La sensación de vacío que esto generó en el llamado «Grupo de Lima», coalición internacional armada por Washington para sentar las bases diplomáticas de la operación de cambio de régimen en Venezuela, parece estar siendo llenado por un aumento sostenido del compromiso del gobierno de Colombia con las exigencias de Estados Unidos
Juan Manuel Santos, de salida en la presidencia de Colombia, parece asumir como una de sus últimas tareas en el campo diplomático la imposición de un tono agresivo para que Washington avance en fabricar un consenso regional para escalar las agresiones financieras contra Venezuela.
Con el reloj corriendo hacia las elecciones presidenciales en la nación caribeña, el país vecino emerge en medio del apuro como cohesionador de los gobiernos de derecha de América del Sur. Un comportamiento lógico por la presencia de siete bases militares de EEUU en este país y su condición de capataz en la industria del narcotráfico.
La mentada «lucha contra la corrupción» se ha venido legitimando como discurso para refrendar las intervenciones de EEUU en la región, muestra de ello fue la destitución de Dilma Rousseff con pruebas no contrastadas en 2016, el encarcelamiento del candidato a la reelección Lula Da Silva, el reciente anuncio de una investigación contra el ex presidente Rafael Correa en torno al financiamiento de su campaña presidencial, y la parodia de «antejuicio» contra el presidente Nicolás Maduro por un autonombrado «TSJ en el exilio» desde Bogotá.
Todas maniobras que dan cuenta del uso parcializado de la «lucha anticorrupción» para anular proyectos nacionalistas, en tanto se avala a los gobiernos de Michel Temer y Lenín Moreno para que emprendan la privatización de las industrias básicas colocándolas en manos de capitales transnacionales.
Operación comando contra Venezuela y algunas contradicciones
A pocos días de terminada la Cumbre en Lima, el Ministerio de Hacienda colombiano y Departamento del Tesoro estadounidense anuncian la creación de un «grupo de trabajo estratégico» con el objetivo único de, según sus palabras, perseguir la «corrupción» en Venezuela. Este grupo estará liderado por la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) y contará con el apoyo de la inteligencia panameña y mexicana, países sumamente permeados por el narcotráfico y la corrupción asociada al lavado de capitales.
Anunciaron que la UIAF de Colombia se enfocará en Venezuela casi simultáneamente con el estallido de un escándalo de corrupción en las fuerzas militares de ese país, pues salió a la luz pública que unidades de inteligencia adscritas al Comando General de las Fuerzas Militares colombianas, generales del Ejército y la Armada y hasta un ex comandante, fueron protagonistas de millonarios desfalcos durante más de cuatro años consecutivos, sin que esta especialísima unidad se percatara o creara un grupo con EEUU para investigarlos, a pesar de que es fácil deducir que buena parte de estos miles de millones de pesos robados provengan de los fondos que EEUU entrega anualmente para financiar la guerra.
Un escándalo similar estalló hace cuatro años cuando se supo que gran parte del dinero de los contratos adjudicados por el ejército colombiano entre 2012 y 2013 habría terminado en las cuentas bancarias de militares acusados de asesinar a centenares de personas, lo que se conoció como los «falsos positivos». De esto tampoco se percató a tiempo el Ministerio de Hacienda de Colombia, ni ningún ente rector de la materia. Todo parece indicar que prefieren centrar los esfuerzos fuera de su jurisdicción.
El grupo recién creado pone su mirada selectiva sobre la importación de alimentos que realiza Venezuela y se convierte en una herramienta diplomática para garantizar la implementación del bloqueo económico impuesto por los EEUU que no sólo atacaría al Gobierno Bolivariano, sino también a las empresas internacionales que comercien con el país. En palabras de Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda colombiano con aspiraciones supranacionales: «Este dinero sale de Venezuela para comprar alimentos, pero es retenido por un gran número de compañías y personas con vínculos con el régimen venezolano».
Además dijo tener bien identificadas a las empresas colombianas que aún comercian con el país fronterizo, y anunció que ampliarán sus investigaciones a países donde existen otras empresas que exportan alimentos hacia Venezuela.
Institucionalización diplomática del bloqueo financiero
Con la creación de este grupo, se continúan cerrando las puertas a Venezuela para que adquiera los alimentos que necesita, especialmente de los países vecinos. Se obliga de nuevo a Colombia a bloquear las exportaciones que anualmente realiza hacia Venezuela, las cuales mayoritariamente se relacionan con semillas, artículos de limpieza, medicinas y, por supuesto, alimentos. Se condena también al sector del agro colombiano que en gran medida se beneficia de la importación de fertilizantes desde Venezuela pero, en contraparte, se favorece la recuperación del negocio asociado al «Bolívar Cúcuta» y el contrabando de extracción hacia Colombia.
Ya en 2017, 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no llegaron al país porque el banco estadounidense Citibank boicoteó la compra de este importante insumo, se interrumpió el desembarco de 18 millones de cajas CLAP a Venezuela debido a las trabas impuestas por el sistema financiero estadounidense, el laboratorio colombiano llamado BSN Medical impidió la llegada de un cargamento de Primaquina -medicina usada para tratar la malaria-, 23 operaciones en el sistema financiero internacional fueron devueltas (39 millones de dólares para alimentos, insumos básicos y medicamentos), y finalmente en noviembre del año pasado, 1 mil 650 millones de dólares de Venezuela destinados a la compra de alimentos y medicinas fueron secuestrados por parte de la empresa de servicios financieros Euroclear.
Tras la fachada de la lucha anticorrupción, la creación de este grupo tiene el objetivo no sólo de endurecer el bloqueo económico contra Venezuela, sino de darle un marco institucional a nivel diplomático a un conjunto de operaciones de bloqueo financiero que se han intensificado desde 2017 y que encuentran en Colombia un portavión clave.
(Misión Verdad)
Redacción Lechuguinos
