El “autodenominado” experto petrolero José Toro Hardy es otro choro más de la antigua PDVSA
El exdirector de Pdvsa y autodenominado experto petrolero José Toro Hardy fue procesado penalmente en 1976 por haber aceptado un soborno de 600 mil dólares para beneficiar a la transnacional Occidental Petroleum en el otorgamiento de contratos de servicio en el Sur del Lago de Maracaibo.
La denuncia la hizo el experto y exdirector de la industria petrolera Carlos Mendoza Potellá, quien citó la edición del diario El Nacional del 15 de febrero de 1976, donde se reflejó la información.
Explicó que Toro Hardy, quien era asesor contratado del Ministerio de Hacienda, debía descalificar a la petrolera por su mal desempeño, pero hizo lo contrario en complicidad con otro funcionario.
Ambos funcionarios fueron procesados, pero Toro Hardy huyó del país y regresó ocho años después cuando el delito había prescrito.
La denuncia e investigación realizada desde el diario Ciudad Ccs y el entonces blog de investigación LaTabla (hoy plataforma de periodismo de datos LaTabla.com) en agosto de 2012 es oportuna actualmente cuando el Ministerio Público ha profundizado en los más recientes hechos de corrupción en la industria petrolera, y es posible encontrar similitudes en los mecanismos y procedimientos empleados para “comprar” decisiones gubernamentales para satisfacer las aspiraciones de corporaciones mundiales de energía y su cómplices de la burguesía venezolano
Funcionarios de MinMinas y el embajador en la OPEP
La Tabla localizó la edición del 15 de febrero de 1976 del diario El Universal, que reseña una reunión de José Ramón Medina, Fiscal General de entonces, y Carlos Andrés Pérez, presidente de la República.
Por el caso se señalaba la participación de seis personas.
Además de José Toro Hardy se mencionó la participación del embajador de Venezuela ante la OPEP, Alberto Flores Ortega, cuando era funcionario del despacho de Minas e Hidrocarburos. Recibió, por medio de su padre, un cheque por 106 mil 400 dólares.
La economista Rosa Rivero Zamora, también del Ministerio de Minas, fue sobornada con la suma de 316 mil 900 dólares.
Carmen Rosa Cumare y Raúl Cumare Hernández, recibieron cheques por 40 mil y por 25 mil dólares, respectivamente.
Para la fecha, relata la nota, se encontraba detenido Chandro Tackard, por un caso de sobornos relacionados con la compra de barcos por el Ministerio de Minas.
También estaba vinculado al caso de Occidental y por su participación obtuvo 46 mil dólares.
Por su parte Toro Hardy resultó ser quien obtuvo el mayor beneficio de la trama.
Su compensación la recibió con 600 acciones de la compañía Perforaciones Altamar, con un valor de 1 mil dólares cada una. Es decir, obtuvo el equivalente a 600 mil dólares.
Los sobornos tuvieron lugar en 1970 y 1971, y comprometieron a funcionarios públicos y un grupo de parlamentarios, según la denuncia citada por El Universal.
Esta denuncia fue presentada por el Gobierno venezolano en EEUU contra la empresa y su presidente Armand Hammer, acusándolos de pagar para obtener condiciones favorables en los contratos de servicio.
Un soldador gringo pagó el soborno
John D. Askew, un soldador de Arkansas que llegó a trabajar en la industria petrolera en los años 40, fue quien tuvo a cargo el pago de 3 millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos con el fin de obtener contratos de servicios para Occidental Petroleum en 1971 y 1972.
La información está contenida en documentos judiciales de EEUU, que registran una disputa legal de Askew contra el Internal Revenue Service (IRS, servicio de impuestos) por su sospecha de haberle entregado información confidencial al Gobierno venezolano en 1975 y 1976.
El IRS realizó una investigación contra Askew y su esposa por omitir ingresos en su declaración de impuestos, luego de descubrir en 1973 que había recibido 3 millones de dólares en el transcurso del año 1971.
Este dinero le fue depositado por la firma Occidental Worldwide Investment Corporation, la empresa matriz de Occidental Petroleum de Venezuela, S.A, el 23 de agosto de 1973, según el relato contenido en el expediente No. 15898-80 del United States Tax Court (Tribunal Federal de Impuestos) y archivado el 6 de marzo de 1985.
Lo hicieron en la cuenta de una compañía llamada Noark, LTD, constituida el 5 de febrero de ese mismo año en Nassau, Bahamas. Sus accionistas eran Askew y su esposa Nona.
Altamar y el socio venezolano
John Askew llegó a Venezuela en 1945 como soldador empleado de la compañía Bridge Company de Chicago. Cinco años después era gerente de Constructora Flint, empresa de servicios petroleros.
En 1952 formó su propia compañía, Constructora Nona, CA, que se dedicaba a trabajos de construcción, tuberías y tanques para las compañías petroleras.
En 1953 y 1954 crea otras empresas en las áreas de servicios generales y camiones.
Y en 1966 entra en el negocio de perforaciones con tres equipos y contratos en tierra y en aguas poco profundas y una empresa llamada Nona Perforaciones.
Según el expediente de la Corte, el 15 de septiembre de 1970 un grupo de venezolanos constituye Perforaciones Alta Mar, C.A.
Sin embargo los titulares de acciones declararon que su suscripción se hacía “for the account and to the order of” Askew. (por cuenta y orden, sería la traducción).
