Hijastra de Luisa Ortega tiene su propia empresa en paraísos fiscales
Hijastra de la Fiscal General de la República, la abogada y administradora Geraly Ferrer Brito, hija y socia de Germán Ferrer, esposo de Luisa Ortega Díaz, es la apoderada general (poder amplio y general) de una compañía inscrita en Panamá en enero de 2016.
Se trata de la compañía denominada Mipadisma Corporatión, la cual fue protocolizada el 7 de enero de 2016 ante la Notaría Primera del Circuito de Panamá, según consta en la escritura 301.
La constitución y legalización de la sociedad estuvo a cargo del escritorio de abogados Arias, Fabrega & Fábrega, que colocó como representantes o directivos de la misma a tres personas que se dedican a prestar sus nombres para la conformación de compañías.
Esto es demostrable cuando se observa que una misma persona aparece como directivo de centenares y hasta miles de firmas mercantiles. En el caso de Mipadisma Corporatión, su presidente es Boris Javier Avila Muñoz, quien figura como directivo de 1842 empresas panameñas, su secretaria es Brenda González de Saavedra, directiva de 379, y Feliciano Ortiz, tesorero, quien también es dignatario en otras 1879 firmas.
Tras su constitución, la directiva formal de la firma acordó el 19 de febrero de 2016 otorgar un poder amplio y general a la abogada venezolana Geraly Cecilia Ferrer Brito, el cual la faculta incluso para conferir y otorgar poderes con las mismas características del recibido.
Este mecanismo es muy eficiente y permite ocultar las verdaderas conexiones de la firma constituida, pues el nombre del apoderado no aparece en las bases de datos empresariales que habitualmente se utilizan en labores de inteligencia de negocios. Para develar los nexos sería necesario tener acceso al documento de poder otorgado
En este caso el poder quedó legalizado con la escritura 3217 del 22 de febrero de 2016, en la misma Notaría Primera.
Ferrer Brito, además de ser hija de German Ferrer, es su socia en la compañía venezolana Publicidad y Promociones Iga Presente, domiciliada en Caracas y constituida en mayo de 2014 y tiene como accionistas a Ferrer y a su hija, cada uno con una participación societal del 50 por ciento, según los datos del Registro Nacional de Contratistas.
Cabe destacar que la constitución de compañías en Panamá no constituye delito, por lo que el uso de un mecanismo que tiende a resguardar los verdaderos intereses tras una estructura mercantil, puede indicar que se está ante una posible situación irregular.
Asimismo destaca el hecho de que la firma de Panamá no muestra registro de ninguna operación comercial habitual como ventas, compras o contrataciones de bienes y servicios.
Redacción Lechuguinos
