está nada claro cómo Estados Unidos afirma ahora que las transferencias del cuadro II representan “transferencias evidentemente sospechosas”, sobre todo porque los departamentos de cumplimiento de los distintos bancos corresponsales estadounidenses de primer nivel que procesaron los “pagos de muestra” no compartían esta opinión. Es imposible aceptar que esos bancos no se preguntaran por qué se estaban realizando pagos repetidos del mismo importe a lo largo de un período prolongado. 

• Estas transacciones repetidas deben haber sido cuestionadas e implícitamente las explicaciones aceptadas, ya que nunca se presentaron Informes de Transacciones Sospechosas en el momento en que se produjeron. Una cantidad sustancial de los 350 millones de dólares acabó en bancos de Suiza, pero los bancos receptores se plantearon preguntas sobre el origen de las entradas y se mostraron satisfechos de que fueran legítimas. De hecho, la reciente finalización de una investigación de tres años sobre posibles delitos de blanqueo de dinero por mi parte por parte del fiscal de Ginebra es una confirmación más de la fragilidad de la acusación.

• Además, ni el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ni la Reserva Federal plantean ninguna preocupación por estas transferencias en el momento actual. Entonces, ¿por qué ahora? El hedor de la autocomplacencia política es difícil de pasar por alto.

• Sin embargo, ahora se espera que creamos que años después de que se produjeran las supuestas transferencias sospechosas y, mucho después de que los organismos gubernamentales facultados para identificar y castigar las conductas sospechosas no encontraran ninguna irregularidad, que milagrosamente todo es ahora evidente. ¿Presentará ahora Estados Unidos cargos penales contra los bancos más importantes? Si no lo hace, entonces no puede haber ninguna base posible para presentar cargos infundados de blanqueo de dinero contra mí. 

• Por último, en la acusación se afirma un cargo de conspiración para blanquear dinero y siete cargos de blanqueo de dinero. Ambos estatutos exigen que los ingresos supuestamente blanqueados se deriven de una actividad ilícita específica (“SUA”). La disposición específica de la FCPA que se cita como violada es la número 15, como principal SUA. Esta disposición, sin embargo, sólo puede ser violada por una persona que esté “en el territorio de los Estados Unidos”. Dado que no he estado en los Estados Unidos durante más de 30 años, esta acusación es ridícula. 

Una segunda SUA citada es una “ofensa contra una nación extranjera”, pero la acusación no aporta ninguna prueba de una violación de la ley de cualquier nación que no sea Estados Unidos. Además, si ha habido delitos contra un Estado extranjero, debería ser ese Estado extranjero el que presentara cargos contra mí y no los Estados Unidos actuando con una extralimitación judicial extraterritorial.

CONCLUSIÓN 

• No niego que tengo una buena relación de trabajo con el gobierno del presidente Maduro y antes del presidente Chávez. 

• Esto ha sido reconocido públicamente por, primero, mi nombramiento como Enviado Especial en abril de 2018, y, el 24 de diciembre de 2020 se me dio la responsabilidad adicional como Representante Permanente Alterno ante la Unión Africana.

• Como persona ajena a la empresa, me gané la confianza de los presidentes Chávez y Maduro al cumplir sistemáticamente con los plazos y el presupuesto de los contratos que mis socios y yo ganamos y que apoyaban las iniciativas de bienestar social.

• Estos contratos han sido muy denostados por la oposición y Estados Unidos (en su política de injerencia en los asuntos internos de Venezuela para lograr un cambio de régimen) ha intentado por todos los medios desacreditar el trabajo realizado con acusaciones e insinuaciones sin fundamento. 

• Tanto Ecuador como Venezuela (y ahora la Fiscalía de Ginebra) han examinado las acusaciones y no han encontrado ninguna prueba de delito.

• A través de un arduo trabajo he desarrollado una extensa red de negocios global que he podido poner a disposición de la República Bolivariana de Venezuela en un momento de gran necesidad.

• He ganado legítimamente contratos que han sido adjudicados de acuerdo con la ley venezolana. Licitaciones que están abiertas a cualquiera.

• No soy la única persona a la que se le han concedido contratos del gobierno; otros han recibido proyectos mucho más grandes que yo.

