Luego que la utilizaran para traficar armas para la operación Gedeón, EEUU, acusó judicialmente a Yacsy Álvarez.

Yacsy Álvarez Mirabal, una mujer venezolana de 40 años –detenida en Colombia en septiembre de 2020 por su presunta participación en el traslado de un arsenal de armas que aparentemente serían utilizadas en la Operación Gedeón, incursión armada organizada desde Colombia para derrocar al presidente Nicolás Maduro- fue acusada formalmente este jueves 22 de abril por la justicia estadounidense por cargos relacionados con el tráfico internacional de armas.

Concretamente, está imputada por «organizar la entrega de 26 rifles de asalto importados sin documentación, junto con equipo militar, entre los que destacan cascos y equipos de visión nocturna», reseñan agencias de noticias.

De su lado, el diario estadounidense Nuevo Herald precisó que en una carta del 1 de julio de 2020, la División de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU informó a las autoridades aduaneras colombianas que había rastreado las llamadas dirigidas a un teléfono celular registrado a nombre de Álvarez Mirabal, en el contexto de una investigación sobre una red de tráfico de armas desde Estados Unidos y Europa hacia Colombia.

La misiva –siempre según esa fuente– fue enviada a funcionarios colombianos por Julio Magallan, agregado adjunto de Investigaciones de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, alertaba que «posibles integrantes de la mencionada organización criminal están realizando actividades de coordinación con fines delictivos» por medio del teléfono celular «utilizado por Yacsy Álvarez, alias Alex».

Magallan también habría remitido comunicaciones a la misma agencia los días 25 de mayo y 10 de junio del pasado año para alertar a las autoridades de su monitoreo sobre dos teléfonos móviles registrados en Colombia, que aparentemente habrían sido usados por la venezolana para delinquir.

Tráfico de armas contra Yacsy Álvarez en EEUU

Estas comunicaciones forman parte de un extenso expediente judicial de más de 1.000 folios, que sirvieron de soporte a la Fiscalía para acusar a Álvarez de organizar la entrega de 26 fusiles de asalto carentes de documentación, así como equipo militar variado a un grupo paramilitar que pretendía derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

De acuerdo con los reportes de El Nuevo Herald, en esta imputación habría resultado decisivo el testimonio de Jorge Molinares, quien sostuvo que, sin saberlo, había trasladado armas hacia Riohacha, una localidad del departamento de La Guajira (Colombia) fronteriza con Venezuela, en donde funcionaban los campamentos en los que paramilitares se entrenaban para la Operación Gedeón, primero bajo la batuta del exgeneral venezolano Clíver Alcalá Cordones y luego de su extradición hacia EEUU, por el mercenario estadounidense Jordan Groudeau.

Molinares aseguró que había recibido un pago de 400.000 pesos colombianos –unos 110 dólares estadounidenses– para trasladar unas maletas desde Barranquilla (departamento de Atlántico) hacia Riohacha, pero fue sorpresivamente detenido por la policía de tráfico en Cartagena en marzo de 2020.

Según los documentos manejados por los fiscales, en ese momento, el conductor habría llamado a Yacsy Álvarez desde la aplicación de mensajería WhatsApp a un número registrado en la ciudad de Miami, con el propósito de advertirle que los funcionarios habían encontrado un arsenal en las maletas.

De acuerdo con la versión de Molinares, Álvarez le aconsejó que intentara sobornar a los agentes ofreciéndole tres millones de pesos –unos 825 dólares– y luego se negó a responder sus llamadas.

El 24 de marzo, el presidente Nicolás Maduro denunció que el armamento incautado sería recibido por Robert Levid Colina Ibarra, alias «Pantera», un desertor del Ejército de Venezuela, que desde Colombia estaría participando en una conspiración para depornerlo.

El tiempo dio la razón al mandatario, porque, de una parte, antes de marcharse bajo custodia a los EEUU, Alcalá Cordones reconoció que se estaba gestando una operación para sacar por la fuerza a Maduro y, de otra, Colina Ibarra fungió como uno de los comandantes de la fallida incursión paramilitar del 3 de mayo de 2020. Falleció mientras se enfrentaba con efectivos de la policía en la localidad de Macuto, estado Vargas, al centro-norte del país.

Adicionalmente, la Fiscalía refirió que al momento de su captura, la traductora poseía 11 tarjetas bancarias, documentos de identidad de Venezuela, Colombia y España y casi 10.000 dólares en efectivo.

