Es evidente que la mayoría de las autoridades de Cabo Verde violan sistemática, consciente y premeditadamente, lo que constituye una actitud de absoluto desprecio por la opinión pública, los derechos de los ciudadanos protegidos por la Constitución y otras leyes de la República.

Este es el caso, por ejemplo, cuando, preocupados por asuntos de interés nacional inequívoco que movilizan la atención de los ciudadanos, las autoridades políticas, administrativas, judiciales y de otro tipo de Cabo Verde se niegan sistemáticamente, correspondientes a estrategias que solo ellas entienden, pero nunca en nombre del interés común, a hacer comentarios y análisis o a proporcionar información fáctica simple sobre ellos.

Son los ciudadanos los que pagan a estos funcionarios públicos para gestionar sus intereses, por lo que tienen [aquellos] derecho a ser informados [por ellos] sobre el progreso de los procesos y la forma en que se realiza esta gestión. En las sociedades funcionales, donde todo el mundo sabe y hace y lo que tiene que hacer, las instituciones, a través de sus líderes, utilizan los medios para este propósito, en una acción proactiva y programada.

En Cabo Verde, esto casi nunca sucede, y los profesionales de la información, es decir, los periodistas, a menudo se desesperan incluso por poder hablar con las personas responsables de las instituciones y, por regla general, escuchar una rotonda negativa con respecto a su demanda. Pero de hecho se dice que muy rara vez logran pasar por los casi siempre insuperables oficiales de prensa, secretarios o jefes de gabinete.

El periodista se enfrenta a un verdadero muro en la búsqueda de información y en el acceso a quienes la tienen, lo que dificulta enormemente el ejercicio de su profesión y la realización de una de las valencias más importantes de su responsabilidad social.

Esta práctica se registra, por ejemplo, y con especial refinamiento, en relación con el caso del enviado especial venezolano Alex Saab, arrestado el 12 de junio de 2020 y detenido desde entonces en Cabo Verde para responder a un proceso de extradición a los Estados Unidos.

Titular de la acción penal, siendo quien, en nombre del Estado y de los ciudadanos caboverdianos, promovió y defiende, ante los tribunales, la extradición de este diplomático, el Ministerio Público de Cabo Verde nunca se dignó a salir al público, por iniciativa propia, para informar a la sociedad de su posición sobre las diversas incidencias que el proceso ha ocurrido durante los 9 meses que ya lleva a los pasillos del Tribunal del Distrito de Sal, el Tribunal de Apelaciones de Barlovento, la Corte Suprema de Justicia y, presente, del Tribunal Constitucional.

De las pocas veces que el Fiscal General de la República (PGR) habló sobre el caso, lo hizo de manera breve y superficial en situaciones en las que se le acercaron periodistas en actos públicos, y para decir, en resumen, que defiende la extradición de Alex Saab, no reconoce la jurisdicción de la Corte de Justicia de la CEDEAO y el proceso está siguiendo su curso en los tribunales.

Invariablemente no responde a las llamadas telefónicas de los periodistas y nunca ha aceptado una solicitud de entrevista, obstaculizando el trabajo de la prensa en lo que cultiva como uno de sus principios más caros y como una garantía de buena información a los ciudadanos: el respeto por lo contradictorio.

En la misma línea, el Gobierno se ha referido a una posición de silencio inamovible, usando un estribillo repetitivo: «no comentamos porque el caso está en manos de la justicia y debemos dejar que la justicia siga su curso».

Se trata de una actitud de renuncia del Gobierno ante una situación que afecta al país a diversos niveles, especialmente en términos de diplomacia y política exterior, integración en la CEDEAO, respeto de los compromisos que lo obligan en virtud del derecho internacional, pero principalmente con respecto a mantener a sus ciudadanos informados y actualizados.

El argumento de que esta omisión se debe al hecho de que una cuestión de jurisdicción judicial no convence a nadie, ya que los contornos políticos del caso son evidentes. Cualquiera, por poco atento que sea, puede ver que la posición del Gobierno, al autorizar inicialmente la extradición, es de alineación con los intereses de los Estados Unidos, y esta no es una decisión que depende de los tribunales.

Al adoptar y defender esta actitud sin concesiones, el Gobierno ha tomado claramente una posición en el conflicto, por el momento solo comercial y diplomático, que se opone a Estados Unidos y Venezuela, y no deja dudas sobre el sesgo ideológico que lo motiva.

Todo esto será legítimo, aunque cuestionable. Lo que no se acepta es que la intención es mantener a los caboverdianos completamente ignorantes de la situación, al menos desde la perspectiva de lo que piensan los representantes del Estado y el fondo de las decisiones tomadas.

En una lectura simple y sin perjuicio de interpretaciones más complejas, y profesando la certeza de que hay derechos de los ciudadanos caboverdianos que están siendo violados, o al menos irrespetados, nos referimos a la Constitución de la República y su catálogo de Derechos, Libertades y Garantías, a saber, su Artículo 47, que establece la Libertad de Expresión y, por extensión, el derecho de los ciudadanos a «ser informados