Juan Guaidó y su grupo criminal que se hacen llamar diputados, sin rango constitucional ni vigencia, aprobaron el martes 8 de febrero, la extensión de un ilegal contrato de agencias de servicios financieros suscrito entre el llamado gobierno ficticio, por medio de una fulana Comisión de Administración del Gasto, y una empresa financiera norteamericana con el objetivo de ejecutar los 80 millones de dólares del fondo especial de emergencia y terminar de raspar la olla.

En un nuevo show que Guaidó llama sesión, a través de una conexión vía Zoom y con la participación de criminales exdiputados afines al bobolongo, se convino un informe que prorroga el contrato de “Agencia de Servicios Financieros” del 31 de diciembre de 2020 (fecha prevista inicialmente) hasta el 31 de marzo de 2021. 

Esta acción permite que la financiera norteamericana siga ejerciendo como agente de desembolso entre la junta paralela del Banco Central de Venezuela (BCV), que prestó los 80 millones de dólares para el Fondo de Liberación Nacional, y el gobierno de Narnia de Juan Guaidó, del que todavía el país desconoce su uso y ejecución en medio de denuncias por corrupción.

También se establece que dicho contrato será por la cantidad de 125.000 dólares mensuales, siendo establecido el pago de 90.000 dólares para los servicios prestados por la empresa BRV Administration Co. LLC y 35.000 para los servicios prestados por la empresa BRV Disbursement Co.LLC.

Contrato y Montos

Igualmente señalan que todas las disputas que surjan o se relacionen con el contrato serán dirimidas por un panel de tres árbitros. El lugar del arbitraje será la ciudad la ciudad de Nueva York y el idioma el inglés.

BRV Administration es una sociedad de responsabilidad financiera limitada en Delaware, según un reportaje de la misma página opositora Efecto Cocuyo se indicó que un registro de empresas en Delaware muestra que estas compañías fueron creadas el 21 de mayo de 2020, un mes y medio antes de que el gobierno interino aprobara su contratación.

Además las firmas no tienen el aval de ‘buena reputación’ que concede la División de Corporaciones de Delaware a empresas que han cumplido con todas sus obligaciones formales y que no están bajo ninguna sanción.

El Consejo de Administración del Gasto aseguró que los costos de los servicios para administrar el Fondo fueron “$1.250.000,00 la administración, $175.000,00 la distribución y $681.000 la auditoría”.