La versión de Yacsy Álvarez cuenta una historia muy distinta

En declaraciones ofrecidas a la cadena Caracol desde la cárcel, Yacsy Álvarez aseguró que el gobierno colombiano estaba al tanto de la operación sediciosa que se fraguaba en Colombia contra su vecino, pues tanto ella como Clíver Alcalá Cordones estuvieron en comunicación y contacto permanente con un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a quien conocían como «Franklin Sánchez».

Para sustentar esta grave acusación, su abogado mostró una comunicación rubricada por Jorge Miguel Padilla Ruiz, Director de Inteligencia y Contrainteligencia de la DNI, dirigida al fiscal a cargo de la causa, Carlos Roberto Tribón, en la que solicitaba protección para su defendida, así como la adopción de medidas que impidieran su extradición.

Los servicios de inteligencia colombianos se aprestaron a desmentir estas acusaciones en los medios e inclusive aseveraron que desconocían los vínculos de Álvarez y de otros capturados. «No tenían armamento y manejaron siempre una fachada de albergues venezolanos», reza una comunicación enviada a Caracol el 30 de enero de 2021.

La mujer, que fungía de intérprete de Groudeau, fue capturada el 3 de septiembre junto a   Rayder Alexander Russo y los hermanos Juvenal y José Sequea Torres por la Policía Nacional de Colombia, tras una investigación que duró varios meses y contó con la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). La acusan de contrabando de armas y de entrenar grupos paramilitares.

Dadas las graves consecuencias que podría traerle a Bogotá que su territorio fuera utilizado como base para planificar un golpe de Estado en otro país y entrenar mercenarios para ese fin, el gobierno de Duque no solamente negó cualquier nexo con el evento, sino que acusó a su homólogo venezolano de estar tras la acción, una versión que resulta muy cuesta arriba mantener, pues el 1 de mayo de 2020, dos días antes de la incursión armada en Venezuela, la agencia The Associated Press (AP) publicó un extenso trabajo periodístico en el que se divulgaron detalles de la operación, entre los que se cuentan los entrenamientos que, durante meses, recibieron grupos paramilitares en La Guajira.

Además, la investigación de AP reveló la existencia de un contrato suscrito entre el exdiputado Juan Guaidó y Groudeau, presidente de la contratista de guerra Silvercorp, que sería la encargada de entrenar a los mercenarios en Colombia y de dirigir la acción armada.

El pasado mes de febrero, en una entrevista con esta agencia realizada desde la cárcel, Álvarez mantuvo la versión que le había ofrecido antes a Caracol y aseguró que las autoridades colombianas la usaron como chivo, pues aunque estaban al tanto del plan sedicioso en contra del presidente venezolano, no hicieron nada para impedirlo.

«Agarraron a la más pendeja para pagar los platos rotos de los demás», dijo Álvarez, quien reiteró que su participación en la fallida Operación Gedeón se limitó a fungir de traductora de Groudeau.

De su lado, los fiscales colombianos insisten en que ayudó a traficar armas para los paramilitares, pero ella ha refutado esas acusaciones en varias oportunidades, señalando que no posee «ningún tipo de formación militar ni política».

Tras el nuevo proceso judicial contra Álvarez, su representante legal, Pedro Alejandro Carranza, declinó hacer comentarios sobre el tema y en su lugar se refirió al trato deferente que habría recibido Jimmy Montesinos, otro de los imputados por sus nexos con la Operación Gedeón.

Carranza dijo al Nuevo Herald que Montesinos fue detenido y liberado en dos ocasiones, a pesar de que cuando fue capturado, portaba más de 30 teléfonos celulares «y otros equipos» que serían utilizados por los mercenarios. Esto sería, en su criterio, otra prueba más de que en la Casa de Nariño conocían el complot.

El pasado 8 de marzo, Juan Daniel Giraldo Trujillo, un teniente de la Fuerza Armada Colombiana (FAC), relató a la cadena NoticiasUnoColombia el proceso de captura de Montesinos, que sustentó con grabaciones y fotografías y aseguró que el gobierno de Colombia estaba al tanto del plan de ataque paramilitar contra Venezuela que se gestaba en su territorio. Sin embargo, tanto la captura como su testimonio fueron considerados «ilegales».

En concordancia con las denuncias de Álvarez, a fines de enero trascendió que Rayder Russo y los hermanos Sequea Torres serían imputados por entrenar grupos armados en territorio colombiano, pero que su abogado –un venezolano llamado Eduardo Céspedes a quien Caracol describió como «un exdirigente político de oposición»– avanzaba «en un preacuerdo con la justicia colombiana».

De su parte, las autoridades de Venezuela informaron que harían todo cuanto estuviera a su alcance para conseguir que estas personas fueran extraditadas y juzgadas por las leyes locales.