Totalmente desesperado y ante un inevitable revés electoral, Donald Trump, planea nuevas sanciones contra Venezuela en busca de oxigeno político.
En el marco de la «campaña de máxima presión» contra Venezuela, la administración Trump estaría «considerando aplicar nuevas sanciones» sobre el país, cuyo propósito sería «detener las transacciones de petróleo» que todavía la nación suramericana puede hacer, reseñó Bloomberg citando a «fuentes familiarizadas con el tema».
La medida coercitiva apuntaría hacia «los intercambios de crudo con compañías de Asia y Europa», le dijo a la referida agencia una fuente, bajo condición de anonimato. Aparentemente, «los funcionarios estadounidenses habrían estado debatiendo el movimiento durante meses, y aunque inicialmente priorizaron las acciones contra Irán, que empezó a exportar gasolina» hacia Venezuela, si bien, de acuerdo con el informante, «las sanciones no han sido decididas y las conversaciones continúan».
La semana pasada, Estados Unidos informó de la detención de cuatro tanqueros, presuntamente iraníes, que transportaban 1,1 millones de barriles de combustible con destino a Venezuela y si bien posteriormente se aclaró que ninguno de los buques había partido de Irán, era iraní o tenía bandera persa, posteriormente Teherán reconoció que la carga «le pertenecía a Venezuela».
El pasado mes de mayo, Irán, desafiando las amenazas estadounidenses, envió con éxito cinco tanqueros cargados de combustible e insumos necesarios para su refinación hacia puertos venezolanos, con el propósito de suplir la escasez de combustible y reactivar las refinerías del país, fuertemente afectadas por las medidas coercitivas unilaterales impuestas desde Washington y que además de dificultar el comercio, le impiden al Gobierno Bolivariano adquirir partes y repuestos.
Las sanciones ilegales que pesan sobre la industria petrolera, principal fuente de ingresos del país, han supuesto un duro revés para la economía de la nación y han costado decenas de miles de vidas humanas, por lo que Caracas decidió demandar a la administración Trump ante la Corte Internacional de Justicia por crímenes de lesa humanidad.
Según Bloomberg, voceros del departamento del Tesoro, de la Casa Blanca, del departamento de Estado, de los ministerios de Finanzas y Petróleo, así como de la estatal Petróleos de Venezuela, declinaron hacer comentarios al respecto.