734 líderes y lideresas sociales de Colombia han sido asesinados e invisibilizados, pero las condolencias formales son a familiares de alias Popeye.
Según un informe del Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) en Colombia se han registrado más de 620 asesinatos de líderes y lideresas sociales, quienes formaban parte de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales; estos hechos se han venido suscitando desde la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 en el vecino país.
Estos crímenes se han calificado como un “genocidio” de carácter alarmante debido a las características de los homicidios continuamente denunciados por organizaciones sociales; sin embargo estas denuncias han sido completamente ignoradas por el gobierno de Iván Duque.
Por otra parte, Indepaz informa que, entre el 1° de enero de 2016 y el 8 de julio de 2019, registra 734 líderes y lideresas sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Colombia. A esta cifra le podemos sumar las cifras de 2020 con los 27 líderes y lideresas, las recientes masacres y 3 excombatientes de las FARC ultimados estaríamos hablando de un total de 765 asesinatos.
Llama fuertemente la atención que en estos lamentables hechos no se han visto pronunciamientos de funcionarios o, como en este caso, de comandantes en jefe de las Fuerzas Militares colombianas como lo es el comandante general del Ejército de Colombia Eduardo Zapateiro, quien presentó públicamente condolencias a los familiares y allegados de Jhon Jairo Velázquez, alias “Popeye”, jefe de sicarios del líder del Cartel de Medellín Pablo Escobar. Popeye, autor confeso material e intelectual de miles de crímenes en la época más intensa de los carteles y las mafias de la droga en Colombia, fallece en la ciudad de Bogotá el 6 de febrero del presente año tras padecer cáncer de esófago.
Cabe señalar que este criminal a confesión de parte relató que Álvaro Uribe Vélez tenía nexos directos con su patrón; Pablo Escobar estaba relacionado con su jefe en el negocio de sustancias ilícitas cuando este era el director de la Aeronáutica Civil y autorizó la pista de aterrizaje de la hacienda Nápoles, propiedad de Escobar utilizada para transportar cocaína a gran escala en estas pistas autorizadas por el expresidente Uribe y que servían de plataforma para el tráfico de drogas. Poyepe evitaba hacer énfasis sobre el tema (dicho por el mismo) ya que alegaba que Uribe era un hombre con mucho poder.
El contraste de esta polémica situación, en la cual vemos a un comandante de las Fuerzas Militares de Colombia presentar un pésame públicamente por la muerte de un individuo que generó dolor y desgracias al pueblo colombiano, da mucho qué pensar, por ejemplo que el gobierno actual de ese país continúa teniendo relación cercana con los que ayer impusieron el negocio de las drogas y el terror como política. Vemos cómo la hipocresía invade sus rostros al tener la osadía de llamar al gobierno venezolano “narcoestado”, cuando podemos observar con sus hechos, comportamientos y procederes visibles y sus estrechos nexos con la mafia de la droga que no ha dejado de reinar en Colombia. El contraste entre ambos casos es público y notorio.
Es lamentable que estos pronunciamientos no se hayan dado para dar consuelo, apoyo y acompañamiento y por ende la búsqueda de la justicia a los familiares del liderazgo social colombiano y defensores y defensoras de los derechos humanos asesinados o también a los familiares de personas que murieron a manos de unos de los asesinos más crueles y descarados de los últimos 50 años en Colombia.
Yndira L. Torregrosa V.
