La Ultraderecha venezolana y de Latinoamérica tiene estrecha relación con la empresa que contrató a asesinos del presidente de Haití.

Son al menos 26 los exmilitares colombianos que están señalados por la Policía haitiana por el asesinato del presidente ultraderechista de Haití, Jovenel Moïse, y de haber herido a su esposa, el pasado 7 de julio en Puerto Príncipe, en una operación de asalto. Podrían ser más. Tres fueron muertos a tiros por la policía luego del magnicidio y 18 fueron capturados. Entre cuatro y seis más están huyendo, todos ligados a la ultraderecha.

Estados Unidos descartó por lo pronto intervenir militarmente, como lo solicitó el primer ministro haitiano Claude Joseph, quien de todos modos se atornilló en el cargo en esta crisis a pesar de que Moïse ya le había nombrado sucesor.

En resumidas cuentas, lo que se cree es que un grupo de haitianos golpistas contrató a CTU Security, una empresa de seguridad de un venezolano en Miami, para que les organizara un golpe de Estado en su país. El plan inicial, en noviembre pasado, era secuestrar al presidente y reemplazarlo por el primer ministro Joseph. Un mes antes, el plan cambió a asesinato, según una investigación de Noticias Caracol (televisión privada).

A Intriago se lo ve fotografiado con el presidente colombiano Iván Duque y con su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe. Igual el gerente de CTU, el colombiano Alfred Santamaría, todos con estrechos nexos políticos con el exilio cubano como lo muestran las imágenes.

Según el contrato de los haitianos golpistas con CTU Security, documento conseguido por The Washington Post, CTU se presenta a sí misma de la siguiente alarmante manera: «El contrato describe la amplia experiencia de CTU en operaciones especiales militares y policiales, incluso en Irak, Bolivia y Colombia, además de otros países. Basándose en una vida de experiencia en la guerra de operaciones especiales y convencionales, establece el contrato, CTU ha reunido un equipo dedicado cuyas especialidades incluyen la guerra urbana, el asalto aéreo y el combate cuerpo a cuerpo», señala el diario.

Intriago fue uno de los organizadores de un notorio concierto internacional contra el Gobierno de Nicolás Maduro en la ciudad limítrofe colombiana de Cúcuta, el 23 de febrero de 2019. El concierto buscaba ambientar la entrada a Venezuela de tractocamiones con unas 400 toneladas de ayuda humanitaria, desafiando el cierre de la frontera por parte del gobierno venezolano.

Por entonces recién se había autoproclamado como presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, que con todo y su investidura de papel tuvo que cruzar clandestinamente hacia Colombia.

Por cierto, la esperada llegada de Guaidó a la fiesta en la frontera comenzó con el pie ultraderecho. Porque días después Wilfredo Cañizares, investigador y defensor de derechos humanos, quien vive en Cúcuta, publicó fotografías que mostraban a Guaidó posando con sonrientes paramilitares del grupo narcotraficante Los Rastrojos: precisamente quienes lo habían transportado en sus vehículos y lo llevaron a Colombia por una finca fronteriza conocida por ser de narcotraficantes.

Se trataba de un grupo «sumamente violento, dedicado a la extorsión y a prestar servicios de todo tipo a las redes de narcotraficantes», señaló Cañizares a Público. Los Rastrojos estuvieron en la zona desde 2010 y fueron absorbidos en diciembre 2020 por el grupo narcoparamilitar en ascenso Clan del Golfo, que ya impera en varios departamentos del Caribe colombiano.

Duque también está comprometido en una operación comando conocida como Operación Gedeón, de mercenarios contra el gobierno de Maduro, según Cañizares.

«Gedeón se montó aquí en Colombia con apoyo del presidente Duque. Está probado que la dirección de inteligencia militar colombiana estaba apoyando a Clíver Alcalá, un excoronel chavista que desertó y vivía en Barranquilla. Ellos montaron con venezolanos y colombianos un campamento en La Guajira [departamento nororiental que limita con Venezuela]», agrega Cañizares.

«Están implicados Guaidó y J.J. Rendón, el contrato se hizo público»

«Están implicados Guaidó y J.J. Rendón, el contrato se hizo público», añadió el investigador y defensor de derechos humanos. Rendón es un estratega de comunicaciones de ultraderecha venezolano, radicado en EEUU.

