Al Fiscal General de Cabo Verde Luis José Landim lo botaron de Timor Oriental por corrupto y por defender a los gringos en la guerra del petróleo.
Timor Oriental acusa al Fiscal Landim de tener “lazos estrechos” con Estados Unidos y su expulsión en 2014 fue un proceso debatido incluso en el Parlamento.
Es un hecho público que Landim recibió millones de dólares para permitir que la estadounidense ConocoPhillips se adueñara del petróleo del país, en contra de la voluntad y de los intereses de esa nación.
¿Quién es el Fiscal General de la República de Cabo Verde que capitanea el proceso de extradición del diplomático venezolano Alex Saab?
Se llama Luis José Landim y pasó de fiscal general adjunto a fiscal general en octubre de 2019 después de que finalizase el mandato de Óscar Tavares quien lidiaba con uno de los expedientes más escandalosos del país: la mafia de terrenos en la ciudad de Praia con altas figuras de la política caboverdiana.
El oscuro pasado del FGR actual explica su ensañamiento para pretender forzar la salida a Estados Unidos del diplomático venezolano Alex Saab, al que Washington quiere juzgar por un presunto delito de blanqueo de capitales.
La relación de Landim con Estados Unidos se remonta a los tiempos en los que era fiscal de la República de Timor Oriental debido a un protocolo entre el Estado de Cabo Verde y ese país.
Una investigación de Fuser News en 2014 alertó que Landim fue investigado por corrupción en Timor Oriental por el asunto ConocoPhillips.
El Estado timorense descubrió que Landim había recibido millones de dólares para decidir a favor de EE. UU. según establece Fuser News.
En octubre de 2014 el Parlamento de Timor Leste aprobó la expulsión de funcionarios judiciales extranjeros y consejeros anticorrupción, incluyendo a Luis José Landim.
“Las autoridades del país asiático justificaron la expulsión de Landim alegando ineptitud y presunta corrupción y fue declarado ‘persona non grata’”, relató Fuser News.
Se destapan más irregularidades
El periódico digital Santiago Magazine descubrió además que Landim y otros magistrados enviados por Cabo Verde a Timor Occidental no ejercieron sus funciones en calidad de funcionarios o agentes de la plantilla de un organismo internacional (PNUD – Timor-Leste), por lo que violaron la ley que establece el régimen de descansos y permisos de los funcionarios de la Administración Pública.
“A partir de 2013 y hasta 2014, los magistrados caboverdianos que permanecieron en Timor Occidental a partir de la conclusión de la misión de las Naciones Unidas (UNMIT) el 21 de diciembre de 2012 integraron la plantilla de personal del Ministerio Público de ese país, en la categoría de fiscal de la República Internacional”, escribió el Santiago Magazine.
“Una vez finalizado el permiso para ejercer funciones en organismos internacionales, el funcionario (magistrado) tiene el deber de presentar una solicitud para volver al servicio y adjuntar un documento acreditativo de que ejerció como funcionario o agente de la plantilla del organismo internacional, bajo pena de ser cesado”, establece la ley. No obstante, Landim no solo permaneció en su cargo de magistrado del MP, sino que fue ascendido a FGR.
Inducido a error por el magistrado requirente, el Consejo Superior de Magistratura Judicial decidió “aceptar la solicitud de regreso del fiscal de la República Óscar Silva dos Reis Tavares conforme a las disposiciones combinadas de los artículos 45, apartado 1, subapartado e), 60, 61 y 62, apartado 2, del Decreto Ley nº 3/2010 del 8 de marzo y 53 y 127 de la Ley nº 2/VIII/2011 del 20 de junio…” (ver extracto de la deliberación n.º 07/CSMP/2014 de 7 de abril, Serie II, n.º 20, -B.O.- 7 de abril de 2014).
Vale señalar que el regreso al servicio de un funcionario o magistrado que se haya beneficiado de un permiso para ejercer funciones en organismos internacionales depende de dos condiciones: de la solicitud del interesado y de que se demuestre con un documento emitido por el organismo internacional, que fue un funcionario o agente de la plantilla del mismo.
Así, a pesar de que se le retirase el permiso, además de legalidad dudosa, el regreso al servicio del magistrado José Luis Landim solo se podría haber decidido si se cumplían las condiciones mencionadas con anterioridad.
Es decir, si hubiese presentado ante el CSMP una solicitud pidiendo regresar al servicio en el plazo de 90 días desde la fecha en la que cesó su permiso para ejercer funciones en organismos internacionales; y si hubiese demostrado, con un documento emitido por el PNUD, que fue un funcionario o agente de la plantilla del PNUD en Timor Oriental.
Hasta el momento, Landim sigue siendo “persona non grata” en Timor Oriental, por lo que no puede volver a esa nación hermana de Cabo Verde a través de la CPLP, la comunidad de países que hablan portugués.
“Ni siquiera debería estar en la magistratura del Ministerio Público, no tiene el perfil, la credibilidad o la imparcialidad”, aboga un magistrado compañero suyo.