Doce militares colombianos admitieron, durante una audiencia de reconocimiento público de la verdad, el asesinato de 127 personas en el norte del departamento del Cesar y en el sur de La Guajira, para presentarlas como “falsos positivos”.

Los militares colombianos fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por delitos lesa humanidad y crímenes de guerra, entre los que se encuentran ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, presentadas falsamente como “bajas en combate”.

La JEP concluyó que las víctimas eran miembros de la población civil que fueron señalados de pertenecer a estructuras armadas o bandas delincuenciales sin verificación alguna y sin enfrentamientos con las autoridades. Estos hechos ocurrieron con la colaboración de los grupos paramilitares que se encargaban de retener y entregar a las personas al Ejército.

Otras víctimas eran personas en condición de vulnerabilidad, que fueron llevadas bajo engaño a lugares donde supuestamente serían contratadas, para asesinarlas. Los victimarios elegían a estos ciudadanos porque consideraban que sus familiares nunca reclamarían las desapariciones.

Los asesinados eran vestidos con uniformes de grupos irregulares y se los dotaba con armas y municiones. La identidad de los fallecidos no se determinaba y sus cuerpos eran trasladados por personal militar, sin la participación de otras autoridades.