En un trabajo de investigación, Misión Verdad deja al descubierto el plan que hay para presionar a Colombia, para que genere un conflicto militar con Venezuela.

En las últimas semanas han subido los tonos que ponen en la mesa de discusión pública una confrontación bélica entre los vecinos países de Venezuela y Colombia. Algunos altos funcionarios estadounidenses y colombianos destacan las opciones militares, en específico una intervención que intentaría derrocar al gobierno presidido por Nicolás Maduro, como la modalidad necesaria ante la supuesta falta de acción regional y mundial en rechazo al ejecutivo venezolano.

Para muchos colombianos este paradigma bélico estaría fuera de lugar dada la inestabilidad económica, social y política interna que la Administración Duque debe atender. De esta manera, los signos que se desprenden de una posible guerra desencadenada por Colombia no dejan de ser rechazadas por políticos, analistas y periodistas. Sobre todo luego de haberse anunciado un acuartelamiento por parte de las fuerzas armadas colombianas a lo largo y ancho de la frontera y la solicitud del Ministerio de Defensa al Congreso para una aprobación del aumento presupuestario.

La promoción de una guerra convencional entre Venezuela y Colombia obedecen a varios factores propugnados desde diferentes niveles. Pero en suma, serían dos los principales agentes, heterógeneamente unidos, que buscan subir la temperatura bélica a las ya calientes relaciones bilaterales.

Desde Estados Unidos

El primero en anunciar la «opción militar» sobre Venezuela fue el mismo presidente estadounidense, Donald Trump, quien no ha ocultado que la maneja entre sus alternativas para deponer al criminalizado gobierno de Maduro.

De hecho, el Congreso estadounidense hizo tal petición al secretario de Defensa, James Mattis, y ha sido el máximo ente legislativo de ese país el que ha pujado por más sanciones contra Venezuela, con el lobby de Florida como principal agente de la intervención.

Es el senador Marco Rubio junto a otros congresistas de la Cámara de los Representantes (Ileana Ros-Lehtinen, Mario Diaz-Balart, Carlos Curbelo) el que con mayor afinco ha hecho lo posible para atacar, desde la institucionalidad de Washington, al gobierno venezolano en específico y al país entero en general.

El interés por parte de Donald Trump por lo que ocurre en Venezuela se debe, sobre todo, a Rubio, cuya vocería ha significado un mayor desplazamiento del Departamento de Estado como institución regidora de la política exterior en torno a lo que ocurre en América Latina y el Caribe. En las herramientas y argumentos del senador de Florida sobre el actual gobierno de los Estados Unidos están las esperanzas de que los residentes del Doral y Miami, entre ellos banqueros y empresarios prófugos, militares sediciosos y políticos de otra época, puedan materializar el sueño (pesadilla de otros) de ver exterminado el chavismo de la faz, si no planetaria, al menos regional.

Por medio de los operadores más influyentes de Florida, bastión electoral de Trump en los comicios presidenciales de 2016, la idea de atacar Venezuela tomó una relevancia hoy que en las eras Bush hijo y Obama nunca tuvo. Esos mismos intereses resuenan en las palabras del vicepresidente Mike Pence, quien ante las Naciones Unidas afirmó que, en el marco de una guerra entre los Estados venezolano y colombiano, se mantendría del lado de la Administración Duque.

Declaración ésta que se une a lo pronunciado por Donald Trump, también en la ONU: dijo a periodistas que «todas las opciones están sobre la mesa» en cuanto a Venezuela, siendo nuestro país también usado como un comodín electoral debido a los próximos comicios de medio término en Estados Unidos y la continua cartelización mediática que en esa nación predomina en torno a la demonización del Gobierno Bolivariano.

Rahm Emmanuel, funcionario de la Administración Obama, hizo énfasis en que el mismísimo Trump podría ordenar un (improbable) ataque militar contra Venezuela para los efectos positivos del Partido Republicano en las elecciones de noviembre, con la Florida como principal afluente de votos.

