El viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Roberto Ríos, denunció que el gobierno de facto de Jeanine Áñez solicitó, días antes de las elecciones en donde resultó vencedor Luis Arce, a Estados Unidos y el Reino Unido equipamiento bélico para “defender la integridad del pueblo y el territorio”.
De acuerdo con reportes de la prensa internacional, Ríos detalló que la solicitud de armas fue hecha por el entonces viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, designado por Jeanine Áñez, el cual no tenía competencia para realizar ese requerimiento.
El 25 de septiembre de 2020, casi un mes antes de las elecciones del 18 de octubre, Santamaría le envió una nota al embajador del Reino Unido donde le pedía «pistolas, cartuchos, granadas de gas, uniformes completos, máscaras antigás, visores nocturnos, térmicos, binoculares, cascos, trajes de protección y equipos que considere importantes destinados a la Policía Boliviana Nacional con la finalidad de defender la integridad del pueblo boliviano, su territorio y seguridad», detalló el viceministro de Seguridad Ciudadana.
También, en mayo de 2020, se dirigió una comunicación al encargado de negocios de EEUU, Bruce Williamson, para que también consignara equipamiento bélico «con la finalidad de defender la integridad del pueblo boliviano y su territorio».
Hasta ahora, no se ha podido comprobar si ambas embajadas hicieron la entrega de lo requerido por el Gobierno de facto, afirmó Ríos. Sin embargo, para el viceministro existen «claros indicios» de que el equipamiento sería «empleado presumiblemente para reprimir al pueblo boliviano y lo que más llama la atención es que se solicitó semanas antes de las elecciones generales de 2020».
Esta no es la única denuncia sobre una posible participación de otros países en las acciones desestabilizadoras en Bolivia. En julio de este año, la Policía Boliviana confirmó el hallazgo de parte del material bélico que, de acuerdo con denuncias de ambos países, el expresidente argentino Mauricio Macri envió para apoyar a Áñez en noviembre de 2019, tras el golpe de Estado contra Evo Morales.
