Guaidó incumple pago por gastos de 525 mil dólares a representantes del BCV y los directivos imaginarios le dejaron el pelero.

Juan Guaidó incumple el dictamen de la justicia de Londres de pagar $525.000, por concepto de gastos, a los representantes legales de Venezuela en litigio por el oro retenido en el Banco de Inglaterra.

El bufete londinense Zaiwalla & Co., que representó a la junta designada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que el equipo de Guaidó se niega a cumplir la orden de la Corte de Apelaciones de Inglaterra, reseñó Prensa Latina.

El pasado 5 de octubre la corte revocó el veredicto de un tribunal comercial británico que reconocía a Guaidó como supuesto «presidente interino» de Venezuela, para de este modo apropiarse del oro venezolano.

La parte ganadora de la apelación debía pagar el equivalente a unos $525.000 en gastos antes del 20 de octubre. Quien desobedezca con conocimiento de causa una orden de un tribunal, puede ser objeto de sanciones o dejado fuera del caso, refiere el vocero de la firma de abogados, Sarosh Zaiwalla.

Cabe destacar que el “presidente” del BCV designado por Guaidó, Ricardo Villasmil Bond, le presentó su renuncia el 22 de agosto y el resto de la directiva tiene ubicaciones desconocidas. De Giacoma Cuius Cortesía -otra integrante del grupo- no se sabe nada desde su nombramiento y, tal como reseña un trabajo publicado por La Tabla, los dos únicos personajes que quedan de la “directiva” impuesta del BCV son Nelson Andrés Lugo y Carlos Antonio Suárez, que viven en el exterior.

Dado que lo que queda de la junta de Guaidó tiene recursos como para iniciar un litigio del otro lado del mundo, es difícil comprender que no tenga fondos para pagar, dijo Zaiwalla, citado por el medio cubano.

La Corte de Apelaciones revocó el veredicto del tribunal comercial, tras considerar que el reconocimiento a Guaidó como presidente no excluye que Maduro sea reconocido por el Reino Unido como el presidente de hecho o de facto.

La decisión del tribunal comercial había otorgado en julio al diputado en desacato Juan Guaidó, la posibilidad de tener dominio sobre 30 toneladas de oro del Estado venezolano retenidas en el Banco de Inglaterra. La medida fue apelada por el gobierno constitucional de Venezuela.