Al cruzar la línea limítrofe que separa a ambos países, los riesgos para las venezolanas más vulnerables aumentan exponencialmente.
Las agresiones sexuales y los peligros a los que están expuestos las mujeres venezolanas que cruzan la frontera de su país con destino a Colombia pueden comenzar con un comentario, una propuesta o una promesa de trabajo.
Camila Suárez, abogada y voluntaria de la organización ‘Mujer denuncia y muévete’, vive en Cúcuta, capital del departamento colombiano del Norte de Santander, donde según Migración Colombia hay unos 151.000 venezolanos. En entrevista a RT afirma que ha habido «deshumanización de la migrante mujer» a la que se ha sometido, en algunos casos, a la esclavitud sexual y laboral, en un contexto de precariedad de sus derechos.
Suárez explica que con la llegada de los migrantes venezolanos «se agudizó la situación en el Norte de Santander, que ha sido la falta constante del Estado«. La capital de este departamento fronterizo con Venezuela ocupó en 2018 el tercer lugar de pobreza monetaria en el país suramericano con 36,2 % de sus habitantes en esa situación, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
¿Qué encuentran las migrantes?
En Cúcuta, la principal ciudad adonde llegan los migrantes a buscar trabajo una vez cruzada la frontera, según el Dane, entre octubre y diciembre de 2018, hubo una ocupación informal de 70,6 % del total de la fuerza laboral y un desempleo de 16,9 %.
La también coordinadora en derechos humanos de una empresa consultora considera que la llegada de los migrantes agudizó situaciones «que no tenemos cómo solucionar», como los problemas de inseguridad, por mencionar alguno.
En la subregión del Catatumbo, en el noreste del departamento, existen constantes enfrentamientos entre bandas criminales por el control del narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas; las fuerzas irregulares y las autoridades.
En el registro más oscuro del Norte de Santander quedó la aparición de 19 cadáveres en el municipio de Ocaña, de personas que fueron engañadas y llevadas allí para ser asesinadas y presentadas como caídas en combate, lo que se conoce como ‘falsos positivos’.
La violencia histórica en Colombia también se instaló en Villa del Rosario, el municipio donde el paramilitarismo construyó un horno en 2001 para cremar 98 cadáveres de personas que fueron asesinadas en Cúcuta.
Los peligros
«Esta ciudad es peligrosa para las mujeres», afirma la entrevistada al referirse a Cúcuta, y agrega que quienes llegan a la capital del Norte de Santander «deben acogerse para no morir de hambre».
La abogada se refiere a la dificultad para realizar investigaciones sobre las mujeres afectadas debido a que Migración Colombia no muestra los subregistros de personas que entran por las trochas, caminos improvisados que son utilizados para cruzar de manera irregular la frontera entre ambos países.
Si bien medios locales registran en lo que va de año por lo menos tres casos de feminicidio en el departamento y otros más en grado de frustración, la activista considera que el registro es mayor.
La especialista en derechos humanos agrega que en las trochas ocurren abusos sexuales, acciones de redes de trata o muerte de mujeres que, por no poseer documentación ni familiares que reclamen el cuerpo o hagan una denuncia, quedan con rango de NN (personas halladas fallecidas no identificadas).
¿Qué pasa en Cúcuta?
El contexto en la frontera, explica, se da así: «Como un porcentaje de mujeres no tiene qué comer, inicia el sexo transaccional». Quienes pagan, continúa, «se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad, para que accedan a vender su cuerpo por escasos 20.000 pesos (unos 6 dólares)».
Suárez cuenta que en la cotidianidad se escuchan comentarios como: «Ay, sí, la veneca (forma despectiva de llamar a las venezolanas) que lo vende (el sexo) por 5.000 pesos (menos de dos dólares)».
Las redes de trata se expanden y operan en espacios no convencionales, según los testimonios escuchados por la abogada. «Una chica nos comentó que estaba en los comedores que tienen Naciones Unidas y otras organizaciones en La Parada (perteneciente a Villa del Rosario) y que allí conoció a la persona que la raptó y le ofreció trabajo en Colombia».
«Vemos esa red de engaños y es complicado intentar desmantelarla, además están siendo amenazadas. Vimos casos de mujeres que son llevadas al Catatumbo y que al llegar no pueden contar qué pasó, por temor a perder su vida».
Sexo, trabajo y café
Otros tipo de abuso ocurre cuando a una venezolana, que es contratada para trabajar entre 10 y 12 horas diarias sin los beneficios de ley, su jefe le exige tener relaciones sexuales para mantener su puesto.
El acoso se repite cuando toma el transporte público y alguien le pregunta cuánto cobra por practicar sexo oral o cuando a una mujer dedicada a la venta informal le preguntan si tiene el «otro café», que vale 30.000 pesos (10 dólares).
«Si la veo en el barrio o en el centro, le hago el ofrecimiento porque como está pasando necesidad, no se va a negar», ejemplifica Suárez al explicar la conducta discriminatoria de algunos hombres.
De igual manera, hay chicas que son captadas previamente y que saben que en Cúcuta se ejerce la prostitución. «Están aquí unos meses y su rumbo es otra ciudad o país, aquí es el lugar donde van a conseguir dinero para ahorrar y continuar el viaje».
¿A quién puede acudir la venezolana?
Ante la incertidumbre y peligros potenciales a los que se enfrentan las mujeres en la zona fronteriza surge la pregunta: ¿A dónde acudir? Suárez explica que la denuncia debe hacerse donde se produzca la agresión para que comience la investigación.
Sin embargo, lamenta que algunas venezolanas piensen que, como no poseen documentación, no pueden denunciar por temor a ser deportadas y aclara que las personas que se encuentran allí de manera irregular tienen todo el derecho a recibir atención, en los casos de denuncias, «porque estamos hablando de derechos humanos«.
En Colombia la investigación la hace la Fiscalía General y las mujeres pueden ser atendidas los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (Cavif).
Las líneas imaginarias
Tradicionalmente ha habido un intenso tránsito a través de los puentes internacionales que conectan ambos países debido a que los ciudadanos realizan actividades comerciales, educativas y laborales en los dos lados.
Colombia ha manifestado que en los últimos meses a su territorio ha llegado más de un millón de venezolanos, cifra que coincide con la agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que «huyen de la dictadura de Nicolás Maduro» y de la «crisis humanitaria» que hay en ese país.
Venezuela afirma que estas cifras son manipuladas y que no corresponden con la realidad debido a que no todos sus ciudadanos que ingresan al país vecino lo hacen para radicarse allí, pues se encuentran de tránsito temporal de corto o mediano plazo. No obstante, no se han ofrecidos datos para contrastar la información colombiana.
Los propios medios colombianos establecen entre 35.000 y 40.000 el número de venezolanos que cruzan a Cúcuta para comprar alimentos, electrodomésticos, ropa, calzado, medicamentos, a pesar de la crisis económica que atraviesa ese país.
A este panorama se unen las tensiones que existen en ambos gobiernos. Del lado colombiano se responsabiliza a Venezuela de desestabilizar a la región y de causar problemas en su país por el aumento desproporcionado de la cifra de migrantes.
Del lado venezolano se ha señalado reiteradamente a la administración colombiana de alentar violentos planes desestabilizadores y de descuidar los controles limítrofes para evitar el ingreso de alimentos, medicinas, gasolina, papel moneda y metales preciosos que son extraídos de forma ilegal de su territorio.
Panorama económico de Venezuela
Cuando se analizan las razones que tienen las mujeres venezolanas para someterse a esas potenciales situaciones de riesgo habría que recordar que Venezuela atraviesa una crisis económica que se ha agudizado con el bloqueo financiero impuesto por EE.UU. como medida de presión para que Maduro deje el cargo.
En el país suramericano, el acceso a alimentos y medicinas para la población más vulnerable se ha dificultado debido a la imposibilidad del Estado de realizar su importación, ante la congelación de sus cuentas en el exterior, como parte de las medidas alentadas por la oposición a Maduro. Además, existe una economía especulativa caracterizada por una alta inflación que, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, alcanzó el 130.060,2 %.
Si bien el Gobierno ha reforzado sus planes sociales dirigidos a millones de personas para mitigar los efectos de la crisis, un análisis realizado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs estima que las sanciones causaron la muerte de unas 40.000 personas entre 2017 y 2018 debido a la carencia de medicinas y alimentos.
Por otra parte, en un estudio publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) se afirma que las restricciones contra Venezuela ha supuesto pérdidas de 350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2017, lo que equivale a entre 8.400 y 12.100 dólares por cada venezolano o al Producto Interior Bruto (PIB).
Redacción RT