Entre agosto y septiembre del siguiente año ocurren cambios en la firma. Askew es nombrado presidente, y luego su compañía de perforaciones es absorbida por Alta Mar, C.A.
Simultáneamente hay un incremento del capital y el soldador comienza a figurar como propietario de 50% de las acciones.
En noviembre de 1972 hay otro significativo aumento del capital y desde esa fecha aparecen como accionistas John D. Askew, con 47%, Woodrow J. Wilson, también con 47% y José Toro Hardy con 6% y así lo registra el expediente judicial.
Toro Hardy, quien era asesor contratado del Ministerio de Hacienda, le confesó al diario El Nacional que efectivamente era accionista de Perforaciones Alta Mar, C.A., pero que era un “accionista minoritario, ya que sólo poseía 6%”, según la edición del día 15 de febrero de 1976.
Sobornos con cheques
Al mismo tiempo que se movían acciones en Alta Mar, también comenzaban a circular los cheques de Noark, la compañía de Askew en Bahamas.
El cheque N° 1, por 100 mil dólares, se emitió el 7 de septiembre de 1971 a nombre del Banco Latino Americana. Sin embargo, relatan las actas, fue cobrado en efectivo por Luisa Dolores Rondón de Rivero Vásquez.
Ella también aparece cobrando los cheques 7 y 8 por 110 mil y 116 mil 900 dólares, respectivamente, en una relación de 12 que refleja el expediente de la Corte.
También figuran en la lista Alberto Eduardo Flores, Chandra Thakur, Carmen Rosa Cumare, Raúl Hernández Cumare, Robert C. Thompson, Luis de León y Gabriel Antonio Rondón, con distintos montos. El total relacionado suma 724 mil 200 dólares.
Estos serían funcionarios y allegados a “venezolanos influyentes” que ayudaron al soldador a “ganarse” los contratos para Occidental.
Congreso lo exoneró y tribunal lo declaró inocente
El exdirector de Pdvsa, José Toro Hardy, desmintió ayer que hubiera huido del país luego de la investigación en 1975 y 1976 por los llamados “sobornos de Occidental”.
“Nunca huí del país. Enfrenté a CAP. Una comisión de 17 diputados y senadores me dieron la razón, al igual que los Tribunales y la CSJ”, escribió en su cuenta twitter @josetorohardy.
Por la misma vía Ciudad Ccs le pidió contactarlo para recoger su versión, pero no respondió.
Sin embargo, un artículo de Toro Hardy en el diario El Universal, el 11 de enero de 2011, abunda sobre el tema.
Según la versión “después de exhaustivas investigaciones, la Comisión Bicameral del Congreso me absolvió por unanimidad.”
Y además “la doctora Carmen Beatriz Romero de Encinoso, juez Superior Séptimo en lo Penal del Distrito Federal y Estado Miranda (..) quien en sentencia del día 16 de noviembre de 1976 me absolvió también de los cargos”.
También lo hizo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 9 de febrero de 1977, que se esa manera ratificó su inocencia, concluye el experto.
Un gestor con amigos al servicio de Occidental
Las últimas concesiones petroleras se entregaron en 1956 y 1957. Y en 1961 la nueva Constitución establece la política de “no concesiones” en el artículo 97.
Las empresas petroleras buscaron una opción para mantener sus ganancias y así surgieron los llamados “contratos de servicios”, promovidos por el gobierno de Betancourt y ejecutados durante el mandato de Rafael Caldera, según refiere Gastón Parra Luzardo, en su libro De la nacionalización a la apertura petrolera.
En ese contexto aparece Askew, quien presumía de tener buenos amigos en el Gobierno, incluyendo al ministro de Minas venezolano, con quien dice haberse reunido en 1966, según el expediente.
A mediados de 1967 fue contactado por “dos prominentes ciudadanos venezolanos”.
Uno es Alberto Eduardo Flores Troconis, quien ha sido funcionario de Standard Oil y es padre de un funcionario del Ministerio de Minas que luego sería el embajador venezolano ante la OPEP.
El otro es Antonio Rivero Vásquez, quien dice ser general retirado y “hombre de negocios”. Es en verdad uno de los participantes en el magnicidio de Carlos Delgado Chalbaud en 1950.
Le manifiestan su interés en la localización de una empresa petrolera que no se encuentre operando en Venezuela para pujar por los contratos de servicio de cinco bloques de la región del Sur del Lago de Maracaibo de Venezuela.
Luego de las reuniones Askew viajó a mediados de 1968 a EEUU a buscar la empresa.
A través de una firma de banca de inversión fue presentado al presidente de Occidental Petroleum, el legendario Armand Hammer.
De inmediato fluyeron los acuerdos, con cartas de por medio.
Acuerdos de socios
Los acuerdos entre John Askew y Occidental Petroleum para se firmaron en 1968, 1969 y 1970. El objetivo era que el soldador usará sus relaciones para obtener los contratos de servicios en el Sur del Lago. Al mismo tiempo, también en 1968, Askew firmó un contrato (¡qué transparentes estos gringos!) con sus socios venezolanos Flores y Rivero.
El compromiso con sus socios obligaba a Askew a pagar 1 millón 500 mil dólares. Rivero se llevaba la mayor parte, 1 millón 125 mil dólares, mientras Flores se conformaba con 375 mil dólares.
(Vía La Tabla Blog)
Redacción Lechuguinos