En esto último el presidente colombiano Iván Duque y el actual mandatario de la Casa Blanca tienen mucho en común, pero no sólo ello: los intereses de ese grupo de presión y lobby que existe en Washington para pujar una intervención contra Venezuela también se compaginan con los de ciertos sectores de la oligarquía bogotana y paisa (específicamente de Medellín, departamento de Antioquia).

Desde Colombia

El anuncio de que el Pentágono dio el visto bueno para que el buque hospital USNS Comfort (que siempre toma parte en conflictos militares) encallara en aguas colombianas, bajo la connivencia del gobierno de Duque, para supuestamente ayudar a los migrantes venezolanos en la frontera binacional, dio una importante alarma al gobierno de Maduro y a la FANB de que Colombia sería el principal agente de intervención.

Los cambios estratégicos en el fondo de las fuerzas armadas de Colombia bajo la Doctrina Damasco intentan darle una dinámica a la rama militar de su país que colinde con lo internacional, luego de que, en el marco de los Acuerdos de Paz con las FARC, se desplazara el concepto de «enemigo interno» por el móvil de ofrecer asistencia a escala regional y planetaria como socio global de la OTAN y principal aliado latinoamericano del Pentágono.

Esa preparación doctrinaria, aún en lento proceso, podría dar a pensar que el ejército colombiano buscaría internacionalizar su experiencia hacia otras zonas en conflicto, e incluso impulsar contextos beligerantes, con toda una estructura de apoyo detrás como la occidental.

Lo que podría o no hacer el ejército colombiano contra Venezuela sería ordenado por el jefe de la Casa de Nariño, Iván Duque, quien recibe presiones de distintos tipos para provocar una confrontación con el vecino país.

El propio presidente tiene como mentor político a Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia durante dos periodos consecutivos ahora partícipe en el Senado, protagonista de momentos diplomáticos álgidos entre su gobierno y el de Hugo Chávez. Desde su curul, y también ante empresarios y políticos estadounidenses, ha defendido la estrategia de invasión militar contra Venezuela, o de golpe militar al gobierno de Nicolás Maduro.

Uribe representa sobre todo los intereses de la oligarquía paisa, pues su paso por la gobernación del departamento de Antioquia lo consolidó como uno de los operadores políticos más encumbrados de Colombia (siendo aliado comercial del famoso narco Pablo Escobar), cuestión que también lo llevó a la Presidencia de la República con una política de alto conflicto antiguerrillero y en el marco del Plan Colombia estadounidense. Fue durante su mandato en la Casa de Nariño que la violencia paramilitar recrudeció, al igual que los falsos positivos y los arrebatos de los carteles de la droga.

En la misma línea, tomando en cuenta la «opción militar» de Trump, el actual embajador colombiano en Estados Unidos, Francisco «Pacho» Santos, representante de la oligarquía bogotana al igual que su primo Juan Manuel Santos y vicepresidente durante la era Uribe (2002-2006, 2006-2010), dijo recientemente desde Washington que «todas las opciones valen para Venezuela», cuestión que creó animadversión en la opinión pública y mediática de Colombia pues un alto oficial diplomático sugiere que la invasión militar propuesta por Uribe es una política de Estado.

De la misma forma declaró el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la frontera colombo-venezolana, diciendo: «En cuanto a intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción».

Que tan singulares operadores políticos de alto rango declaren de manera tan similar sólo dicta al análisis que existe una cartelización en torno a esa estrategia de beligerancia extrema, en el que el ejército colombiano no está preparado aún para afrontar de manera convencional, con la FANB afianzada de recursos armamentísticos y doctrinarios militares y apoyos geopolíticos (China y Rusia) que cumplen la función de disuasión del conflicto.

Respuesta y prospectiva

A pesar de que el embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, fue categórico al expresar que, en un conflicto militar entre ambos países, el Pentágono haría lo propio para proteger a su principal aliado en América Latina, el presidente Iván Duque no está muy seguro de tomar el callejón militar.

