ONG pro derechos humanos denuncian ante la Corte Penal Internacional (CPI) una “consolidación del paramilitarismo urbano” en Colombia.
Un nutrido grupo de organizaciones sociales y oenegés, junto al senador Iván Cepeda, entregaron este fin de semana a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, un nuevo informe en el que se revelan 229 nuevos casos de crímenes de lesa humanidad ocurridos en las manifestaciones contra el Gobierno del presidente Iván Duque, lo que consolida el paramilitarismo urbano.
La denuncia, que complementa una primera presentada el pasado 12 de mayo ante la CPI, recoge “229 hechos violentos ocurridos del 11 de mayo a la fecha, que hacen referencia a 1271 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 554”, dijo Cepeda a la agencia española de noticias Efe.
El legislador precisó que, en el texto, se detallan cifras recientes y nuevos casos de asesinatos, violaciones, violencia sexual, tortura, otros actos inhumanos y hechos de “paramilitarismo urbano, como nuevo modus operandi contra la protesta social”.
Además, señaló que los nuevos hechos documentados reafirman la existencia de 22 patrones de conducta, acciones u omisiones, con relación a crímenes de lesa humanidad cometidos supuestamente por los miembros de la Policía, el Ejército, y civiles armados, como respuesta a las movilizaciones pacíficas que se han ido desarrollando a lo largo del país en las últimas siete semanas.
Las masivas manifestaciones estallaron el 28 de abril contra las políticas de corte neoliberal de Duque. Hasta el momento, las protestas se han saldado con 20 muertos, según la Fiscalía General de Colombia.
Empero, los agentes sociales sostienen que hay registro de 45 homicidios cometidos por la fuerza pública, 1649 detenciones arbitrarias, 65 agresiones oculares y 25 casos de violencia sexual, entre otras violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública.
En el texto se advierte de que, el silencio y la ausencia de condena pública por parte del propio Duque y su inmediato círculo gubernamental sugiere que reina un clima de “favorecimiento y protección que ha permitido que esas acciones se repliquen en distintas ciudades del país, sin ningún tipo de control ni limitación”.
Ante este panorama, los denunciantes instaron a la Fiscalía de la CPI a estudiar en “materia de complementariedad”, la pasividad del Estado y la falta de eficacia e independencia de los organismos judiciales, de control y de garantía de los derechos humanos, como son los casos de las actuaciones parcializadas de la Procuraduría General de la Nación, promovidas por el fiscal general, Francisco Barbosa, así como las actuaciones omisivas del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
