ONU maquina una serie de ataques contra Venezuela mediante un informe sobre DDHH totalmente sesgado y hecho a distancia con fuentes de la derecha venezolana
Funcionarios de la ONU comienzan a involucrarse en la campaña contra Venezuela, y, a tal efecto, su comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Al Hussein, logró que montaran un informe sobre la “violación de los DD.HH” en nuestro país sin fuentes identificadas, con entrevistas a distancia a “una mayoría de adversarios del gobierno”, totalmente sesgado, cuyos términos preliminares hizo circular desde ayer, y anunció que en breve tendrá el informe oficial.
No se explica cómo un tema tan serio y delicado puede haber sido hecho a distancia y basado en entrevistas a una sola de las partes.
El informe “sugiere” que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes, pero nada se dice de que las manifestaciones no han sido nada pacíficas y que los manifestantes han hecho uso de armas de fuego (captados incluso por reporteros gráficos de agencias internacionales), así como de morteros y han hecho estallar poderosas bombas con las cuales han resultado heridos numerosos agentes de los cuerpos de seguridad.
Asimismo se conoce que hasta el 31 de julio, la Oficina del Ministerio Público había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el informe sesgado del relator de la ONU, “las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados pro gubernamentales, denominados “colectivos armados”, serían responsables de otros 27 fallecimientos. Y remata con que “En cuanto al resto de las muertes, aún no está claro quién las perpetró”. Lo que no dice el informe es que al analizar, caso por caso, se puede comprobar que más de la mitad de las personas fallecidas no eran manifestantes, y que muchas de ellas murieron a consecuencia de barricadas, objetos contundentes y agresiones de manifestantes opositores, incluyendo personas que han sido incineradas vivas.
Y al parecer, los que hicieron el informe nunca se enteraron que diez de los fallecidos murieron saqueando negocios privados; que cuatro personas murieron quemadas vivas por los manifestantes; que un GNB murió linchado; que dos de las víctimas murieron por objetos contundentes lanzados por simpatizantes de la oposición; uno murió degollado por una guaya criminal colocada por manifestantes en medio de la vía; tres murieron en Mérida a causa de disparos efectuados por opositores; ocho de los infortunados pertenecían a distintos cuerpos de seguridad; cuatro fueron ejecutados por sicarios; trece perdieron la vida cuando intentaban esquivar barricadas; quince de las víctimas no fueron descritos como manifestantes por el Ministerio Público y otras veintiún personas no participaban en las manifestaciones, según sus familiares.
Es así como un informe serio debió haber recogido el número de efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado que han sido imputados por diferentes delitos vinculados a la represión de las manifestaciones violentas; debió haber recogido testimonios de las personas simpatizantes del Gobierno que han sido asesinadas, quemadas vivas, linchadas, de los familiares de los funcionarios asesinados; debió haber realizado una recopilación de los destrozos mil millonarios cometidos por los manifestantes nada pacíficos, entre los que se incluyen la tala de más de 5 mil árboles, quema de unidades de transporte, universidades, sedes oficiales, comandancias de policía, vehículos y motos particulares, vecinos secuestrados en sus urbanizaciones.
Redacción Lechuguinos
