Según el informe Guaidó y su combo usurpó funciones, conspiró, traicionó y se asoció para delinquir contra la patria.

La Comisión Especial de diputados, designada por la plenaria, el 07 de enero de este año, para investigar las “Acciones Perpetradas Contra la República por la directiva y miembros de la Asamblea Nacional del Periodo 2016 /2021”, concluyó en su informe que este grupo de parlamentarios usurpó funciones, conspiró, traicionó y se asoció para delinquir contra la patria.

Un equipo de 28 diputados investigó  y evidenció  los colosales daños económicos, sociales y políticos que generaron al país las actuaciones de un grupo de parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN) que, “durante los últimos 5 años, utilizó su investidura parlamentaria para tratar de destruirlo con un entramado de corrupción apoyado internacionalmente”.

El informe preliminar de la investigación presentado en la plenaria el pasado 04 de marzo señala que no existe precedente histórico de tantos hechos, como los acontecidos en Venezuela en este   periodo legislativo, encaminados a la destrucción de un Estado- Nación, resaltando la ejecución de 177 actos legislativos  dirigidos a   acabar con el actual sistema de Gobierno Republicano, los cuales han causado un desmesurado daño a la población venezolana.

Se afirma en el documento que no ha existido, ni existe, un país en el mundo cuyo asedio esté fraguado con el apoyo de factores políticos internos, movidos por intereses políticos, económicos y personales, quienes calificándose de opositores y representantes de un gran sector de la población, promuevan la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, humillantes y perversas que inciden en toda la población.

Los 28 parlamentario de diversas tendencias políticas que conforman la comisión especial, interpelaron y recopilaron testimonios de diversos actores vinculados a los sucesos; analizaron documentos; compararon hechos, declaraciones públicas y confesiones de    los principales protagonistas de los “crímenes cometidos durante el ejercicio legislativo del periodo constitucional 2015-2020”.

La comisión Especial dirigida por los diputados José Brito (presidente), Hugbel Roa (primer vicepresidente) y Vanesa Montero (segunda vicepresidenta), individualizó las responsabilidades políticas presentando una cronología de los actos Legislativos que las diferentes directivas ejecutaron durante el periodo objeto de estudio.

Esto permitió observar con claridad cada una de las violaciones que fueron cometidas por la Asamblea Nacional y establecer responsabilidades políticas, administrativas, y penales que serán aportadas a los órganos competentes del Estado. También se cuantificaron los daños materiales, patrimoniales, políticos, sociales, económicos y morales generados al país.

En el ámbito político se destaca como un acto sin precedentes y violatorio de la constitución, el establecimiento de un gobierno paralelo de autoproclamación, con el manifiesto propósito de producir el derrocamiento del gobierno, no afecto a los intereses de algunas  potencias mundiales, sin importar las consecuencias destructivas que, sobre la República y los ciudadanos, ha tenido esta cruel estrategia.

Igualmente es trascendente la declaratoria de desacato a la Asamblea Nacional, que trajo como consecuencia la nulidad de todos los actos emanados del legislativo, tras desconocer  la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordenaba desincorporar a 4 diputados, hasta tanto no se resolviera una controversia sobre irregularidades en su elección.

Se señalan también como violatorias las actuaciones de los diputados tendientes a solicitar la intervención de organismos e instancias internacionales en asuntos internos de la República y la intromisión del Poder Legislativo, asumiendo atribuciones que constitucionalmente son propias del Poder Ejecutivo.

Todos estos actos, se señala en el informe, estuvieron destinados a subvertir el Estado, Democrático y Social de Derecho y de Justicia, con el fin último de destruir el sistema de Gobierno Republicano, debilitando el sistema económico y financiero nacional e internacional, para causar un descomunal daño a la población  y crear un estado de inconformidad general .

Para evidenciar el daño patrimonial que las acciones ejecutadas por el parlamento anterior generaron al país, el presidente de la comisión, diputado José Brito, utilizó las estimaciones hechas por la economista Pascualina Curcio quien calculó las pérdidas de la nación en 194 mil millones de dólares.

En el ámbito petrolero, se destacan los efectos de las medidas coercitivas y unilaterales establecidas por los Estados Unidos de Norteamérica, que redujeron en un 99%  los ingresos del Gobierno, por lo que el país debido a estas acciones, vive actualmente con el 1% de sus ingresos en relación a periodos y contextos pasados.

En el informe se referencia el señalamiento de Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas: “En enero de 2019, tras reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos aplicó más sanciones contra Pdvsa, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso al país un embargo económico total en agosto. Le dio al parlamentario el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses y sancionaron a los sectores del oro, minería, alimentos, criptomonedas y banca”.

En este aspecto la comisión resalta cómo el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por EEUU contra Venezuela generó un impacto de grandes dimensiones en la economía del país, en su desarrollo social y, sobre todo, en la imposibilidad del Estado de importar bienes de primera necesidad  como alimentos, medicinas e insumos para los servicios de salud.

También señalan que el impedimento para obtener divisas de manera regular dentro del mercado internacional, golpea el sistema productivo venezolano, afectando la generación y conservación de empleos, atentando directamente contra el derecho al trabajo y lesionando de manera indirecta otros derechos fundamentales del ser humano al no poder satisfacer sus necesidades de alimentación, salud educación y vivienda.

La comisión denuncia en su informe que los hechos que han contribuido de manera consecutiva al daño patrimonial de la Republica continúan en progreso y sigue en ejecución la flagrancia persistente de actos inconstitucionales.

Los parlamentarios exhortan a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República a tomar las medidas urgentes y necesarias para evitar  que se sigan cometiendo los actos de usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional y demás Poderes Públicos.

Actualmente la comisión especial se encuentra  haciendo uso de la prorroga que le otorgara la plenaria,   por 45 días, a fin de que concluya sus investigaciones, para lo cual han solicitado la comparecencia de 55 ciudadanos involucrados en los hechos irregulares, para conocer la verdad.

Finalmente piden que se hagan públicas las resultas de la presente investigación para que cada venezolano, en el país y en el mundo, conozca la verdad del porqué de la situación económico fiscal de la República, se identifique a los responsables y sean condenados.