El ladrón Juan Guaidó y sus seguidores dentro de la ficticia e ilegal Asamblea Nacional anunciaron este jueves, durante una reunión virtual, que contratarán a las firmas estadounidenses BRV Disbursement Co. LLC y BRV Administrator Co. LLC para robarse los fondos del Estado venezolano que se encuentran bloqueados en el extranjero.
«Estas empresas fueron elegidas en un proceso en el que inicialmente se contactaron a las cinco mejores firmas de contaduría y administración a nivel mundial. Sin embargo, las mismas manifestaron no estar dispuestas a involucrarse en esta labor. Ante ello, nos recomendaron empresas aliadas, que contaban con su aval, y fueron validadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.«, señala la nota de prensa de los diputados opositores.
De acuerdo con el contrato presentado por Guaidó y reseñado por Reuters, las compañías estadounidenses recibirán 1,25 millones de dólares. Para este fin, los diputados opositores aprobaron la denominada «Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado Venezolano en el Extranjero», cuya legalidad es nula.
Guaidó y su banda de criminales, se apropiarán de la bicoca de 36 millones de dólares de los recursos acumulados y represados en el extranjero.
Escándalos de Guaidó
El pasado 18 de junio, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que el abogado José Ignacio Hernández, «supuesto procurador especial» designado por Guaidó, junto al presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, impulsaban acciones para apoderarse de Citgo, y entregarla a Conoco Phillps.
De igual forma ayer, políticos opositores como María Corina Machado, Antonio Ledezma y Diego Arria han pedido reiteradamente esclarecer el destino de los recursos que Guaidó recibió de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), en vista de los oscuros manejos de él y su entorno.
Venezuela tiene alrededor de 24.000 millones de dólares retenidos por EE.UU. y algunos países europeos. Caracas pide que se los devuelvan y ha emprendido una batalla legal, que incluye una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad.