De Zayas es el experto enviado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a Venezuela con el encargo de elaborar un informe sobre llamada crisis humanitaria que vive el país suramericano.

El experto independiente en derechos humanos, Alfred de Zayas, publicó en 2019 un artículo en el que señalaba que la utilización de los derechos humanos como arma ha transformado el derecho individual y colectivo a la asistencia, la protección, el respeto y la solidaridad basados en nuestra dignidad e igualdad humanas comunes, en un arsenal hostil a los competidores y adversarios políticos.

El informe, lejos de avalar el discurso mediático internacional de Estados Unidos, mostró una realidad muy distinta. De Zayas consideró que una de las mayores causas de la crisis venezolana se debía a las sanciones unilaterales adelantadas por los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

Consideró que las sanciones y los bloqueos económicos modernos son comparables con los asedios medievales de las ciudades con la intención de obligarlos a rendirse. Las sanciones del siglo XXI intentan poner no solo a una ciudad, sino a los países soberanos de rodillas. Una diferencia, quizás, es que las sanciones del siglo XXI van acompañadas de la manipulación de la opinión pública a través de ‘noticias falsas’, relaciones públicas agresivas y una retórica seudohumana para dar la impresión de que el ‘final’ de los derechos humanos justifica los medios criminales.

La publicación del informe fue retrasado casi un año por la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, en ese momento, dirigida por el jordano Zeid Raad Hussein.

Solo ojos para Venezuela

El 4 de julio de 2019, luego de una invitación hecha por el propio Gobierno de Nicolás Maduro, Michelle Bachelet publica un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.

La expresidenta chilena, además de no considerar el enfoque de De Zayas, avaló un documento que omitía la versión de las víctimas de la violencia promovida por la oposición en el año 2017, según denunció Caracas.

No terminaría allí. El 18 de diciembre de 2019, mientras en Chile más de 300 personas eran mutiladas por las fuerzas de seguridad de Sebastián Piñera y la dictadura de Jeanine Áñez en Bolivia masacraba a los partidarios de Evo Morales, la comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, prefería enfocarse en Venezuela.

El informe presentado, conocido como Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, incluye una serie de ‘preocupaciones’, que vistas bajo el filtro de la experiencia, se convertirán en los ejes bajo los cuales rotará la estrategia de ‘cerco y asfixia’ que Estados Unidos  aplicará  contra la nación bolivariana.

Guerra al oro venezolano: bloqueo financiero total a Venezuela

Bachelet expone su preocupación por el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios.

A dicha consternación de la alta comisionada le preceden las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Marzo de 2019 a la compañía estatal de minería venezolana Minerven y a su presidente, Adrián Antonio Perdomo Mata.

En una inusual muestra de preocupación medioambiental, que no aplicó cuando la British Petroleum derramó 780 millones de litros de petróleo en el golfo de México y afectó las costas de Florida, Luisiana y Cuba, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos declaró que iban a perseguir agresivamente a aquellos involucrados en el comercio ilegal e incauto de oro de Maduro, el que contribuye a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental.

Por otro lado, si seguimos en los dobles estándares, la comisionada de Derechos humanos exhortó al Gobierno venezolano a «desarticular grupos armados irregulares presentes en el Arco Minero del Orinoco». Solo esperamos que esto se aplique a los recientes grupos paramilitares que atacaron un puesto militar al sur de Venezuela y que según el vicepresidente venezolano y ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, recibieron entrenamiento en «campamentos paramilitares plenamente identificados en Colombia», además de la colaboración del Gobierno de Jair Bolsonaro.

De la impunidad para los políticos presos

El 15 de diciembre de 1812,  el libertador Simón Bolívar escribió un documento —conocido como el Manifiesto de Cartagena— donde explicaba cuáles habían sido las causas de la pérdida del primer intento de República.

Doscientos años después, Michel Bachelet  pide «la libertad plena para el diputado Juan Requesens y para todos los presos políticos». Quien fue participe activo en la conspiración para llevar adelante un magnicidio contra el presidente de la República el 4 de agosto del 2018.

Elecciones libres en el país más auditado del mundo

Bachelet consideró crucial que «en las elecciones planteadas para 2020 en Venezuela se garanticen unos comicios libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficos». Algo en lo que coincide con el Gobierno de Nicolás Maduro, cuyo partido ya ha anunciado que en 2020 se realizarán elecciones parlamentarias.

Sin embargo, un sector radical de la oposición venezolana encabezado por María Corina Machado, sigue haciendo llamados para alentar una salida de fuerza a la situación política en Venezuela.

El silencio absoluto de Bachelet, ante el golpe de Estado dado a Evo Morales en Bolivia, no parece ser muy coherente con sus palabras de más democracia para Venezuela.

Las FAES en la mira

Es posible que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos jamás haya instado a la disolución del Mossad, de las Navy Seals, o de otros tantos grupos de operaciones especiales asociados a la OTAN, implicados en crímenes de lesa humanidad alrededor del mundo.

¿Las razones? No se trata de Venezuela.

Bachelet asume que ha documentado «posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional –conocidas como FAES– en algunos barrios del país» y sin necesitar mayor precedente  recomienda «la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales». Además, con el fin de alimentar el expediente que el Tribunal Penal Internacional pretende adelantar contra Nicolás Maduro deja una línea nada inocente, «por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno», señala.

A pesar de que la propia Bachelet reconoce que el Ministerio Público envió información de que entre agosto de 2017 a mayo de 2019 se habían condenado «104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos», el Gobierno venezolano debe ser mucho más proactivo tanto a nivel procedimental como comunicacional, si no desea que esta línea de ataque contra Venezuela se convierta en una excusa para la agresión contra el país.

Lamentablemente, y vista la poca fuerza que ha demostrado Bachelet para atender los gravísimos casos de violación de derechos humanos en Chile, en Palestina, en Yemen, en Libia o en el propio Estados Unidos —donde decenas de niños centroamericanos han sido secuestrados o muertos en custodia de la policía migratoria estadounidense— no nos queda evaluar su actualización como una herramienta más dentro del entramado de Lawfare que se usa para atacar a los Gobiernos contrarios a la línea de Washington.

¿Cuántos carabineros procesados habrá en Chile por la mutilación ocular de más de trescientas personas?

He aquí una buena pregunta para comenzar este 2020, comisionada Bachelet.

Sputnik – José Negrón Valera