Fortalecer la democracia y el diálogo nacional, son los dos grandes reto que tiene la nueva Asamblea Nacional.

Este 5 de enero se instala la nueva Asamblea Nacional (AN) con perspectivas hacia el fortalecimiento de la democracia y el rescate de la función legisladora a favor de los intereses del Estado, además está llamada a ser el gran foro de diálogo del país para alcanzar acuerdos a beneficio del pueblo, tal y como lo ha requerido el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Tras las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en las que las fuerzas chavistas integradas en el Gran Polo Patriótico (GPP) obtuvieron la mayoría de los curules, el Jefe de Estado resaltó que para este año se inicia un proceso de reconstrucción de la AN en el país para el período 2021-2026.

Frente al desacato renace la nueva AN

La directiva de la AN saliente condujo al parlamento al desacato y en sus cinco años de gestión (2016-2020), siendo mayoría parlamentaria, la oposición pidió sanciones y bloqueos al gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra el pueblo venezolano.

Los entonces diputados de la extrema derecha Juan Guaidó, autoproclamado “presidente interino”, Julio Borges y Henry Ramos Allup se aliaron con el gobierno de EEUU para forzar un cambio de Gobierno y afectar al pueblo.

Frente a ello, el pasado 6 de diciembre el pueblo eligió a los nuevos 277 diputados, entre revolucionarios y opositores, para renovar la AN, quienes proponen trabajar para resolver los problemas sociales y salir a la calle en cada estado del país a reencontrarse con la gente.

Los diputados que se instalarán este 5 de enero van al Parlamento con nuevos instrumentos propuestos de zonas económicas a favor del pueblo, legislar por un desarrollo económico integral, desde los emprendimientos, lo cual será la premisa, con miras a recuperar al país del bloqueo impuesto por EEUU y para ello, apuntalar la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y las Garantías de los Derechos Humanos.

Oposición desvirtuó función del Legislativo

El 5 de enero de 2016, la oposición venezolana colocó al frente de la presidencia del Poder Legislativo a Ramos Allup, del partido Acción Democrática (AD), quien en su primer discurso anunció la pretensión de la oposición de «sacar» al presidente constitucional Nicolás Maduro del Ejecutivo en un período de seis meses.

El 11 de enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia en la que consideró procedente el desacato por parte de la junta directiva de la AN, pero la asamblea desestimó la decisión.

En los cinco años que la oposición estuvo al frente del Parlamento dejó de lado los temas sociales y se enfocó en una agenda política conflictiva que destruyó la institucionalidad política, tal y como fue reiteradamente denunciado por distintos sectores y autoridades políticos.

Entre 2016-2017, la AN llamó al levantamiento militar, a la presión internacional y con orientación de EEUU instaron a organizaciones internacionales como la Oficinal de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michell Bachelet; a la Organización de Estados Americanos (OEA); a parlamentos latinoamericanos y a la Unión Europea (UE) a emitir pronunciamientos y a adoptar medidas contra el país para socavar los Poderes Públicos.

Por tal motivo, en 2017 el Jefe de Estado llamó al pueblo a elegir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para consolidar la paz y el orden constitucional, además realizó una nueva propuesta de diálogo, pero al tiempo que se realizaba el proceso en República Dominicana, la AN decretó «abandono del cargo» del mandatario nacional para intentar derrocarlo con el argumento de «traición» hacia los propósitos para los que fue elegido.