El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este jueves que un Tribunal Inglés ordenó celebrar el próximo 22 de junio una audiencia para decidir sobre la demandan interpuesta por Caracas contra el Banco de Inglaterra, luego de que esta entidad financiera se negara a devolverle al país 31 toneladas de oro en custodia.
«Nuestra lucha continúa para devolver el oro venezolano (…) Esperamos obtener justicia, para salvar vidas venezolanas durante esta pandemia», se indicó desde el ente emisor en sus redes sociales.
El Gobierno venezolano busca destinar, a través de las Naciones Unidas, una parte de este oro retenido en el Banco de Inglaterra, valorado en más de 1.000 millones de dólares, para comprar medicinas, alimentos y equipos médicos que le permitan enfrentar la pandemia de coronavirus.
«Acordamos con el Programa de Naciones Unidas (PNUD) que recibieran ellos los fondos directamente. No es mi palabra, no es que estoy diciendo que yo voy a comprar alimentos, medicinas y equipos médicos. Son las Naciones Unidas quienes lo están diciendo y ellos no se van a prestar a nada oscuro, que no sea neutral, independiente», explicó el presidente del BCV, Calixto Ortega, un día antes.
Dos años de gestiones
Desde octubre de 2018, Venezuela trata de retirar sus lingotes del Banco de Inglaterra. En ese entonces, el país sudamericano guardaba 14 toneladas de oro en la institución británica y ahora las reservas ascienden a 31 toneladas.
No obstante, Reino Unido no reconoce el mandato de Nicolás Maduro, sino al diputado opositor Juan Guaidó, quien en enero de 2019 se autoproclamó «presidente encargado». Por este motivo, se niegan a entregar los recursos al Estado venezolano.
El propio Guaidó solicitó en 2019 a la entonces primera ministra de Reino Unido, Theresa May, que retuviera esas reservas de oro, porque, según él, la repatriación a Venezuela de esos activos sería una «transacción ilegítima».
Entre tanto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el presidente Nicolás Maduro solicitó llevar al Banco de Inglaterra ante la Corte Penal Internacional (CPI) por cometer «delitos de exterminio» y «lesa humanidad», tipificados en el Estatuto de Roma.