• La extralimitación judicial por motivos políticos de Estados Unidos ha alejado a la República Bolivariana de Venezuela de los principales proveedores de servicios financieros. Esto, como reconoce el Relator Especial de las Naciones Unidas (véase el anexo 1), se traduce en un aumento significativo de los costes. Este es otro punto que los que alegan precios predatorios deberían digerir antes de recurrir a las redes sociales para amplificar sus falsedades. 

• Se me ha señalado injustamente como parte de un intento desesperado de motivación política para obligar al presidente Maduro a abandonar su cargo y ser sustituido por el títere de Estados Unidos, Juan Guaido.

• Estados Unidos ha formulado acusaciones basadas en información contaminada proporcionada por personas que nunca fueron mis “socios comerciales” y que, a cambio de decirle a Estados Unidos lo que quería oír, recibieron la ciudadanía, reducción de las penas de cárcel, visados y probablemente también dinero. 

• Todo lo que estoy haciendo es tomar las medidas apropiadas para protegerme de las acciones políticamente motivadas de terceros para cumplir con mis deberes no sólo como Enviado Especial de la República Bolivariana, sino también para proteger mis legítimos intereses comerciales – como cualquier empresario tiene derecho a hacer en cualquier otro lugar del mundo.

LA DECISIÓN DEL FISCAL DE GINEBRA

Tal vez el acontecimiento más importante en lo que respecta a Alex Saab y su lucha contra la Acusación y la Solicitud de Extradición, es la decisión de la Fiscalía de Ginebra de poner fin a una investigación de tres años sobre las acusaciones de blanqueo de dinero contra el Sr. Saab y Álvaro Pulido.

A principios de 2018, la Fiscalía de Ginebra (“GPP”) inició una investigación por presunto blanqueo de capitales de Alex Saab y Pulido. La investigación se centró en 22 cuentas abiertas en el gigante bancario suizo UBS AG y se desencadenó a partir de cuatro informes de transacciones sospechosas (“STR”) generados por la Unidad de Inteligencia Financiera de Suiza (conocida por sus siglas “MROS”).

Los RTS se centraron en los fondos que fluyeron hacia cuentas vinculadas a Alex Saab, Pulido y varias empresas panameñas y colombianas. Las cuentas, algunas de las cuales se abrieron ya en 2012, fueron operadas a través de UBS en Ginebra y Zúrich, Credit Suisse, Zúrich y PostFinance, Ginebra.

En su investigación de tres años, el GPP examinó las alegaciones relativas a:

1. Exportaciones falsas y de mala calidad fuera de Colombia vinculadas al Fundo Global e Construccion. FGC abrió una cuenta en UBS en 2012 y fue una de las cuentas cuya actividad fue examinada por el GPP.
2. El hecho de que Ecuador y Venezuela hayan realizado investigaciones sobre las acusaciones de corrupción de funcionarios del gobierno por parte del Fundo Global e Construccion derivadas de un contrato que se le adjudicó (en 2011) para importar materiales a Venezuela para su uso en la construcción de viviendas sociales y no encontraron ninguna infracción. Este era el mismo contrato de viviendas sociales y la misma empresa que supuestamente están en el centro de la Acusación emitida desde Miami el 29 de julio de 2019.
3. Que Group Grand Limited (“GGL”), constituida en Hong Kong, era una tapadera del presidente venezolano Nicolás Maduro
4. Que Alex Saab y Pulido eran a su vez “testaferros” del presidente Maduro
5. Las acusaciones de Luisa Ortega, ex fiscal general de Venezuela y hoy prófuga desacreditada en Colombia

A pesar de esta vorágine de acusaciones, el GPP pudo comprobar que si una investigación independiente es llevada a cabo por un fiscal con pleno conocimiento de la realpolitik, que conoce perfectamente el derecho internacional consuetudinario, que está seguro de que su reputación resistirá a cualquier tipo de suciedad que puedan arrojar en su dirección terceras partes poderosas descontentas con un resultado que no se ajusta a su narrativa, entonces es legítimo y lógico concluir que las acusaciones de blanqueo de dinero contra Alex Saab no se basan más que en una extralimitación judicial por motivos políticos y en una ideología que se niega a reconocer que los Estados soberanos dentro de su esfera de influencia inmediata tienen derecho a discrepar de ella.

Como se ha señalado anteriormente, la investigación se dio por terminada después de tres años con la conclusión del fiscal de Ginebra de que “…no hay elementos adicionales para continuar la investigación sobre el cargo de blanqueo de dinero…”. Además, se acordó que los costes legales de Alex Saab en relación con la investigación “serían compensados”.