Varias organizaciones prodemocracia han convocado el pasado domingo una nueva protesta en la capital de Guatemala para exigir la renuncia del presidente del país, Alejandro Giammattei. Es la respuesta a la dura represión contra la masiva manifestación celebrada el día anterior, que acabó con un asalto al Congreso, en el que fueron incendiadas algunas estancias. Como consecuencia, 37 ciudadanos fueron detenidos y, por lo menos, 22 resultaron lesionados por el uso excesivo de la fuerza.

La manifestación del sábado en Ciudad de Guatemala tuvo réplicas en ciudades del interior del país y estuvo impulsada por la aprobación del mayor presupuesto en la historia de este país de 99.700 millones de quetzales (unos 10.800 millones de euros). Un aumento de casi el 25% sobre las cuentas de este año que se financiará con un notable aumento de la deuda y sin que quede definida con claridad el destino de muchas de sus partidas. Una argucia que ya fue empleada para combatir la covid-19 y que permitió que esos millones, sencillamente, “desaparecieran”, como denunciaban muchas de las pancartas exhibidas por los manifestantes: “Giammattei, ¿dónde está el dinero?”. El mandatario asumió el cargo el pasado mes de enero.

De los detalles que sí se conocen del presupuesto se sabe que hay partidas vitales para la población, como el equipamiento de hospitales o la educación, cuyo presupuesto se ha congelado, así como los fondos destinados a combatir la desnutrición infantil y la pobreza, mientras que otras, destinadas a las instancias que ejercen de contrapoder del Ejecutivo, como la Procuraduría de los Derechos Humanos o el Tribunal Constitucional, se han reducido considerablemente.

Eso en un país en el que el 59,3% de la población de casi 17 millones de habitantes vive en la pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi la mitad de los niños menores de cinco años. Además, solo este mes el paso de dos huracanes ha golpeado con dureza el país, provocando unas 60 muertes y decenas de desaparecidos y destruyendo las cosechas que son el sustento de miles de familias.

En el presupuesto crecen considerablemente, por el contrario, las partidas destinadas a infraestructuras en concesiones para el sector privado, algo que históricamente permite el enriquecimiento de grupúsculos próximos a los gobernantes.

La forma en la que se aprobó el presupuesto el viernes, en una sola sesión parlamentaria y sin que los 160 diputados tuvieran tiempo a leer su contenido, motivó que el vicepresidente, Guillermo Castillo, pidiera ya la tarde del viernes al mandatario vetar el presupuesto para, horas después, exigir a Giammattei que renunciase y dejase al país en manos de una “junta de notables”.

Eso provocó la indignación y revuelta de los ciudadanos contra lo que en Guatemala se conoce como “el pacto de corruptos”, que aglutina a algunos políticos, un sector ultraconservador de la patronal, militares y mafias del narcotráfico.

Divorcio político

“La institucionalidad pública está pervertida, lo que obliga a la ciudadanía a clamar en las calles por su rescate”, explicaba el analista Luis Linares, de Asíes, el centro de pensamiento más antiguo y prestigioso de Guatemala, para añadir que el país asiste a un Gobierno fracturado. Las dos máximas autoridades emanadas de las urnas están en un divorcio político, algo que compromete seriamente la gobernabilidad, subrayaba el experto.

En esa línea, el internacionalista Gabriel Orellana recordaba antecedentes de desacuerdos tan serios como el actual entre los dos máximos responsables de la conducción política del país, que, en su momento, se resolvieron civilizadamente. “Es muy lamentable que esto ocurra. Es importante que prevalezca la razón, tanto de los involucrados como de parte de la ciudadanía, porque nos puede polarizar”, comentó.

Orellana traza similitudes con Bolivi respecto a la toma de conciencia de los pueblos indígenas, el sector mayoritario y secularmente ignorado por la minoría “blanca” del país. “Cabe esperar consecuencias por ahora imprevisibles de esa toma de conciencia”, advierte.

Para el diputado opositor Aldo Dávila, Guatemala necesita con urgencia “buscar una salida en la que el interés de la ciudadanía prevalezca sobre cualquier otro”, algo que no ha sido precisamente la impronta del actual Gobierno.