Con el fin de atender las innumerables denuncias sobre violencia y desapariciones forzosas ONU examinará al gobierno de Duque.
El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por su sigla en inglés) en una audiencia virtual desde Ginebra (Suiza) examinará a Colombia el 19 y 20 de abril por en la cual el organismo de la ONU revisará un informe del Estado colombiano y escuchará denuncias de diferentes organizaciones sociales.
La comparecencia es la segunda a la que asiste Colombia como uno de los 52 estados que han ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, luego de que en octubre de 2016 una comisión del país viajó a Ginebra para presentar su informe y, posteriormente, conocer las observaciones finales del organismo.
Sin embargo, a juicio de las víctimas, de esa fecha para acá es poco lo que ha hecho el Estado para reducir esos delitos que, por el contrario, se han incrementado de manera significativa.
«La gran conclusión a la que hemos llegado en este tiempo es que el Estado no ha acatado las recomendaciones que se le hicieron en 2016, año en el cual sugerimos avanzar en las investigaciones para que no haya impunidad», dice a Sputnik Adriana Arboleda, portavoz de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Examinarán a Colombia por exceso de denuncias
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y el primer semestre de 2020, el conflicto armado dejó en total 80.582 personas desaparecidas de manera forzada en Colombia, de las cuales el 85% son hombres, el 11,5% son mujeres y del 3,5% restante no se tiene información sobre su sexo.
Sin embargo, la situación ya también afecta a extranjeros de diferentes nacionalidades, lo que ha encendido las alertas del Movice y de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, que reúne a varias organizaciones sociales.
«En los últimos dos años se registraron 376 casos de extranjeros (de los cuales 216 son venezolanos) que han sido víctimas de desaparición forzada en Colombia, por lo que en el informe que expondremos ante el Comité insistimos en que se debe prestar especial atención a la situación de las fronteras», sostiene Arboleda.
De acuerdo con las investigaciones allegadas por las organizaciones, los venezolanos no son los únicos afectados, sino también haitianos, cubanos e incluso africanos que hacen tránsito ilegal por Colombia para llegar a otros países, pero que desaparecen en departamentos como Norte de Santander (nordeste, fronterizo con Venezuela), Nariño (suroeste, fronterizo con Ecuador) y Antioquia (noroeste).
«Esas son zonas controladas por estructuras paramilitares y en las cuales el Gobierno no tiene ninguna medida de prevención, además de que no investiga los casos, por lo cual no hay siquiera cifras precisas de los afectados», agrega Arboleda.
Delegados del Movice, entre quienes se encuentra Arboleda, se reunieron el viernes 16 con delegados de Comité de la ONU con el fin de hacerles una serie de recomendaciones para tener en cuenta durante las audiencias y que se dicten observaciones para que Colombia atienda de manera oportuna la situación, ya que, según señala, «en todos esos casos hay una responsabilidad del Estado por acción directa o por omisión».
Como si se tratara de un virus, el delito de desaparición forzada en Colombia ha mutado con las décadas, pasando de afectar a líderes sociales, defensores de derechos humanos y líderes políticos en los años 80 y 90 a impactar a diferentes grupos poblacionales desde el año 2000.
Los perpetradores también han cambiado con el tiempo, y pasaron de ser agentes estatales que actuaban por su cuenta o en connivencia con grupos ilegales a involucrar estructuras delincuenciales vinculadas con el narcotráfico que actúan por su cuenta.
Preguntada sobre la participación que tienen en ese delito la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Arboleda señala que sólo tienen dos casos documentados cometidos por esa organización.
Sin embargo, lo anterior no significa que el ELN no cometa desaparición forzada, sólo que la forma en que se documenta el delito en Colombia difiere de lo establecido en la Convención de la ONU y en el Estatuto de Roma (constitutivo de la Corte Penal Internacional).
En otras palabras, mientras el Código Penal colombiano señala que la desaparición forzada puede ser cometida por cualquier particular, esa Convención y dicho Estatuto tipifican el delito como aquel que es cometido por agentes estatales o particulares que actúan con su aquiescencia.
Las organizaciones sociales se basan justamente en esos principios internacionales, de ahí que sus informes siempre den cuenta del accionar de los paramilitares —vinculados de tiempo atrás con algunos gobiernos— y no de las guerrillas.
Última comparecencia
Sputnik contactó con la Cancillería de Colombia, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para conocer el informe que el Estado presentará ante la CED, pero no obtuvo respuesta de ninguno de esos organismos.
La última vez que Colombia compareció ante la CED fue el 6 de octubre de 2016. En aquel entonces hizo referencia a los retos existentes respecto de la depuración y consolidación de los sistema de información para contar con información precisa sobre el total de víctimas de desaparición, así como en la investigación y sanción de los responsables de este delito.
De hecho, la entonces embajadora de la Misión Permanente de Colombia ante la ONU, Beatriz Londoño, dijo que «la búsqueda de una salida negociada para la terminación del conflicto armado es la mejor garantía para prevenir y luchar contra ese flagelo y, en particular, asegurar el derecho de las víctimas y sus familiares».
Un mes después, el 24 de noviembre de 2016, el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC firmaron el Acuerdo Final de Paz, pero desde entonces, como lo señala el Movice, las desapariciones forzadas en vez de rebajar fueron en aumento.
Ahora la CED de la ONU buscará conocer por parte de Colombia «la armonización» que ha hecho de su legislación interna con la Convención Internacional referida a desapariciones forzadas, así como los mecanismos de búsqueda, investigación y reparación para las víctimas del flagelo.
Es claro que debido al impacto del delito en el país el Estado colombiano no la tendrá fácil ante la CED, como tampoco será sencillo para los delegados de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada obtener sus pretensiones, pues aunque Colombia suscribió la Convención no acata aún la competencia de la propia CED, por lo que al final las observaciones que haga el organismo no dejarán de ser más que eso, recomendaciones.
«Dada la persistencia de las desapariciones forzadas es fundamental que Colombia acepte esa competencia del Comité, para que éste pueda ayudar en los temas de búsqueda y en las acciones urgentes para atender la situación de los casos que se denuncien. Esa aceptación es la pelea que estamos dispuestos a dar en las audiencias», concluye Arboleda.
Redacción Sputnik
