La nefasta oposición venezolana ahora propone una nueva fecha para desconocer al Presidente de la República, Nicolás Maduro.
Durante años, oposición antirrevolucionaria le prometió a sus militantes una Navidad sin Chávez. Desde 2013, han prometido una Navidad sin Maduro. Este año han desplazado un tanto sus pretensiones en términos de almanaque: están prometiendo un enero sin Maduro.
¿En qué se basan? No es precisamente en su fuerza electoral ni en la unidad de los partidos y factores opositores, pues ambas se encuentran bastante mermadas.
Más bien parecen estar apostando a un momento icónico en el que las potencias imperiales y sus aliados en el vecindario latinoamericano puedan detonar sus planes de intervención armada.
La Asamblea Nacional, un organismo que oscila entre las presiones del ala pirómana de la oposición y los intentos salomónicos del ala moderada, aprobó el martes un acuerdo en el que advierten que a partir del 10 de enero, Nicolás Maduro será un usurpador en la presidencia.
Ese dictamen podría tener un impacto importante en el plano interno, pero lo ha perdido completamente en virtud de que se trata del mismo parlamento que ya ha desconocido al presidente de diversas maneras.
La constituyente María Alejandra Díaz lo expone en forma casi jocosa, pero advierte que se trata de un discurso dirigido al escenario externo, para alimentar las argumentaciones de quienes impulsan una acción violenta contra Venezuela.
“Lo declararon en abandono del cargo; lo declararon usurpador; lo destituyeron porque era colombiano; lo declararon culpable en un supuesto juicio en el que no estuvo presente y se le violaron todas las garantías constitucionales; y ahora dicen que será ilegítimo, pero a partir del 10 de enero. Eso no es mera locura, sino parte de un plan. Para ellos, el 10 de enero es la bandera, el momento en que comienza la nueva fase. El cuadro es desconocer al presidente porque ya desconocieron las elecciones y desconocieron a la Constituyente. Lo que viene a partir de allí es invocar el artículo 350 y tratar de llevarnos de nuevo hacia una guerra civil, como lo estaban haciendo en 2017”, expresó la abogada.
Díaz señala que una cosa es decirlo y otra hacerlo. El cuadro es especialmente complicado para los opositores por la vigencia de la Asamblea Nacional Constituyente, que en un caso de pérdida de la gobernabilidad podría aplicar sus facultades plenipotenciarias y restablecer el orden constitucional.
Para Díaz, la amenaza no debe ser desestimada, pues está claro que al menos un sector de la oposición ha venido trabajando en el montaje de “un escenario tipo Libia, con un ilegal, írrito e ilegítimo TSJ en el exilio; una fiscal que ya no es fiscal, que se fue huyendo y pretende aplicar extraterritorialmente sus funciones”.
A su juicio, está claro que el siguiente paso es montar algo parecido al Consejo Nacional de Transición de Libia, un gobierno en el exilio que podría tener su base en Puerto Rico, como ya se ha anunciado, pero siempre en triangulación con Colombia, y ahora con el nuevo gobierno de Brasil.
La declaración de una especie de gobierno vacante, por la supuesta ilegitimidad de Maduro desde el 10 de enero, sería la justificación para el armado final de todo este tinglado.
Dicen los analistas
La esperanza de que el 10 de enero se produzca un giro copernicano en la política nacional ha reanimado a ciertos sectores de la alicaída oposición. Al menos se les ha visto de nuevo tratando de atizar los rescoldos de la tantas veces proclamada rebelión de la sociedad civil.
Una muestra de esto fue el foro “10 de enero de 2019: legitimidad versus ilegitimidad”, motorizado por la organización denominada Proyecto Entendimiento Nacional como parte de la cátedra libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela.
En ese encuentro, destacados juristas y politólogos elucubraron acerca de cómo será esa especie de golpe de mano de enero. El abogado Gustavo Linares Benzo sostuvo que, legalmente, el presidente deja de serlo el 10 de enero de 2019, y que el camino constitucional es que el presidente de la Asamblea Nacional (AN) asuma la primera magistratura para convocar una nueva elección presidencial.
Linares Benzo es un prominente profesor universitario vinculado a bufetes transnacionales. No es nuevo en esto de estructurar argumentaciones jurídicas para cambios no ortodoxos de gobierno, pues estuvo en el selecto grupo de juristas que participó en la redacción (y luego en la firma) del decreto de tierra arrasada de Pedro Carmona Estanga en 2002, según lo revela el propio fallido presidente de facto en su libro testimonial sobre los hechos de abril.
Con alegatos jurídicos como el de Linares Benzo y otros participantes en esta actividad, muchos opositores han empezado a ver luz al final de túnel.
Sin embargo, no faltan los antichavistas que les echen un cable a tierra. Ese rol le tocó en el referido foro al politólogo Carlos Raúl Hernández, quien dijo que si se parte de la base de que ya Maduro encabeza un gobierno de facto, ¿qué les hace pensar que ese día permitirá que se le declare inexistente y asuma la jefatura del Estado la persona que para ese momento esté en la presidencia de la AN?
Otros abogados de larga trayectoria antirrevolucionaria, como Cecilia Sosa Gómez, Blanca Rosa Mármol, Román Duque Corredor, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H. y René Molina Galicia, todos integrantes de un grupo denominado Bloque Constitucional, se han lanzado también a agitar las aguas estancadas de la oposición con la tesis de la ilegitimidad a partir del 10 de enero.
Sostienen que se trata de una especie de reincidencia pues ya Maduro es ilegítimo desde que, a juicio de estas figuras del Derecho, ganó mediante fraude las elecciones del 2013.
Un escollo previo: ¿quién presidirá la AN?
Para activar el plan del desconocimiento del presidente Maduro el 10 de enero, la oposición enfrenta un escollo previo bastante complejo: ¿quién será electo presidente de la Asamblea Nacional cuando esta inicie su cuarto año de sesiones, cinco días antes del “día D”?
Según los dictámenes de los jurisconsultos, al producirse la ausencia absoluta del presidente, la jefatura del Estado habrá de ser asumida por el presidente de la AN. En la actualidad este cargo lo ocupa el diputado Omar Barboza, pero al iniciarse el período de sesiones debe elegirse una nueva junta directiva.
El pacto (¿de caballeros?) que habían establecido las fuerzas de la Mesa de la Unidad Democrática luego de su triunfo en diciembre de 2015 indicaba que la presidencia del Parlamento sería rotativa entre los partidos principales de la coalición.
El primer año, el puesto correspondió a Henry Ramos Allup, de Acción Democrática; el segundo a Julio Borges, de Primero Justicia; el tercero a Barboza de Un Nuevo Tiempo.
Se supone que el cuarto año debería corresponderle a un diputado de Voluntad Popular. Pero en los tres años transcurridos desde la conquista de la AN, la alianza ha sufrido toda clase de abolladuras y a principios de 2018, formalmente hablando, se disolvió.
Al menos el partido AD la abandonó formalmente, mientras las organizaciones del ala pirómana han formado tienda aparte en la propia Asamblea.
Varias individualidades importantes de PJ y VP están fuera del país o privados de libertad, luego de los sucesos violentos de 2017 y del magnicidio en grado de frustración de agosto pasado.
Recientes debates, como el realizado para declarar personan non grata al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, mostraron que existe una zanja muy profunda entre, al menos, dos bandos opositores.
En esas condiciones, ¿podrá la oposición ponerse de acuerdo para designar a una persona que deberá asumir el liderazgo de esta nueva apuesta política de un enero sin Maduro?
Redacción Lechuguinos – Supuesto Negado
