Las autoridades peruanas detuvieron este miércoles a la excandidata presidencial y líder opositora Keiko Fujimori.
Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori apareció escoltada por la policía y con una prenda cubriendo las esposas.
El juez Richard Concepción Carhuancho emitió una orden de detención por diez días contra Fujimori y otras 19 personas como parte de una investigación de lavado de activos del caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
«El hecho investigado gira en torno a la constitución de una organización criminal en el interior de Fuerza Popular (partido de Fujimori) que tenía entre sus fines obtener poder político», dice la resolución que ordena el arresto.
La policía detuvo a Fujimori mientras se encontraba en la Fiscalía peruana, donde había acudido para declarar sobre esta pesquisa.
El Poder Judicial de Perú explicó que ordenó esta medida por existir «elementos de convicción que relacionan a los citados con el delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación».
La lista de personas con orden de captura también incluye a dos exministros fujimoristas, Augusto Bedoya y Jaime Yoshiyama. Este último se encuentra fuera del país, según su abogado.
La Fiscalía de Perú investiga los supuestos aportes de Odebrecht a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, elección que perdió contra Ollanta Humala.
Según Jorge Barata, exrepresentante de la constructora en Perú, esta empresa le entregó US$1 millón al partido de Fujimori.
Además, en una agenda de Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa, se encontró la anotación «Aumentar Keiko a 500», lo que las autoridades peruanas toman como indicio de trasferencias de dinero.
El financiamiento de Odebrecht sería uno de los medios del partido de Fujimori para «obtener el poder político», según la orden de detención.
La organización recibía «aportes ilícitos de Odebrecht (…), para que luego estando en el poder, retribuyera esos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios normativos y/o judiciales, continuando así con un mecanismo de corrupción empresarial y estatal», detalla la orden.
Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que había pagado US$29 millones en sobornos a políticos peruanos entre 2005 y 2014.
Redacción Lechuguinos
