La moribunda Asamblea Nacional que cesa en funciones el próximo 4 de enero de 2021 y que se encuentra en desacato presenta un balance nefasto.
El próximo 5 de enero se instalará la nueva Asamblea Nacional de Venezuela para el periodo 2021-2026 con el objetivo de avanzar en la recuperación de la economía y aparato productivo del país para hacer frente a la agenda impulsada por Estados Unidos (EEUU) contra el Gobierno y pueblo venezolanos y para subsanar el abandono legislativo, por parte de la moribunda asamblea opositora.
El ente legislativo estará integrado por 277 diputados electos en los pasados comicios parlamentarios del 6 de diciembre, en los que el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar obtuvo el 67,6 por ciento de los votos emitidos. Logrando el control del próximo parlamento.
La victoria del oficialismo permitirá la recuperación de la institucionalidad parlamentaria y estabilidad política cerrando el nefasto ciclo parlamentario que precede, por haber sido funcional acorde a una agenda de intento de destrucción del poder público venezolano durante estos cinco años.
Balance de la Asamblea Nacional 2016-2021
Desde su instalación en enero de 2016, la mayoría de los parlamentarios adelantaron una agenda destituyente de los poderes nacionales contando con el apoyo de EEUU, dejando de lado las reales necesidades de los venezolanos.
En el lustro que está por culminar se aprobaron apenas 31 leyes, todas anuladas por el Tribunal Supremo; 401 acuerdos parlamentarios; 12 sanciones políticas a altos funcionarios del Estado incluyendo a Nicolás Maduro; y más de medio centenar de informes parlamentarios de distinta índole.
Tan solo en el primer año de funcionamiento del parlamento opositor (2016) se sancionaron 17 leyes, de las cuales solo una fue promulgada: la ley que regula el uso de telefonía celular e internet dentro de los recintos penitenciarios.
Para 2017 el Parlamento, liderado por el opositor de derecha Julio Borges, manifestó su intención de discutir casi 50 leyes, pero solo una fue aprobada y luego declarada nula por el Supremo; lo mismo sucedió con las 6 sancionadas en 2018 y las 2 de 2019.
En resumen los legisladores adelantaron una agenda centrada básicamente en socavar los cimientos de la administración de Nicolás Maduro para propiciar un cambio de gobierno.
De 2016 a 2018 la labor parlamentaria de la moribunda AN se concentró en ganar el acompañamiento de organizaciones internacionales (OEA, Grupo de Lima, Unión Interparlamentaria Mundial, Parlamento de las Américas); a partir de 2019, cerca de 60 países del mundo reconocieron a la AN como interlocutor legítimo de Venezuela a la par que desconocían a Maduro como presidente reelecto.
Bajo el liderazgo del diputado de derecha Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente de Venezuela en enero de 2019, tres hechos relevantes marcaron este año parlamentario: el intento fallido de ingreso de la ayuda humanitaria en febrero desde Colombia, el intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro en abril y el fracaso del proceso de diálogo, iniciado en mayo bajo el auspicio de Noruega.
Retos de la nueva Asamblea Nacional
La nueva asamblea venezolana tendrá entre sus desafíos promulgar leyes para hacer frente a las medidas coercitivas de Estados Unidos que han afectado el desarrollo económico y productivo venezolano.
Otro de los retos es regresar la institucionalidad parlamentaria y denunciar los planes desestabilizadores contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Cooperar con el Ejecutivo venezolano en la consolidación del proceso revolucionario a través de legislaciones que favorezcan a la mayoría de los venezolanos.
