Presentamos para su lectura y análisis el artículo “Los derechos humanos en Cabo Verde: una retórica político-constitucional engañosa”.

Ya habíamos expresado aquí, en un texto con dignidad editorial dado a la imprenta hace unas semanas, la bien fundada idea de que la Constitución de la República de Cabo Verde (CRCV) y todo el ordenamiento jurídico que de ella emana y formatea nuestro Estado de Derecho se fundamenta sólidamente en el hombre y, en consecuencia, en el reconocimiento, la defensa y la protección de sus derechos.

El libro de derechos, libertades y garantías es visto como uno de los principales enunciados de la normativa constitucional caboverdiana, y a lo largo de las décadas -aún pocas, pero ya configurando un camino muy encomiable- los caboverdianos, a través de los diferentes sistemas con los que se gestiona el país, han buscado construir una sociedad justa, donde la ley gobierne, sobre todo, pero nunca contra los derechos y deberes de los ciudadanos.

El pilar de la justicia, si bien presenta, aquí y allá, debilidades que se deben menos a la superestructura e infraestructura jurídica existente que a quienes la sirven y administran, ha buscado hacer su trabajo, mostrando algunos buenos signos de sintonía con los deseos de la ciudadanía. sociedad. Estas virtualidades son aplaudidas y elogiadas, pero, por otro lado, algunos defectos y prácticas han ido erosionando, en los últimos tiempos, la buena imagen que se ha creado del sistema, y no se ha inhibido a la ciudadanía, en relación a tales disfunciones, manifestando sus críticas.

La Procuraduría General de la República (PGR), con sus acciones, se ha preparado para recibir tales diatribas. Son innumerables los casos en los que, a pesar de ser el titular de la acción penal y el guardián de la legalidad en defensa del Estado, ha optado por desconocer el interés público, mientras que, en otras situaciones, ha actuado con mano de hierro y tomado sus acciones hasta las últimas consecuencias, afán, supuestamente, por defender, ante las leyes, el bien común.

Pero la imagen que el Ministerio Público caboverdiano logra trasmitir a la sociedad no la respalda al final, ya que despierta la percepción de estar frente a una entidad implacable con las víctimas y subordinada a los verdugos como los económicamente poderosos y el poder del Estado, cuyas instituciones son, por regla general, por acción, omisión o simple disuasión, los grandes depredadores de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Pero volviendo a los Derechos Humanos, invocaremos, aunque sea brevemente, el caso del diplomático venezolano Alex Saab, para dar alguna ilustración de lo que estamos diciendo sobre la actuación de la PGR (nos referimos a la institución y no a su titular), con prácticas que constituyen una violación sistemática de los derechos de este ciudadano, cuya condición de extranjero no lo diferencia en modo alguno, según el derecho caboverdiano e internacional, de ciudadano nacional.

Y fue contra los derechos y libertades más elementales de esta persona que el Ministerio Público, apoyado por algunos tribunales caboverdianos, se negó a aceptar la decisión competente del Tribunal de Justicia de la CEDEAO, que Cabo Verde es miembro de pleno derecho, y una recomendación expresa del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH).

Es, por tanto, a favor de intereses políticos perfectamente identificados, pero claramente espurios, que Alex Saab se encuentra detenido en Cabo Verde, sujeto a condiciones penitenciarias extremas y corriendo el riesgo de extradición que podría valerle, en Estados Unidos, cadena perpetua o incluso la pena de muerte, que contradice, en espíritu y letra, todo lo que la Constitución de la República de Cabo Verde defiende y representa.

Pero si la defensa y protección de los Derechos Humanos son rasgos de identidad del Estado de Derecho Democrático en Cabo Verde, será con la mayor preocupación que la sociedad busque algunos signos inconfundibles de la erosión de esta valencia de retórica político-jurídica que inspira la Constitución y consuela a los ciudadanos caboverdianos, pero que en los últimos tiempos ha demostrado ser engañosa.

Una de estas señales es el anuncio, recientemente realizado por el Gobierno, de la intención de absorber las competencias y atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía (CNDHC) por parte de la estructura de la Defensoría del Pueblo (PJ), institución inocua cuya labor los ciudadanos desconocen y cuyos resultados se desconocen, porque sus decisiones no son vinculantes y porque no cuentan con los recursos económicos y humanos suficientes.

Este anuncio del Gobierno, si se lleva a cabo, será claramente un paso atrás en la defensa y protección de los derechos humanos en Cabo Verde. Si bien, al igual que con el PJ, las deliberaciones de la CNDHC no tienen fuerza de ley para ser ejecutadas, la institución monitorea activamente la situación de DH en el país, presenta informes periódicos e informes a organismos internacionales como el CDH.

Para un país que se jacta de ser uno de los campeones de la democracia en África y en el mundo, y por lo tanto goza de un marco generoso de cooperación internacional que le ha permitido obtener recursos para su desarrollo, Cabo Verde está tomando el camino contrario deseable y aconsejable.

En lugar de diluir la CNDHC en la estructura del Defensor del Pueblo, debería empoderar aún más a esta institución (o ambas), dotándola de más recursos, competencias y atribuciones y asegurando que, dentro de su propio marco legal, sus decisiones sean aprobadas.

Ya propugnamos la idea de una instancia jurisdiccional específicamente dirigida a la defensa y protección de los derechos humanos en Cabo Verde, pero dado lo que está surgiendo y que puede ser catastrófico, nos contentaríamos con fortalecer las competencias de la CNDHC o, si es más modesto y, en consecuencia, más realista, nos satisfaría conservar lo que todavía tenemos. Ya sería una buena ganancia.