Por delitos contra la humanidad, Iván Duque, Jair Bolsonaro y Sebastián Piñera deberán responder ante la Corte Penal Internacional.
Los tres países gobernados por estos mandatarios no solo comparten procesos electorales pendientes en los próximos dieciocho meses, sino también acusaciones sólidas contra la humanidad ante La Haya.
Colombia: Las protestas que se retomaron en abril de este año contra las reformas fiscales que golpearían severamente a las clases empobrecidas desataron un nivel de violencia policial sin precedentes en las principales ciudades de Colombia, tanto así que Iván Duque, graduado de la Universidad de Georgetown, semillero de reclutamiento de la CIA, enfrentará ahora cargos de crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional.
La represión de las protestas, violencia y asesinatos en los que participaron tanto las fuerzas del Estado como los paramilitares han dejado casi 2 mil víctimas de violencia policial según la Organización de Derechos Humanos Indepaz. Un reciente informe de Amnistía Internacional observa que los asesinatos de defensores de los derechos humanos colombianos se han intensificado bajo el mandato de Duque.
Chile: Tras la violenta represión por parte de sus fuerzas de seguridad en las protestas que estallaron en Chile en 2019, Sebastián Piñera enfrenta ahora cargos por crímenes de lesa humanidad, siguiendo los pasos de Pinochet. A principios de 2019, una delegación que representa al pueblo indígena mapuche presentó una petición en La Haya acusado al gobierno de Piñera de genocidio. Seis meses más tarde, cuando estallaron las manifestaciones masivas, su brutal represión dio lugar a nuevas acusaciones en la CPI.
La represión de las protestas dejó una treintena de muertos, 460 personas con lesiones oculares y más de 8 mil 800 denuncias por delitos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Las denuncias fueron confirmadas por informes de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Brasil: En noviembre de 2019, Jair Bolsonaro se enfrentó a la primera de una serie de acusaciones en la corte penal internacional por crímenes contra la humanidad e incitación al genocidio. Su gestión sobre la crisis del coronavirus ha cobrado la muerte de un brasileño por cada 500. Un informe de la Universidad de Sao Paulo y la ONG Conectas determinó que el gobierno de Bolsonaro ha fomentado las muertes por la pandemia a través de la propagación intencional del virus, el rechazo de las medidas para controlarlo y la supresión de las vacunas.
También destaca en su prontuario la peor masacre de la historia de la policía de Río de Janeiro; el 5 de mayo, Bolsonaro se reunió con el gobernador de Río, Cláudio Castro en su residencia oficial, al día siguiente se produjo la masacre: 28 muertos en la favela de Jacarezinho.
Por qué es importante: Los procesos judiciales en la Corte Penal Internacional podrían ser un mero trámite político para apaciguar la condena pública y el rechazo que enfrentan los tres mandarlos en sus respectivos países. Sin embargo, es necesario recordar que en el caso de Colombia, es un país receptor de ayuda militar en el hemisferio por parte de los EE.UU., clave para su estrategia de supresión de los movimientos progresistas en la región.
En el caso de Piñera, su gobierno destaca también por haber probado estrategias de violencia policial que ahora son replicadas en Colombia: apuntar y disparar balas de goma a los ojos de los manifestantes.
Bolsonaro, por su parte, cuenta con un dato no menos importante a la hora de dar por sentado posibles enjuiciamientos penales: fue el primer líder brasileño de la historia en visitar la sede de la CIA dos meses después de su toma de posesión, cuenta con el apoyo del Consejo Atlántico y la promesa de convertirlo en miembro asociado de la OTAN al igual que Colombia, es fundamental para cualquier plan estratégico de EE.UU. en Sudamérica.
Con información de Instituto Samuel Robinson