Gobiernos de la cuarta AD y Copei se saltaban la inmunidad parlamentaria, hoy la defienden para utilizarla como una licencia para delinquir
Como recordar es vivir, hoy queremos rememorar cómo los gobiernos de la cuarta república AD y Copei , ignoraban la inmunidad parlamentaria que hoy tanto defienden porque pretenden utilizarla como un pase libre para cometer actos delictivos y de corrupción.
En un reportaje realizado por Últimas Noticias sobre la inmunidad parlamentaria en la cuarta república, señalaban como en la primera etapa de vigencia de la Constitución de 1961 se debatió jurídica y políticamente la pertinencia del allanamiento de la inmunidad parlamentaria y del antejuicio de mérito para delitos de carácter militar, distintos de los comunes y los políticos.
De 1963 a 1976 se impuso la tesis, avalada por los partidos del establecimiento político AD y Copei, y la Corte Suprema de Justicia, de que en caso de imputación a parlamentarios por delitos militares no procedía ninguna de las dos instituciones.
Bajo este criterio, atribuido a David Morales Bello y a Arístides Calvani, se ordenó el enjuiciamiento, irrespetando el principio de inmunidad, de los diputados del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) por el asalto al tren de El Encanto (1963), y del senador Miguel Ángel Capriles (1971).
El ex magistrado y constitucionalista Humberto J. La Roche, en su libro Instituciones constitucionales del Estado venezolano, distingue otra etapa a partir de 1976 con el juicio militar a los diputados Salom Meza Espinoza y Fortunato Herrera, donde luego de un mes de estar presos resuelven allanarles la inmunidad.
Es decir, este precepto, consagrado en la Constitución de 1961, fue reiteradamente violentado, y varios episodios así lo demuestran.
1961: Teodoro Petkoff. El 14 de julio de 1961 el diario Últimas Noticias reseñaba que “los hechos ocurridos en Caracas han probado la participación directa del PCV en un complot encaminado a derrocar por la violencia al régimen de Betancourt”, y más adelante decía que “las pruebas acumuladas contra el congresante comunista Teodoro Petkoff han sido concluyentes”.
Esto fue antesala de lo que ocurrió el 2 de agosto, cuando la Comisión Delegada del parlamento acordó el allanamiento de la inmunidad de Petkoff y se debatió el del diputado del MIR Domingo Alberto Rangel, pero no se aprobó.
Acababa de caer Marcos Pérez Jiménez y el PCV, que había luchado en la clandestinidad contra la dictadura, fue excluido del pacto de gobernabilidad, mejor conocido como de Punto Fijo, suscrito por URD AD y Copei.
Es así como se inicia una ola de violencia y asonadas militares en las que se acusa al PCV y al MIR, una división de AD, de estar involucrados en estos hechos.
1962: Eloy Torres. El 7 de mayo de 1962 es apresado el diputado del PCV Eloy Torres por su presunta vinculación con El Carupanazo, golpe militar ocurrido tres días antes. El 10 de mayo el Congreso Nacional decide apoyar la “custodia” militar de Torres, sin el allanamiento de su inmunidad. Durante el debate, Guillermo García Ponce (PCV) respaldó públicamente el alzamiento, mientras Domingo Alberto Rangel (MIR) dijo que su partido “le declara la guerra al gobierno en cualquier terreno y con cualquier arma”.
1963: Otros nueve. El 30 de septiembre de 1963 los diarios reseñan con grandes titulares el asalto al tren de El Encanto. Según Últimas Noticias, 12 hombres y 13 mujeres armados atacan el ferrocarril con más de 200 turistas adentro. El saldo es cinco guardias nacionales muertos y cuatro civiles heridos. El PCV y el MIR emiten un comunicado donde se deslindan del hecho; sin embargo, son apresados el 2 de octubre más de 100 dirigentes “sin distingo de que sean parlamentarios o no”, expresó el entonces ministro del Interior Manuel Mantilla. Entre ellos los diputados Gustavo y Eduardo Machado, Jesús Farías, Guillermo García Ponce, Pompeyo Márquez, Jesús María Casal, Jesús Villavicencio, Domingo Alberto Rangel y Simón Sáez Mérida.
Se les acusa de “abuso sistemático de la inmunidad parlamentaria que colide abiertamente con los propósitos democráticos de la Constitución”, expresaba un decreto del Ejecutivo.
En principio pagaron arresto domiciliario, pero luego fueron pasados al Cuartel San Carlos, donde cumplirían condenas hasta por cinco años.
1971: Miguel Ángel Capriles. El 29 de octubre de 1971 el Tribunal Primero Militar de Caracas, a cargo del mayor Néstor Luis Morillo, ordena la detención del senador Miguel Ángel Capriles por publicar en el diario El Mundo, entonces de su propiedad, un informe confidencial de la FAN que revelaba acciones del ejército colombiano en la frontera con Venezuela. El 30, el titular de Últimas Noticias daba cuenta de la orden de aprehensión y destacaba: “Violada inmunidad parlamentaria”. Capriles huye y solicita asilo en la embajada de Nicaragua en Caracas, el cual le es concedido el 2 de noviembre. El 6 es “desterrado”, según nota del diario, primero a Panamá y luego a Nicaragua.
1976: Salom Meza y Fortunato Herrera. El 26 de agosto de 1976 la Corte Suprema de Justicia dictaminó el retiro del fuero parlamentario y el arresto domiciliario de los diputados Fortunato Herrera y Salom Meza Espinoza por su presunta vinculación con el secuestro del industrial estadounidense William Niehous. Los congresistas estaban detenidos desde julio y a solicitud del fiscal general, José Ramón Medina, se determinó que habían sido encarcelados sin cumplimiento de los artículos 143, 144 y 215 de la Constitución del 61, referidos a la inmunidad parlamentaria. En el auto la Corte comprobó la “omisión constitucional”.
En la prensa se registraban irregularidades del juicio que según opinadores intentaba “tapar” el asesinato del dirigente de la Liga Socialista Jorge Rodríguez, sometido a torturas por el caso del empresario de la Owens-Illinois.
1987: Hermócrates Castillo. El 5 de febrero de 1987 la prensa publicó la detención del diputado de Opina Hermócrates Castillo. En su carro se hallaron cinco kilos de cocaína y tres revólveres. Pocos días después le fue allanada la inmunidad parlamentaria por unanimidad. En junio de 1989 fue sentenciado a 29 años de prisión por narcotráfico.
Resulta interesante ver como los dirigentes políticos de los partidos de la cuarta AD y Copei, hoy hacen escándalo ante la posibilidad de perder su inmunidad parlamentaria, inmunidad que ellos mismos tantas veces violaron en el pasado, y que hoy utilizan como una licencia para delinquir.
Redacción Lechuguinos