La Corte Internacional juzgará al Estado colombiano por las masacres y la persecución política en ese país.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, una corte de opinión, el cual ha juzgado las dictaduras en América Latina y otras violaciones a los derechos humanos en distintas partes del mundo, sesiona este viernes en Colombia, donde estudiará alrededor de 40 casos de grupos sociales y políticos víctimas de persecución y exterminio por parte del Estado colombiano.

Esa instancia, con sede en Roma, Italia, estudiará durante dos días unos 40 casos centrados en hechos violentos hacia grupos sociales y políticos como asesinatos selectivos, desplazamientos forzosos y persecución política. Todo ello a partir de una iniciativa judicial del expediente conformado para la ocasión por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el cual reúne a cientos de organizaciones sociales encargadas durante meses de documentar los argumentos sobre los referidos casos.

Los casos que serán presentados ante el tribunal pueden agruparse en tres grandes grupos. Primero, los casos de movimientos y partidos políticos víctimas de persecución y exterminio, entre los los cuales se encuentran el Movimiento Gaitanista, el Partido Comunista Colombiano y la Juventud Comunista, la Unión Nacional de Oposición, el movimiento A Luchar, el Frente Popular, la Unión Patriótica.

Asimismo, la situación actual de los excombatientes de las Farc, que ya va en 259 asesinatos y que será presentada por la exguerrillera Victoria Sandino.

Entretanto, en un segundo grupo está el sector sindical, con los casos de la Central Unitaria de Trabajadores, la Unión Sindical Obrera, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, el Coordinador Nacional Agrario, el Movimiento Estudiantil y la Organización Campesina en Carmen y San Vicente de Chucurí (Santander), Cajibío (Cauca) y Casanare.

Según la Escuela Nacional Sindical, desde 1971 hasta el 18 de julio de 2020 hubo 15.245 actos de violencia contra el movimiento sindical en Colombia. Las amenazas fueron las principales victimizaciones, con 7.492 casos, luego de homicidios, con 3.270 y el desplazamiento forzado con 1.952 casos, algunos de ellos incluyeron el exilio.

El tercer grupo lo conforman una serie de casos históricos, como las masacres de las Bananeras y Santa Bárbara, las Repúblicas Independientes, el caso de Villarrica (Tolima), entre otros.

Soraya Gutiérrez, vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y vocera de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) expresó sobre el objetivo de la acción: «se pretende demostrar a partir de cinco elementos la existencia de una práctica genocida: había una identidad común al grupo, tenía un carácter regional o nacional, tenía una plataforma política, hubo un proceso de exterminio con distintas formas: asesinatos, masacres, desapariciones o encarcelamientos, ello debilitó procesos organizativos y hubo beneficiarios de ello».

El Estado colombiano ha sido señalado en más de una ocasión como responsable de la ola de violencia que vive el país suramericano hace décadas, unas veces de manera directa como en el llamado genocidio de la Unión Patriótica o los falsos positivos, otras por la falta de políticas efectivas contra esos y otros actos.

En las sesiones participarán 13 jueces, entre los que destacan el francés Michel Fosrst, la italiana Luciana Castellina, la nicaragüense Lottie Cunningham, la presidenta de la Fundación Frantz Fanon, Mireille Fanon, y el sacerdote mexicano Raúl Vera.

La víspera casi una veintena de congresistas colombianos enviaron una misiva al presidente Iván Duque y otras autoridades de su Gobierno para que consideren la participación activa del Estado en el proceso, y así compartir la verdad con las víctimas sus familiares y comunidades afectadas.

Al concluir las sesiones, el TPP emitirá una sentencia que se presenta de manera formal ante las comisiones de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ante la Unión Europea y ante la Corte Penal Internacional para promover un debate internacional sobre los hallazgos.

Según su secretario general, ese veredicto pertenece a los movimientos que convocaron el juicio: «Significa darles a los movimientos con el respaldo del tribunal una legitimidad más allá de ser solamente minorías que dicen algo».