Según el portal Tal Cual, empresarios gringos presionan a Biden para que flexibilice sanciones contra Venezuela.

Sectores empresariales estarían presionando al gobierno del presidente Joe Biden para que flexibilice el esquema de medidas coercitivas unilaterales que impusieron sus predecesores Donald Trump y Barack Obama sobre Venezuela en el último lustro.

Según se asegura en un trabajo periodístico publicado por el medio venezolano Tal Cual, las sanciones han perjudicado sensiblemente la relación comercial entre Venezuela y los Estados Unidos, que está en su punto más bajo en siete décadas.

«Con tanto tiempo de restricciones, las empresas estadounidenses que mantenían relaciones con Venezuela han recibido el impacto, incluso aunque no tienen un nexo con el chavismo. Sus negocios se han visto afectados y empiezan a presionar para un cambio en las políticas que se implementan desde la Casa Blanca» para presionar al gobierno de Venezuela, se destaca en la investigación periodística.

A juicio de los expertos, el exhorto de la Cámara de Comercio de Estados Unidos de mediados de septiembre en el que se solicita a Biden modificar la política de sanciones contra Caracas debido a su falta de eficacia y el anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del pasado 18 de octubre, en el que se indica que habrá modificaciones en el esquema de sanciones, son signos claros de que el Ejecutivo estadounidense se ha visto forzado a reconsiderar su posición.

Aunque es cierto que al menos desde los últimos 20 años las relaciones entre Caracas y Washington han sido tensas, las diferencias políticas entre el expresidente Hugo Chávez y sus pares George W. Bush y Barack Hussein Obama no impidieron que Venezuela siguiera siendo un proveedor de petróleo confiable para Estados Unidos.

Incluso, según cifras del departamento de Comercio de los Estados Unidos citadas por Tal Cual, las exportaciones –principalmente de petróleo y derivados– crecieron 55,8% entre 2000 y 2006, pasando de 18.648 millones de dólares a 29.070 millones de dólares.

En el mismo período, las importaciones de Venezuela desde Estados Unidos subieron 15%, lo que en términos absolutos implicó transas entre 5.552 millones de dólares y 6.405 millones de dólares.

Sin embargo, en 2013, la política estadounidense hacia su socio comercial suramericano se transformó con el deceso del presidente Chávez y el arribo de Nicolás Maduro a la primera magistratura.

Apenas un par de años más tarde, Obama decretó a Venezuela como «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos» y con base en ese cuestionable alegato, comenzaron las sanciones.

Si bien inicialmente las medidas coercitivas unilaterales abarcaban a individuos y a la usanza estadounidense, se impusieron básicamente a personeros gubernamentales y aludían a supuestas –no necesariamente comprobadas– posesiones y haberes en territorio estadounidense, «posteriormente se extendieron a industrias enteras o incluso al sistema económico nacional», admite Tal Cual.

Así las cosas, ya en tiempos de Trump, aunque las sanciones repercutieron en las relaciones comerciales bilaterales, al menos inicialmente, el impacto del lado estadounidense fue relativamente bajo debido al incremento en la producción interna de crudo, pero Venezuela no corrió con la misma suerte, porque no solo no pudo exportar su petróleo a los Estados Unidos, sino que prácticamente se vio impedido de comerciarlo en cualquier mercado.

A despecho de la Casa Blanca, esta escalada de sanciones no produjo el efecto deseado, pues a pesar de la política de estrangulamiento contra el país, Maduro no cedió ante las presiones estadounidenses y se embarcó en fortalecer una política de ampliación de relaciones comerciales con otros países sancionados como Rusia, China, Irán o Bielorrusia, que existía desde el gobierno de Chávez.

De este modo, Tal Cual reconoce que «más allá del peso político que representa para Maduro no lograr acceder a su captación masiva de divisas y de las consecuencias macroeconómicas para Venezuela, hay toda una estructura empresarial perjudicada por las decisiones políticas de los representantes de ambos países que repercute en sus negocios por primera vez en la historia de relación bilateral».