La empresa que ellos iban a contratar para la Operación Gedeón era CTU Security, pero se atravesó alguien cercano a Trump y recomendó una compañía de exmarines estadounidenses, asegura Cañizares. La operación fracasó y la mayoría de los intrusos fueron capturados y permanecen detenidos: el jefe está en EEUU y publicó el contrato porque no le pagaron.

«El concierto sirvió para juntar a todos esos sectores que quieren una agresión militar contra Venezuela. Aquí tuvieron casi una semana de conversaciones, de negociaciones y de acuerdos», aseguró el investigador y defensor de derechos humanos por teléfono desde Cúcuta.

Colombia recibe hace unos 60 años de EEUU asistencia militar y de entrenamiento a las fuerzas militares. Lo detalla el informe Desde el inicio hasta el final: Estados Unidos en el conflicto armado colombiano, presentado a la Comisión de la Verdad -surgida del acuerdo de paz con las FARC- en octubre 2020 por el Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch) y otras dos asociaciones estadounidenses.

Para comenzar, en 1962 (dos años antes del surgimiento de la guerrilla comunista FARC) EEUU recomendó a Colombia «seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de resistencia y, en la medida en que sea necesario, ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas, contra partidarios del comunismo conocidos».

Entre 1999 y 2018 EEUU entrenó a más de 110.000 militares y policías colombianos. De hecho, un portavoz del Pentágono contestó esta semana por escrito a The Washington Post: «Una revisión de nuestras bases de datos de entrenamiento indica que un pequeño número de personas colombianas detenidas como parte de esta investigación (el magnicidio en Haití) participaron en programas de capacitación y entrenamiento militar de Estados Unidos, mientras se desempeñaban como miembros activos de las Fuerzas Militares de Colombia».

EEUU ha sido clave en el desarrollo de la doctrina de las fuerzas de seguridad colombianas. Aunque ha disminuido la ayuda militar, no en últimas como represalia a violaciones de militares a los derechos humanos, prefiere a entrenadores colombianos para instruir a las policías de otros países, especialmente de Centroamérica. El entrenamiento y la capacitación son la vía más expedita para irradiar la propia doctrina militar, se advierte en Desde el inicio hasta el final. Las primeras referencias del uso de militares colombianos como mercenarios en el extranjero provienen de la intervención estadounidense en Afganistán.

«Colombia es el mercado ideal de mercenarios, gente altamente preparada, dispuesta a lo que sea y que se venden al mejor postor», afirmó Cañizares. «Aquí ya se cruzó la línea hace mucho tiempo, en cuanto a vender esa mano de obra altamente calificada a las grandes empresas de seguridad en el mundo, principalmente las americanas».

Colombia tiene el mayor Ejército del continente después de Estados Unidos. Altamente entrenados después de tres generaciones de guerra, se jubilan jóvenes, a los 20 años de servicio. Al año se retiran más de 10.600, sea por jubilación o por deserción, según el comandante de las Fuerzas Militares Luis Fernando Navarro. Los veteranos de guerra colombianos son legión. No pocos se ofrecen como mercenarios o escoltas, y los hay también trabajando para el narcotráfico o sirviendo de apoyo a la represión de la Policía y disparando contra manifestantes. Su escala de valores fue sometida a prueba en la oscura época de las recompensas gubernamentales a cambio de inflar los resultados operacionales, que ahora tienen a miles de ellos confesando ante la Jurisdicción Especial de Paz al menos 6.104 «falsos positivos» o ejecuciones de inocentes.

La agrupación Veteranos por Colombia hace poco advirtió:

La Convención internacional contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios fue aprobada en 1989 por la Asamblea General de la ONU, pero ni EEUU ni Colombia figuran entre los signatarios.

La convención establece que los mercenarios no tendrán derecho a la protección de su país natal, en caso de ser capturados por crímenes cometidos en territorio ajeno, y tendrán que someterse a un juicio penal en el país ofendido. Lo que más teme un mercenario es eso: quedar sin respaldo en terreno hostil, como dijo a RCN Radio en mayo uno de ellos en un reportaje que se adelantó a los acontecimientos.

El caso es que en Haití no hay guerra declarada. Y así, los exmilitares colombianos que hayan viajado a derrocar al presidente no son mercenarios, sino sicarios, según el constitucionalista colombiano Mario Madrid-Malo.

Redacción Público.es