Más bien, ha optado, al menos desde el discurso, por seguir la estrategia de presión internacional diplomática, y a través de sanciones, que el Grupo de Lima ha acompañado en los últimos 14 meses. El retiro de Colombia de la multilateral UNASUR, liderada por Venezuela, fue una de las primeras acciones que tomó Iván Duque como mecanismo de presión diplomático internacional, consecuencia de lo que dice en torno a la estrategia a seguir contra el chavismo.

Este cisma entre lo expresado por la dupla Uribe Vélez-«Pacho» Santos y Duque muestra claramente que no hay un consenso en torno a la agenda de intervención militar en el establishment colombiano que obligaría a enfilar todas las baterías contra Venezuela.

¿Las causas de este desencuentro de Duque? Podemos nombrar tres.

El aumento del narcotráfico es una crisis que ha puesto en tensión las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, sobre todo por la manera en que se aproximan ambos Estados a una política contra los principales carteles. Es una paradoja que debe enfrentar, debido a que los activos del narco salvan a la economía colombiana. Duque afronta un contexto difícil en el que la capacidad del Estado para dar solución a la crisis interna se pone a prueba, siendo éste un eje fundamental de cualquier país.

La paz en Colombia está siendo amenazada por las turbulencias sociales producto del paramilitarismo y el mismo narcotráfico. Más de 150 líderes sociales han sido asesinados en 2018, y operadores de las FARC han denunciado el incumplimiento por parte del Estado de los Acuerdos de La Habana. Asimismo, posibles acuerdos con el ELN parecen en este momento difíciles de llegar por las prerrogativas que el mismo Duque aspira. Estados Unidos y la OTAN han sido enfáticos sobre la situación de paz que debe haber en Colombia para ascender a su ejército a la cúspide militar occidental como «socio global».

Una crisis de identidad política se ha establecido en el seno de la Administración Duque, pues Uribe Vélez toma los principales focos en cuanto a la vocería oficial y la política interna que toma el gobierno colombiano. Ante la opinión pública, Duque parece cada vez más un delfín del ex presidente antioqueño, cuestión que lo obliga a desentenderse de ciertas líneas fundamentales del uribismo, pero que lo coloca en un limbo discursivo y político cuyo sostén popular ha decrecido en un 12%, según los últimos sondeos.

Una crisis que debe enfrentar Duque es la situación que vive en estos momentos el departamento Norte de Santander, donde se votó mayoritarimente por él (77%) y donde también existe un abandono estatal sin precedentes en los últimos años.

El gobierno de Venezuela tomó medidas económicas en torno al subsidio de la gasolina y al control cambiario que impactarían negativamente el negocio del contrabando de combustible, legalizado por Uribe Vélez durante su mandato, y que mantiene a flote (mínimamente) aquel departamento.

El combustible venezolano, a su vez, también sirve a los efectos de preparación de la cocaína que es comerciada por los carteles de la droga en las aproximaciones fronterizas colombo-venezolanas, y las medidas de Maduro afectarían de manera severa aquel narconegocio que tiene ganancias anuales de 12 mil millones de dólares, y que también oxigena de a poco el entramado económico del Norte de Santander y del país en general.

La dialéctica entre las medidas del subsidio de la gasolina por parte del Gobierno Bolivariano y la reacción de Bogotá pone en una encrucijada a Duque, quien desestima hasta los momentos una opción militar contra su vecino país pero que ya viene siendo presionado tanto por las oligarquías colombianas como por funcionarios estadounidenses, que tienen en el gobierno de Colombia, junto con el saliente de México, uno de sus aliados decisivos según la CIA.

En medio de esto, aún hay cosas por definir por parte de la Administración Duque para que la agenda de la intervención militar prosiga como lo definen Rubio, Almagro y Uribe. Lo cierto es que Miraflores ha acusado varias veces las amenazas que se ciernen a través de la frontera, teniendo conocimiento de los fuertes intereses y razones que tienen las élites occidentales para generar un contexto de guerra entre Venezuela y Colombia.

Redacción Misión Verdad