El desertor Hugo Parra Martínez pasa sus días tras las rejas en constante tensión: no sabe cuándo saldrá o si las autoridades migratorias de EEUU terminarán deportándolo a Venezuela.
“Caí en un saco y estoy en el fondo. Perdí todo: mi familia, mi casa. Lo que hice no valió nada. No veo una salida”, cuenta desde el Winn Correctional Center de Louisiana, una de las cárceles en las que la administración del presidente Donald Trump retiene a miles de inmigrantes mientras se resuelven sus casos de asilo.
Este mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de 42 años, ya no sabe a quién pedir que interceda por su caso.
“Aquí dentro solo me acompañan la biblia y Dios, a quien le imploro todos los días para que me ayude a salir pronto”, dice en conversación telefónica con Noticias Telemundo Investiga.
Han pasado más de ocho meses desde que se entregó a las autoridades migratorias estadounidenses en el Puente Internacional número II de Nuevo Laredo, México, el pasado 11 de abril. Desde entonces, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) lo ha trasladado de centro de detención dos veces, le ha negado dos peticiones para salir bajo fianza y aún no le ha programado una cita para ver a un juez de inmigración.
Parra es uno de los más de 100 militares venezolanos que se levantaron contra el gobierno de Nicolás Maduro cuando, a principios de 2019, el diputado opositor Juan Guaidó puso en marcha la llamada ‘Operación Libertad’ y prometió sacar a Venezuela de la crisis, un gobierno de transición y nuevas elecciones.
Casi un año después de que el país sudamericano fue sacudido por masivas protestas que dejaron decenas de muertos y miles de heridos y detenidos, la oposición se encuentra profundamente fragmentada y los venezolanos continúan huyendo en estampida, como parte de la segunda crisis de refugiados más grave del mundo, encabezada por Siria.
A pesar de que Estados Unidos fue el primer país en reconocer y apoyar a Guaidó, catalogar al gobierno de Maduro como una dictadura y reconocer la crisis política y humanitaria, continúa deteniendo y deportando venezolanos, para los que se ha mostrado reacio en aprobar un Estatus de Protección Temporal (TPS).
Mientras tanto, decenas de militares que se levantaron contra Maduro han tenido que abandonar el país para vivir como refugiados, la mayoría en España y América Latina.
Otros como el Mayor Parra vinieron a EE.UU. a buscar refugio en el mismo país que durante los días de la insurrección les mostró su apoyo. Pero después de casi un año, este militar se siente abandonado por Guaidó, quien también aseguró que los protegería.
“Mal vistos” por Estados Unidos
Hay quienes consideran que el costo de la desatención a los casos de los militares disidentes será grande.
Dejar a estos militares en el olvido y con poca o ninguna protección podría alejar a potenciales aliados dentro y fuera del territorio venezolano y desalentar a otros militares para futuros alzamientos, según el exteniente de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela José A. Colina, exiliado en Miami y presidente del grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).
“Si este gobierno reconoce que en Venezuela hay violación de los derechos humanos, que hay una dictadura que oprime al pueblo y que la gente está muriendo, entonces a los venezolanos que llegan aquí les deberían dar algún tipo de protección”, dice Colina.
El exmilitar, a quien entrevistamos a mediados de diciembre durante una marcha del exilio venezolano en la que reclamaban libertad para unos 400 connacionales en centros de detención de ICE, cuestiona que senadores, congresistas y otros funcionarios estadounidenses critiquen al gobierno de Maduro, pero no tomen suficientes medidas para proteger a quienes huyen de él porque temen por su vida.
Colina asegura que ha pedido en varias ocasiones a Guaidó y al Departamento de Estado que intercedan por una decena de militares en la misma situación que Parra y Molina, pero que no ha habido respuesta.
Guaidó está “al tanto”
Noticias Telemundo Investiga se comunicó con el Departamento de Estado para obtener comentarios sobre los casos de militares como Parra, pero rehusaron contestar. Hasta el momento de publicación de esta nota el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tampoco había respondido a una solicitud de información.
Por su parte, el director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela en Washington, Brian Fincheltub, dijo que Juan Guaidó está al tanto de la situación que atraviesan los militares disidentes como Parra y Molina, pero que el diputado no solamente tiene este “incidente” del que hacerse cargo.
“Todos los días en Venezuela hay millones de emergencias y cientos de casos como este que están pasando”, puntualizó. Y agregó que los recursos de la misión diplomática del presidente interino en el país son limitados y que tienen restricciones para actuar “sobre todo en temas migratorios”.
“Hemos hecho énfasis en esos casos (de los militares) porque reconocemos que tuvieron la valentía de hacer lo que hicieron. Sin embargo, no es una decisión nuestra que el gobierno de Estados Unidos haga el proceso más rápido o más lento”.
Fincheltub asegura que la Embajada ha hecho reclamos tanto a ICE como al DHS, pero no han obtenido respuesta: “Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos”.
