El gobierno de Enrique Peña Nieto ha permitido que empresas canadienses saqueen el oro de los mexicanos, eso si no de gratis, él recibe su jugosa comisión.
El Tratado de Libre Comercio y la corrupción de empresas privadas han sido la fórmula perfecta para que México sea saqueada de sus recursos naturales, incluso más que en la época de la colonia.
De acuerdo con una investigación publicada por el portal Sputnik News, la permisividad de los gobiernos mexicanos han dejado que empresas transnacionales se adueñen del oro y no solo eso, miles de hectáreas han sido gravemente dañadas debido al proceso de extracción del mineral.
El 75% de las empresas a cargo de los 800 proyectos mineros en México son canadienses, refiere el artículo.
«Con el Tlcan se hizo una ley, que es casi la misma que en toda América Latina, que les dio a las empresas mineras una permisividad adabierta y una preferencia sobre cualquier otra actividad productiva«, explicó a Sputnik, Ivette Lacaba, activista antiminera mexicana sobre el daño que ha causo sobre tierras mexicanas la aplicación del TLCAN desde su aprobación en 1994.
Desde entonces, se han otorgado: 22.000 títulos de concesión para 800 proyectos mineros que ocupan entre un 16 y un 18% de la superficie total del país, el 75% de las empresas del rubro son de origen canadiense, refiere la investigación.
«Se está extrayendo mucho oro y plata, pero de minas agotadas por la época de la colonia y donde se exprime el material de la roca. Hay más proyectos que abarcan más territorio, porque la mina por túnel no es lo mismo que la mina a cielo abierto, que tiene un impacto ambiental muchísimo más fuerte, porque utilizan mucha agua y cianuro o mercurio para lixiviar el oro y la plata», explicó Lacaba.
El lixiaviado es un proceso químico y altamente tóxico por medio del que se separa el material de la roca que lo contiene, removiendo toneladas de tierra para extraer cantidades bajas de mineral.
Sobre esto:el control que México establece a las empresas mineras depende de lo que declaren haber obtenido del subsuelo y con base en eso, se calcula cuánto dinero deben pagar por la riqueza que se llevan. Desde 2014, se gravó la actividad con un impuesto del 7,5% sobre el material extraído, del que las empresas puedan deducir sus gastos de operación, por lo que el pago no es muy elevado. También pagan derecho al agua y uso de suelo, que equivale a unos 50 pesos mexicanos (menos de 3 dólares) por hectárea, cada 6 meses.
«Nosotros decimos que es un saqueo a cielo abierto porque es tan barato sacarlo que se les hace costeable obtener 0,4 ó 0,3 gramos de material por tonelada de roca que dinamitan», sostuvo.
Justo con Peña Nieto la actividad se mantuvo, siendo una de las múltiples fallas durante su gobierno, por lo que se espera que la nueva administración lleve a un cambio a pesar de que Andrés Manuel López Obrador tenga como proyecto abrir las puertas a la inversión extranjera.
Redacción Lechuguinos