El informe de la ONU sobre las protestas en Colombia, revelaron represión, detenciones arbitrarias y violencia sexual por parte de Duque.

Las protestas de mediados de este año en Colombia dejaron 46 personas muertas y al menos 28 de ellas fueron por acción de la Policía, reveló este miércoles un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Al presentar el informe «El paro nacional 2021. Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia», la representante en el país de la Oficina de la ONU para los DD.HH., Juliette de Rivero, explicó que ese organismo recibió alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas.

«Hasta la fecha, la Oficina ha verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las muertes documentadas, el 76% de las víctimas murieron por heridas de bala», señala el informe presentado hoy de forma virtual por Rivero.

Esos choques ocurrieron entre el 28 de abril y el 31 de julio pasado, cuando el país fue sacudido por una oleada de protestas en diferentes ciudades, cuyo detonante fue el rechazo a un proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno al Congreso y que la presión popular obligó al presidente colombiano, Iván Duque, a retirarlo de la agenda legislativa.

«Existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la Policía y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional», indicó el informe de la ONU.

Las cifras de la Oficina de la ONU discrepan de las del Gobierno, según las cuales, las autoridades encabezadas por la Fiscalía General de la Nación están investigando 29 muertes en el contexto de las protestas.

«Hay razones fundadas para sostener que se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos, tales como privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo», detalla el texto.

Otro aspecto que aborda el informe es que «actores no estatales habrían matado a 10 personas, mientras que no existe información suficiente para establecer la autoría de la muerte de ocho personas».

El documento también se refiere a otros incidentes que demuestran un «uso inapropiado e indiscriminado de armas menos letales por parte de la Policía, en violación de los estándares internacionales».

Para la representante de la ONU en Colombia, «todos los presuntos implicados en causar lesiones o muertes, incluyendo agentes del Estado, deben ser objeto de investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes».

«El Estado debe garantizar también el derecho de las víctimas a una reparación integral. Las medidas tomadas por las autoridades para investigar y perseguir penalmente estos abusos son bienvenidas», dice el informe que además afirma que el Estado colombiano no logró mantener un entorno seguro para los manifestantes en numerosas ocasiones.