La Corte Suprema de Chile ha emitido esta semana veredictos que favorecen a siete represores de la dictadura de Augusto Pinochet.
La consternación se hace presente en Chile apenas se dio a conocer el primer dictamen este martes, donde se admitía el recurso de amparo y se le otorgaba la libertad condicional a cinco oficiales retirados del ejército.
Los oficiales se encontraban encarcelados en una prisión de Santiago cumpliendo delitos de torturas, secuestro y homicidio, varias de las acusaciones ligadas a ilícitos de lesa humanidad.
«Las Convenciones suscritas por Chile en materia de derechos humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la libertad condicional», dice parte del dictamen.
Ese primer veredicto dejó en libertad al ex oficial Manuel Antonio Pérez Santillán, condenado por el asesinato del químico Eugenio Berríos, ocurrido en 1991.
Asimismo, fue liberado el suboficial retirado de Carabineros Gamaliel Soto, sentenciado por el secuestro calificado del médico Eduardo González Galeno en 1974.
Tambien recibieron el beneficio los antiguos suboficiales mayores Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda y José Quintanilla Fernández.
Ambos fueron hallados culpables de la detención y tortura de Nizca Báez y la desaparición de su esposo, el estudiante universitario y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Alonso Lazo Rojas, hecho ocurrido en 1975.
El miércoles, cuando las víctimas de la sangrienta dictadura apenas empezaban a asimilar la noticia, la Corte confirmó la liberación de Emilio de la Mahotiere González y Moisés Retamal Bustos, también violadores de derechos humanos, por haber cumplido al menos la mitad de la pena
Mahotiere fue un brigadier y piloto de helicóptero, quien estaba preso cumpliendo una pena por el delito de complicidad en los homicidios de 14 opositores durante la instalación de la dictadura de Pinochet, en el caso de ‘La Caravana de la Muerte’.
Por su parte, Retamal había sido condenado a seis años de cárcel por el secuestro, en 1973, de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy, que hasta la actualidad se encuentran desaparecidos.
Organizaciones de derechos humanos de Chile salieron a marchar en el centro de Santiago, hasta la sede de los tribunales, para recordar a las víctimas de la dictadura de Pinochet y expresar su rechazo a los nuevos dictámenes de la Corte Suprema.
El diputado Gabriel Boric calificó la sentencia de la Corte Suprema como «una vergüenza para Chile y un atentado contra el derecho internacional».
Redacción Lechuguinos
