Y es que el procurador de Guaidó es tremendo pillo, ahora se demostró que representa a petroleras que cometieron fraude comercial contra Pdvsa.

Documentos judiciales de Estados Unidos, a los que LaTabla tuvo acceso, confirman que el «seudoprocurador» José Ignacio Hernández González, designado por Juan Guaidó, actuó como experto de la defensa de varias empresas de combustibles involucradas en un prolongado fraude comercial contra Pdvsa.

Éste fraude, develado en marzo del año pasado, pudo causar pérdidas por montos de entre 5 mil y 13 mil millones de dólares desde el año 2004, según los datos de una demanda civil en el Sur del estado de Florida y otra penal en Ginebra.

La historia del fraude volvió a la agenda pública en la última semana por un polémico artículo publicado por el portal PanAmPost, que apunta fundamentalmente a la supuesta relación de la empresa Helsinge (organizadora del desfalco) con el partido Acción Democrática, así como con su máximo líder, Henry Ramos Allup. Sin embargo, los hechos alcanzan a muchos otros actores, tanto individuales como corporativos.

Esta es la tercera vez que Hernández González aparece actuando como «experto», avalando las solicitudes en contra de la República.

Previamente se conocieron los casos, no menos graves de Crystallex y Owen Illinois, en los que actuó en las acciones que procuraban cuantiosas indemnizaciones contra Venezuela por expropiaciones calificadas como ilegales.

En esta oportunidad el jurista aparece ofreciendo su testimonio que sirvió a la juez Alice Otazo-Reyes para decidir que para la legislación venezolana la figura del fideicomiso era ilegal. Si bien el dictamen se divulgó a principios de marzo de 2019 (cuando Hernández ya era «procurador», el informe fue presentado en agosto de 2018.

Vale detallar que a través de la empresa Helsinge Inc, fundada en 2004 en Panamá por el extrabajador de Pdvsa Leonardo Baquero (despedido en el sabotaje de 2002 y 2003) y el broker Francisco Morillo, se organizó una gigantesca trama de corrupción con pérdidas millonarias para la estatal petrolera.

El mecanismo consistió en manipular precios, amañar licitaciones y eliminar a la competencia, así como robar información altamente confidencial, para lo cual «clonaron» los servidores de Pdvsa con un servidor espejo instalado en la sede de Helsinge en Miami.

De esta manera se favoreció un grupo de empresas poderosas (42 según la investigación) comercializadoras de crudo y combustibles, vinculadas a grandes corporaciones mundiales que tuvieron acceso a información confidencial (en perjuicio de otras empresas pequeñas), lo que les permitió ganar licitaciones en procesos de compra de petróleo y venta de derivados, y además atentar contra el patrimonio de Pdvsa.

Todo este robo de información lo logró Helsinge con la colaboración del experto informático y trabajador de Pdvsa, Luis Liendo, quien proporcionó acceso remoto a las órdenes de compra y venta y ofertas que presentaba la vicepresidencia de Comercialización y Suministros de Pdvsa.

Tras descubrirse la trama de corrupción, el Estado demandó a las 42 empresas, entre las cuales están Lukoil Petroleum LTD, Glencore Ltd, Vitol SA y Trafigura AG y Colonial Oil Industries.

Con ese fin se creó en 2017 el fideicomiso Pdvsa US Litigation Trust, con la autorización del ministro de Petróleo de entonces, Nelson Martínez y el aval del procurador Reinaldo Muñoz Pedroza, y la participación operativa de la firma de abogados estadounidenses Boies Schiller Flexner.

La acción judicial, presentada en el Tribunal de Distrito del Sur de la Florida, derivó en una moción por parte de las empresas para descalificar el fideicomiso que fue encomendada para su resolución a la juez Alicia Otazo-Reyes.

Por su parte la oposición venezolana encomendó a los abogados Carlos Ramírez López y Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de la República y quien se encuentra prófuga de la justicia, acudir a la Corte Federal del Distrito Sur del estado de la Florida a fin de impugnar la legitimidad de la actuación del procurador Reinaldo Muñoz Pedroza.

El argumento esgrimido fue que había un nuevo gobierno en Venezuela y que el gobierno de los Estados Unidos reconocía era al nuevo procurador, es decir a José Ignacio González Hernández.

Previamente, aunque en el mismo contexto político surgió la decisión de la Asamblea Nacional que, bajo la presidencia de Omar Barboza, en abril de 2018 calificó como inconstitucional el fideicomiso y prácticamente abrió las puertas para que la administración de justicia estadounidense desconociera cualquier actuación del verdadero procurador venezolano.

Con esto se buscaba que no fuese aceptada la validez del fideicomiso Pdvsa US Litigation Trust, lo que estaba en correspondencia con los intereses y el deseo de las empresas demandadas por el fraude en perjuicio del estado venezolano.

Es bueno recordar que el abogado Hernández González, estrechamente vinculado con el equipo de Ricardo Hausmann y con empresas Polar, forma (o formó) parte del bufete Grau, García, Hernández & Mónaco que hace algunos años defendió a Empresas Polar en una investigación de Cadivi debido al uso de documentos falsos o forjados para tramitar divisas y liquidar importaciones, otro fraude más.

Es decir, una persona que se supone que fue designado en ese cargo (así sea ilegal) para defender los intereses de la República, resulta que tiene un historial que siempre lo ubica del lado de la contraparte.

En este caso, la decisión de la juez Otazo-Reyes (publicada en marzo de 2019) se basó en los argumentos expuestos en su informe por el profesor Hernández González, quien es identificado como «experto legal de Venezuela.»

En el dictamen de la juez Otazo-Reyes también se hace referencia al conocido argumento de Hernández que considera a PDVSA cómo un simple instrumento del Estado. Éste argumento fue el que permitió acciones de embargo por parte Crystallex y, eventualmente, de Owen Illinois.

Y también se hizo público un extracto fotografico de la transcripción de la comparecencia de Hernández en el tribunal. El representante de la corte presenta a José Ignacio Hernández al abogado del fideicomiso, David Boies y lo describe como experto en derecho de Venezuela, particularmente derecho de constitucional, administrativo y mercantil y en regulación petrolera venezolana para ver si no tenía ninguna objeción.

Tras eso otro abogado de apellido Lennon, a través de una pregunta, dejó constancia qué el experto se encontraba en el litigio requerido por compañías como Lukoil, Colonial, Glencore, Vitol y Trafigura entre otras.

Otra vez del lado del «enemigo»…

Redacción Lechuguinos-La Tabla